Cuando la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, se confirmó e iniciaron las manifestaciones en el mundo clamando justicia por los jóvenes presuntamente ejecutados a sangre fría y posteriormente calcinados, la presidencia de Enrique Peña Nieto comenzó un descenso en credibilidad que sobre el ejercicio del Estado de Derecho tenía su administración, más en el extranjero que en el país. Por más que el Presidente Peña, algunos de sus secretarios de Estado y ciertos gobernadores insistan a la sociedad y a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos que superen el acto de extrema violencia y le den vuelta a la página, lo de Ayotzinapa es una situación trágica, fatal y tan dolorosa, que no se olvida. Tampoco pueden los mexicanos conscientes voltear a otro lado, superarlo y no recordarlo. Los padres de los estudiantes desaparecidos, presuntamente ejecutados y después calcinados, según la versión de la Procuraduría General de la República -la última que en calidad de procurador dio Jesús Murillo Karam- cuentan con aliados en escritores, analistas, artistas, pensadores, periodistas, líderes sociales y activistas, que a prácticamente siete meses de los hechos, siguen clamando por tener la certeza de dónde o qué ocurrió a sus hijos, más allá de las declaraciones de malhechores que cuentan con credibilidad ante la Fiscalía nacional. Pero en el preámbulo de las manifestaciones por los siete meses del caso Ayotzinapa, al Presidente Peña se le prendió otro fuego en el terreno. Otro aparente exceso de la fuerza pública que terminó en, literalmente, ríos de sangre, esta vez en Apatzingán, Michoacán. Así como en Ayotzinapa, la participación de la Policía Municipal de Iguala fue determinante en la desaparición de los normalistas, en Apatzingán, voces ciudadanas, anónimas para el ojo masivo e identificadas por una reportera, Laura Castellanos de Univisión, indican que quienes estuvieron tras la masacre del 6 de enero de 2015 cuando por lo menos 15 personas resultaron masacradas en aquella ciudad michoacana, fueron policías federales. Quizá el Lector recuerde haber leído el caso, o haber observado los videos que en la página YouTube, personas subieron para dar a conocer lo que había sucedido en Apatzingán, si no, ahí los puede encontrar aún. Personas ejecutadas a balazos, sangre por todos lados, boquetes en cuerpos calientes, armas tiradas alrededor de los muertos y un impactante video en el que se aprecia que en el montón de cuerpos sin vida. Uno mueve una mano, clama sin aliento por ayuda. Posteriormente, en algunos medios nacionales y locales, aparecieron fotografías de ese mismo cuadro, ya con el herido en calidad de muerto. El reportaje de Castellanos, que en México fue reproducido por la revista Proceso y el portal de noticias de Carmen Aristegui, da cuenta de decenas de testimonios que apuntan a la participación directa de los federales en el asesinato de esas personas. En aquel tiempo, los agentes de la Policía Federal estaban bajo la batuta de quien era el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, hoy flamante director de la Comisión Nacional del Deporte. Se escucha a los testigos, padres de las víctimas, amigos, familiares otros, declamar incluso las frases que dictaban los policías federales ordenando matarlos a todos. Se entrevista a médicos del Hospital General de Apatzingán, se analizan partes forenses y cámaras de seguridad del Ayuntamiento, donde claramente se observa a personas civiles, desarmados, correr por su vida, guarecerse de los disparos, en dos escenarios de la ciudad. Como es su costumbre, Enrique Peña Nieto nada ha dicho de las revelaciones en el caso de las balaceras del 6 de enero de 2015 en Apatzingán; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, solo dirigió que una investigación de los hechos habría de iniciarse, mientras Alfredo Castillo Cervantes negó las acusaciones -en su momento no quiso darle una entrevista a la reportera- y se ajustó a su declaración inicial de un enfrentamiento entre criminales y federales como el origen de la balacera. De manera prudente y solicitando no anticipar conclusiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que comanda el abogado Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a “… llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero pasado, ya que la gravedad de las imputaciones que se formulan, demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad”. Las investigaciones para deslindar responsabilidades, pues, y de acuerdo a Osorio, apenas iniciaron, las conducirá la PGR, aunque la procuradora Areli Gómez nada ha dicho al respecto. A menos de tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, Apatzingán podría ser el segundo caso de violación a los Derechos Humanos, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad y ejecución por parte del Estado. La situación es crítica. De Ayotzinapa a Apatzingán, ¿qué sigue?
Publicidad
