Ciegos, sordos y ahora mudos (O la incorrecta interpretación de la Ley)

Muy convenientemente, los gobiernos, tanto el Federal como el del Estado y particularmente los municipales de Baja California, han interpretado la Ley Electoral que en el Artículo 40, apartado C, les ordena que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá de suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”, para abstenerse de encarar los problemas, eventualidades y conflictos que suceden en la región. En estricto sentido, por propaganda se entiende a una comunicación para la cual se utilizan distintos medios, impresos, radiofónicos, televisivos, digitales, que tiene por objeto influir en la opinión pública; específicamente se le llama propaganda a toda comunicación institucional pagada en anuncios, mensajes y videos, que pretende incidir en los ciudadanos. Vaya, propaganda es lo que el Gobierno del Estado, por ejemplo, le ha negado a Periódicos Healy luego que denunciaran que desde esa casa editora los estaban extorsionando para hablar bien de ellos a cambio del pago por publicidad (y algo más), tanto el gobernador como los cinco alcaldes de Baja California. Dar una conferencia para informar -y tratar de tranquilizar- a la ciudadanía sobre la aparición de más de una docena de mantas con mensajes del narcotráfico, tanto del Cártel de Sinaloa como del Arellano Félix, no es ninguna forma de propaganda, sino el cumplimiento de los gobernantes con la obligación que tienen de informar, de proveer seguridad, tranquilidad y ejercer el Estado de Derecho. Continuar con las labores propias de una administración pública, como una reingeniería, la entrega de concesiones y licitaciones, la administración de los recursos, la toma de decisiones en conflictos políticos, laborales, económicos, la construcción de infraestructura, e informar de ello, no es propaganda, sino hacer gobierno, y tanto el Presidente como el gobernador y los alcaldes, deben continuar haciéndolo. Vaya que Enrique Peña Nieto, Francisco Vega de Lamadrid, Jorge Astiazarán, Jaime Díaz, César Moreno, Gilberto Hirata y Silvano Abarca -entre muchos otros- están aprovechando la veda de propaganda institucional, para llevar a cabo una veda intelectual, de acciones de gobierno, de declaraciones y, sobre todo, de informar sobre la toma de decisiones. Si de suyo la administración pública es opaca, sobre todo y paradójicamente a partir que “institucionalizaron la transparencia y la obligación de informar”, durante la veda de propaganda aprovechan para no responder a las preguntas, para no informar, para no aparecer, para hacer durante el tiempo que dure la campaña electoral, todo a escondidas con la justificación de la Ley Electoral interpretada a su soberano antojo. En contraparte, quienes no están en veda son los narcotraficantes y criminales que esta semana particularmente y ante el silencio de autoridades policíacas –bueno, Alejandro Lares, el de Seguridad Pública de Tijuana, no habló porque alargó el puente de Semana Santa- y gobernantes, arreciaron con el clima de inseguridad –percepción, dirían esos gobernantes mudos-, llegando a actos de violencia que hacía muchos años no se veían en Tijuana. No solo redactaron más de una docena de las llamadas narco mantas, que son un pedazo de tela con mensajes amenazantes para criminales de bandas rivales o ciudadanos, sino que ya en la impunidad producto de la inacción gubernamental por la veda electoral, los dos cárteles que “dominan” la zona, el de Sinaloa y el CAF, estelarizaron un encontronazo epistolar. Después, y no puede ser casualidad, los criminales intentaron secuestrar -o asesinar- a otro sujeto no menos sospechoso en Lomas de Aguacaliente; dos ministeriales velados en Tecate; la construcción de un narco túnel en proceso y el asesinato de un miembro del narcotráfico en plenas inmediaciones de la Penitenciaría de Tijuana. Mientras nuestros gobernantes, Peña, Vega, Astiazarán, Díaz, Moreno, Abarca, Hirata y delegados, mantienen veda de declaraciones y acciones, los criminales hacen de las suyas… total, parece que la veda de propaganda, es veda de servicio público, de ejercicio del gobierno, de observación, de declaración, de ideas. Muy convenientes para silenciarse, no informar y promover la opacidad, interpretando una Ley que solo les determina “suspender la difusión de propaganda gubernamental”.