Depuración fallida cuesta millones

Entre 2008 y 2010, en el resto del país se presumió como modelo de éxito el caso Tijuana, uno de los aspectos que destacaban era que se trataba de prácticamente el único municipio donde sí se estaba haciendo trabajo para depurar las corporaciones. Efectivamente, en ese periodo quedaron fuera muchos de los agentes de quienes sus jefes sospechaban estaban inmiscuidos en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, más de 400; sin embargo, la autoridad no hizo su trabajo conforme a derecho y ahora serán los impuestos ciudadanos los que paguen por esas ineficiencias Según ha determinado el Tribunal Contencioso, en decenas y decenas de casos, la autoridad no siguió todos los pasos para remover a los policías de Tijuana que fueron detenidos. “Que a Jacobo y a Nieves Reta les tocan entre 5 y 8 millones de pesos”, es la versión que circula entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. “Ahorita, Jesús Jacobo Aguirre (liberado en octubre de 2013) anda como en 3 millones y medio, pero el proceso aún no concluye. Y en cuanto a Juan Manuel Nieves Reta (liberado el 27 de marzo de 2015), no sabemos si inició algún procedimiento, a la Consejería Jurídica  no ha llegado a nada. Pero si procede y es favorecido, le corresponderá una cantidad considerable”, aclaró el titular del área,  licenciado Gerardo Herrera Zavala. Tanto Aguirre como Nieves se desempeñaban como jefes de Policía en Tijuana. En 2008  fueron detenidos por estar presuntamente coludidos con narcotraficantes del Cártel Arellano Félix (CAF); se les liberó casi siete años después.  Jacobo fue capturado y liberado en dos ocasiones,  primero siendo delegado policiaco en La Mesa fue detenido en abril de 2002 y después como responsable del campo de tiro en noviembre de 2008. En esa misma fecha fueron arrestados los jefes  Nieves Reta, Sergio Tejeda Martínez y  Rigoberto Rodríguez, todos liberados entre 2013 y 2015. En ese grupo iban 14 policías que ya fueron liberados e iniciaron sus procedimientos contra el Ayuntamiento de Tijuana. Otros dos jefes policiacos, Gilberto Fimbres y el compadre del narcotraficante Jorge Briseño “El Cholo”, Javier Cárdenas Salgado, siguen en prisión.  Si todos estos agentes liberados ganan su proceso, el Ayuntamiento deberá desembolsar por lo menos y con corte al día de hoy,  20 millones de pesos. “Un policía que gana 14 mil pesos al mes, en este tipo de procedimientos se puede llevar un promedio de medio millón de pesos, pero si pelea y alarga el tiempo del proceso, se lleva más y casi siempre lo extienden”, explicó un abogado de la Consejería Jurídica. Todos habían sido señalados de recibir dinero y hacer labores como policías y como delincuentes  para el CAF. Los declarantes en su contra fueron criminales que se acogieron al sistema de resguardo de la Procuraduría General de la República, convertidos en testigos protegidos. Los acusadores son: Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, identificado en el expediente como “Guadalupe”; Pedro Ignacio Zazueta “El Pit”, a quien llamaron “Angélica”; y Marcos Assemat Hernández, registrado como “Fernando”. Después de varios años, los juzgadores consideraron que las declaraciones de los narcotraficantes detenidos y protegidos eran insuficientes  y que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no había aportado los elementos de circunstancia, tiempo, modo y lugar requeridos; y que desde el inicio, la detención de había hecho mal porque no se acreditó la delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud   Al pueblo le toca pagar millones   Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, explicó que en todos los casos de policías removidos antes de 2010 se realizó el procedimiento de remoción. “Hicimos 400 en total”, recalcó el ex consejero jurídico Raúl Corona Sesma, a quien correspondieron estos trámites. Según Herrera, en aquel tiempo completar el proceso era responsabilidad de la Sindicatura -a cargo de Héctor Magaña Mosqueda- porque no existía la actual figura de la Comisión del Servicio Profesional de carrera de la Policía. Ahora, conforme a las determinaciones en los juicios de amparo o nulidad que los policías liberados han promovido ente el Tribunal Contencioso, en todos los casos, se violentó el proceso. Y detalló que al remover a estos policías que se llevaron presos, por faltas o pérdida de confianza, se incurrió en lo siguiente: 1.- No se les dio garantía de audiencia, estaban internos en otro Estado. 2.- No fueron a citar o a declarar a los penales donde los habían apresado. 3.- No los notificaron conforme al protocolo.     “Como al final, por las razones que fueran -no voy a juzgar- resultaron inimputables, ellos alegaron ante el Tribunal Contencioso que su despido fue además de injustificado, violatorio a proceso, entonces el Tribunal nos sentencia a pagarles los salarios caídos, porque no fueron removidos correctamente”, aclaró el funcionario. El siguiente problema se presenta cuando, además de la indemnización, los ex agentes exigen la reinstalación: “Acto para el que saben, estamos impedidos”. El Artículo 123 apartado C fracción XIII de la Constitución instruye que si la autoridad resuelve que la remoción fue injustificada, “… el Estado solo está obligado a  pagar indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación”. Pese a la prohibición constitucional, el Tribunal les admite al proceso. “Finalmente no nos pueden ordenar reinstalar, pero mientras pasa el tiempo, el monto de la indemnización sigue creciendo”, reconoció Herrera, “y ese proceso pueden llevar dos o tres años”. ZETA planteó al entrevistado que el consejero jurídico de 2008 a 2010 informó a este Semanario que en aquel momento se hicieron los procedimientos y se determinaron las indemnizaciones cubriendo todos los derechos con corte hasta el último día que habían trabajado, a lo que agregó: “Sí, pero no lo cobraron, no lo aceptaron, por eso el proceso continuó”.   Sindicatura, responsable pero intocable   — En aquel momento, ¿a quién le correspondía notificar, dar la garantía de audiencia y declarar a los policías detenidos? “A la Sindicatura”. — Entonces ¿por qué no le fincan responsabilidad al ex síndico por el daño patrimonial que está causando? “Con la Sindicatura es muy difícil, ellos son los encargados de sancionar, así que la única manera posible de sancionarlos es a través del órgano Superior de Fiscalización del Congreso y por medio de un juicio político” explicaron en la Consejería Jurídica. Se les preguntó si no debía ser el ex síndico Magaña quien debía responder por el daño, y después el Ayuntamiento como deudor solidario. “Eso funciona en la Iniciativa Privada, aquí el gobierno es uno solo, y es el Ayuntamiento quien debe responder”, finalizó Herrera Zavala.    Los 25 de Nayarit   Otro caso similar es el de los agentes detenidos entre el 21 y 27 de marzo de 2009: Artemio Duarte Martínez, Blanca Berenice Huizar Munguía, Carlos Cervantes Álvarez, Gerardo Garduño Escobar, Jaime Berúmen Borrallo, Jaime Alberto Ávila Flores, Jorge Sánchez Reyes, Jorge Ernesto Pérez Avendaño, José Alberto Castillo Ortiz, José Alfredo Cuevas Híguera, José Carlos Ávalos Luis, Luis Alberto Toledo Coello, Manuel Guerrero Flores, Manuel Adelmo Olivas Coss, Miguel Ángel Mesinas López, Maximino García Luna, Omar Medina Ricardo, Raúl Delgado Rivera, René Huante Mondragón, Roberto Zaragoza Martínez, Rodolfo Ismael Nava, Rolando Saldaña Chacón, Salvador Bolaños Sánchez, Samuel Alonso Ureña Varo, Víctor Manuel González Méndez. En boletín de prensa emitido el 8 de mayo de 2009, la PGR informó respecto a esta detención: “Derivado de las pruebas jurídicas aportadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez Quinto de Distrito en el Estado Baja California libró orden de aprehensión por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento”. El mismo texto que en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/717/09, las declaraciones rendidas y los elementos probatorios determinaban que los oficiales estaban relacionados “… con la organización criminal de Teodoro García Simental alias ‘El Teo’, que opera en la ciudad de Tijuana”. Al ser liberados, este grupo tuvo una reunión con autoridades municipales y les ofrecieron una cantidad de indemnización, tres aceptaron y se fueron, los otros 22 exigieron ser reinstalados y  su proceso continua mientras acumulan cientos de miles de pesos a su indemnización. Actualmente el monto que se les adeuda, fluctúa entre 500 mil y 800 mil pesos, dependiendo del sueldo que el oficial tenía al ser detenido. Solo a este grupo se le deben más de 15 millones de pesos   Otros 40 liberados   Un caso más que incluyó indemnizaciones, algunas todavía en proceso, fue el de los uniformados detenidos el 29 de julio de 2010. En total fueron 62 agentes del orden, 16 eran ministeriales y 46, policías municipales de Tijuana. Conforme a información proporcionada por la autoridades, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó armar este expediente desde diciembre de 2008, tenía declaraciones de los ex policías Luis Carrillo Osorio, Luis Gilberto Sánchez Guerrero; y de los criminales Edgar Zúñiga “El Mono”, Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón” y Raydel López Uriarte “El Muletas”. Las órdenes de aprehensión por “delincuencia organizada” las obtuvo la SEIDO el 15 de abril de 2010, y las ejecutó el 29 de julio de 2010. El 90 por ciento de los detenidos obtuvo su libertad en marzo de 2011, cuando un juez detectó una irregularidad cometida por el Ministerio Público federal. La SEIDO presentó el expediente en contra de los policías para solicitar las órdenes de aprehensión al Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales en Nayarit, entidad que se las negó en 2010 por falta de elementos, porque solo contenía los señalamientos de los narcotraficantes, sin otros elementos de prueba. Después, sin cambiar más que el orden de los nombres de los acusados y el número de la averiguación previa,  el Ministerio Público de la SEIDO presentó el mismo expediente ante el Juez Segundo de Distrito en materia penal en Matamoros, otorgando las órdenes en abril del mismo año. En 2012, el Tribunal Contencioso y los de Amparo determinaron que hubo anomalías en sus procesos de remoción, y también hay que indemnizarlos. En este caso se ignora cuántos han sido beneficiados, así como el importe.   El ex consejero jurídico en el caso de los agentes   Consultado, Raúl Corona Sesma reiteró que se hicieron los respetivos expedientes de remoción y la relación laboral la terminó legalmente el XIX Ayuntamiento, encabezado por Jorge Ramos.  Agregó que en estos casos “se les paga hasta el día que trabajaron, que fue cuando se les removió del cargo, no hay obligación de pagar salarios no devengados”. — ¿Por qué si se realizó la indemnización en su momento, ahora deben pagarse salarios caídos?  “Solo que no exista el expediente de remoción, o que haya un laudo judicial que así lo instruya”. En este último caso, el Código Civil establece el primer responsable en responder por los daños al erario,  es el funcionario que no levantó las actas correctamente. El ex consejero jurídico concluyó: “Si a un funcionario que no sea policía se lo lleva la SEIDO, y regresa después porque lo declararon inocente, ¿también puede reclamar que el gobierno le pague por los días que no trabajó? No tiene sentido”.     Asesinatos en alza   La semana pasada, al miércoles 15 de abril, Tijuana sumaba 22 muertes en el mes, en ese período asesinaron un promedio de 1.8 personas por día. Esta semana que concluye, los números de la Procuraduría del estado indican que al miércoles 22 de abril los muertos en Tijuana ya sumaban 37, entonces, en la reciente semana asesinaron a 15 personas más, lo que da un promedio de 2.1 homicidios diarios en los últimos siete días. Lo que demuestra que el delito de homicidio está repuntando, contrario a lo declarado por la Procuradora del estado, Perla Ibarra. La estadística oficial indica que: el 27.6 por ciento de los homicidios se han dado en la zona norte; el 13.8 por ciento en Sánchez Taboada; el 10.3 por ciento en Playas; otros 10.3 por ciento en La Mesa y la Presa respetivamente. Y el resto distribuido en las demás delegaciones. El 60 por ciento ha tenido como motivo las pugnas por narcomenudeo y en el mismo porcentaje se ha usado arma de fuego.   En la versión de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad al reconocer un aumento en los delitos de alto impacto, reclamaron primero el reciclaje de criminales, porque las policías y los militares los detienen y el Poder Judicial los libera. El secretario de seguridad estatal Daniel De la Rosa mencionó que de los 64 objetivos –criminales más buscados– en este 2015, un total de 26 han sido detenidos y de ésos 11 ya gozan de libertad, que son casos como el recién asesinado Manuel Toscano “El Mono” y su sucesor y cuñado, Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”. Desde la secretaría de seguridad municipal en Tijuana encabezada por Alejandro Lares agregan: “De 103 sujetos detenidos en casos relevantes este mes, 93 ya habían sido capturados en otros meses por diversos delitos” Y los investigadores recuerdan que uno de los vendedores de droga  detenido en dos ocasiones por la policía municipal en este mes de abril, les comentó: “Dos mil pesos en el juzgado y estás fuera”. En este esquema de homicidios, tanto De la Rosa como Lares, insisten que la comunidad, los ciudadanos honestos no están en riesgo, porque tanto los asesinados como los homicidas son narcomenudistas y ejemplifican: Manuel Toscano “El Mono” asesinado el 9 de abril, fue capturado previamente por robo simple, robo calificado, secuestro, delitos contra la salud, portación de arma de fuego: luego Jesús García Rodríguez localizado con un tiro en la cara el 18 de abril de 2015  en una casa en la colonia nueva Tijuana, en marzo de 2014 lo habían detenido porque tenía una orden de aprehensión por robo y homicidio, y llevaba 14 años prófugo. Óscar Alfonso López Flores y Vanessa Elizabeth Oliveros Rueda asesinados el 19 de abril de 2015, habían sido encarcelados juntos por portación de arma de fuego el año pasado; Pedro Alejandro García Campos asesinado el 20 de abril, estuvo detenido por narcomenudeo, robo y pandillerismo; Luis Javier García Jiménez, asesinado el 21 de abril, capturado previamente por los delitos de lesiones, contra la salud, posesión de arma y homicidio; y Omar González Amador. También acribillado el 21, lo habían detenido dos veces por posesión de arma, posesión de droga, robo con violencia y faltas administrativas. De los narcomenudistas homicidas implicados en los asesinatos recientes, la secretaría de seguridad pública municipal informó que esta semana detuvieron a dos, pero no el flagrancia: Gilberto García Hernández alias el “Payaso”, quien fue capturado con otros tres sujetos, dos armas y varias dosis de droga el miércoles 22 de abril: y Marco Antonio Lizárraga Ramírez “El Toño” apresado el jueves 23 de abril. El problema es que fueron presentados ante el Ministerio Público por otros delitos y no por los asesinatos de los que son sospechosos. Actualmente, las fuerzas operativas estatales y municipales también buscan como presuntos homicidas implicados en hechos recientes a Alejandro Martínez “El Billy”, Martín Sánchez Guzmán “El Martín”, Omar Alberto Zamora Pantoja “El Monstruo”, Edgar Omar Rodarte Sánchez “El Chore”.   De resultados y trabajo “coordinado”   “Traemos operativo en conjuntos, hay presencia policiaca esta semana se incorporó la Policía Estatal Preventiva que andaba en San Quintín, también vino gente de Ensenada. Traemos el grupo operativo mixto, hemos logrado detenciones de narcomenudistas y cargamentos de droga –27 de marzo, un camión con 8.5 toneladas de marihuana–, en los puntos preventivos de revisión en los primeros 20 días del mes hicimos efectivas 56 órdenes de aprehensión. “En las colonias donde está focalizada la violencia como Sánchez Taboada y cierta parte de Playas,  además de los patrullajes y operativos especiales están las casetas, son entre 3 y cinco casetas por circuito”, detalló Alejandro Lares. “Si hay escenarios de alto impacto hay un reajuste, un reacomodo que tiene que ver con deudas por micro menudeo. Y sabemos que en toda la vida del narcotráfico o se paga con dinero o se paga con plomo, tenemos el problema de los excarcelados del reciclaje de los criminales. Pero no hay un descontrol”, dijo Lares. De la Rosa también habló de trabajo coordinado: “Aunque no andamos todos juntos, ni nos repartimos las zonas por corporación, como en otro sexenio, sí estamos trabajando juntos, se decidió que primero, todos íbamos a combatir las zonas donde se está generando homicidios, Sánchez Taboada, Camino Verde, Zona Norte, Playas, y ahí estamos. “El resultado es que ya no se están dando los hechos de alto impacto en las zonas más céntricas, como la zona del Río, zona Centro, Playas, o La Mesa. Y ya no están matando en vía pública, sino en casas. Se generó capacidad de respuesta “Y eso es en el tema operativo, a la par estamos viendo los aspectos de investigación preventiva, por un lado el ataque a los puntos de venta de droga que son por los que se están generando estos enfrentamientos; y por otro lado en el esquema de inteligencia compartida más focalizado a la búsqueda de los líderes mayores que no están en el estado”, concluyó De la Rosa.