Ordenar la publicidad visual en la vía pública es una tarea pendiente del gobierno de Tijuana. De un padrón de más de 800 carteleras, solo el 40 por ciento se encuentra instalada en apego a la reglamentación municipal, admite Alma Ofelia Morales Juárez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana. El gobierno de Jorge Astiazarán incluso puso el mal ejemplo al permitir que Samsung, concesionario de la pantalla digital instalada en el arco del Reloj Monumental de la Avenida Revolución, colocara en el faldón del artefacto, un anuncio tipo cintillo adicional con el logo de la empresa que se mantiene fijo, lo cual está prohibido en este tipo de publicidad electrónica por el Reglamento de Rótulos, Anuncios y Similares para el Municipio de Tijuana. La tolerancia de administración llega al punto de no sancionar a empresas de publicidad espectacular que operan ilegalmente en los principales puntos de la ciudad, y favorecerlas con publicidad gubernamental. Así, hasta antes de la veda electoral, se podían ver anuncios del XXI Ayuntamiento de Tijuana en la pantalla digital de Plaza del Zapato, la cual carece de licencia para operar y cuya propiedad se dirime en una disputa legal desde febrero de 2014. En la ilegalidad carteleras de Plaza del Zapato Ubicadas en centros comerciales, plazas e incluso en organismos de la Iniciativa Privada como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Tijuana, carteleras, torres directorio o pantallas digitales crecen no solo en número; también aumentan su dimensión o añaden publicidad que, de acuerdo al reglamento municipal, constituyen una irregularidad. La pantalla digital instalada en Plaza Fiesta, mejor conocida como Plaza del Zapato, es uno de los ejemplos más emblemáticos del desorden que priva en el manejo y operación del negocio de publicidad. Tanto la cartelera electrónica como las de lona, carecen de licencia vigente, pues su permiso venció en noviembre de 2014 y no ha sido renovado. De hecho, la anuencia para operar ambas estructuras la obtuvo la empresa XO Media, S.A. de C.V. a finales de la administración de Carlos Bustamante, en el XX Ayuntamiento de Tijuana, “de forma irregular”, aseguran abogados de su contraparte. Anteriormente la cartelera era manejada por Pablo Salvador López Ortega, quien interpuso una demanda formal por despojo de propiedad en el Juzgado Cuarto Civil de Tijuana. En la demanda involucró a propietarios y administradores de Plaza Fiesta: Franco Magdaleno Hernández, Ricardo Espinoza Peña, Isaid de la Torre Martínez, Abel Espinoza Skinfield y Diana Bárcenas Castellanos, fueron demandados por permitir el uso de la estructura de anuncios monumentales. Al respecto, Diana Bárcenas, administradora de la plaza, indicó a ZETA que el centro comercial solo renta el terreno donde se asientan los dispositivos de publicidad, pero no es quien opera ni la cartelera ni la pantalla digital, éstas “las maneja XO Media”, dijo, para añadir que a esta empresa no se le renovará el contrato de arrendamiento del espacio que ocupan las estructuras, por no contar con licencia de operación vigente. Respecto al retiro de publicidad demandado por López Ortega, quien se dice propietario legal de las estructuras, expuso que la administración de la plaza no puede proceder ni al retiro, ni a la suspensión de los anuncios, “ellos lo tienen que retirar (en referencia a XO Media), si lo hacemos nosotros sería allanamiento de morada”. La defensa de López Ortega solicitó al centro comercial retirar la publicidad en julio de 2014, cinco meses después de haber iniciado un litigio, por lo que señala un despojo de propiedad. Anota que la empresa XO Media, S.A. de C.V., propiedad de Óscar Payán, se valió de irregularidades administrativas para despojarlo de la estructura, situación que se encuentra bajo investigación. Tanto el anuncio monumental como la pantalla digital, continúan intocables, operando con un permiso ya vencido. ZETA buscó a Óscar Payán para conocer su versión, se le dejaron mensajes explicando el tema a abordar, pero al cierre de esta edición, no dio respuesta. Pantalla de CANACINTRA también incumple De acuerdo al reglamento de Rótulos, Anuncios y Similares para el Municipio de Tijuana, una pantalla electrónica puede medir máximo 10.50 metros de largo y 5.40 de altura, medida desde la base de la cartelera, hasta la cima del aparato digital. La altura del tubo no puede rebasar el 60 por ciento de la medida de la vialidad con la que colinda. Cumplir con todas estas especificaciones costó tiempo y mucha gestión administrativa a los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Capítulo Tijuana. Lograr la licencia para poder operarla les llevó más de un año, hasta solventar varios detalles que infringían el reglamento: alejarla de los cables, adecuar la medida del tubo y quitar un cintillo de Telcel. Finalmente, “se ajustó a todo lo que pedía el reglamento y procedió su autorización”, precisó Alma Ofelia Morales Juárez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la Dirección de Administración Urbana en el XXI Ayuntamiento de Tijuana. Y añadió: “El cintillo esa pantalla en particular no la tiene, al principio tenía de Telcel, si no mal recuerdo, y lo quitaron, también quitaron la estructura para que fuera nada más la base, hicieron un muro negro de loseta y ahí se empotró la cartelera, por eso se autorizó”. Efectivamente, el cintillo fue retirado, pero a cambio la empresa que maneja la pantalla, XO Media, colocó en la parte superior un anuncio de un club nocturno ubicado en Plaza Conquistador, de Carlos Bustamante. El reglamente indica que si se opera como pantalla digital, los anuncios se deben limitar al espacio del sistema digital, sin publicidad fija de ningún tipo. Sobre este hecho, el presidente de la CANACINTRA Tijuana, René Romandía Tamayo, informó que el gobierno municipal los requirió esta semana, razón por lo que la administración de la Cámara analiza el ya no renovar el contrato con la empresa de Óscar Payán. En tanto, el anuncio fijo sigue colocado sobre la pantalla. Otra de XO Media La de Plaza del Zapato o de la CANACINTRA no son las únicas carteleras o pantallas que XO Media opera con irregularidad, también la que se ubica en el predio donde se localiza la televisora Azteca, por el Bulevar Sánchez Taboada, en la Zona Río. Operó con licencia vencida durante cinco años y posteriormente sin permiso, lo que motivó su clausura; después se les autorizó por un año, permiso que también venció hace más de un año y no ha sido renovado. Aun así, se sigue comercializando. Que no solapan ilegalidad Hasta hace mes y medio, el gobierno de Tijuana se promocionó en dos pantallas digitales de XO Media que carecen de licencia, las ubicadas en Azteca y Plaza del Zapato, “pero desconocíamos que estaban irregulares”, subrayó el vocero de Jorge Astiazarán, Rodrigo Bustamante. Explicó que no se contrató directamente a esa empresa, sino a un publicista de 7-Eleven, de nombre Armando Lara, quien les ofreció de regalo el anunciarse en las dos carteleras digitales a cambio de adquirir un paquete para que el pago del Impuesto Predial se promocionara en las tiendas de conveniencia, “nosotros cuidamos muchos ese aspecto -el que estén regulares-, no los contrataríamos de otra manera”, sostuvo. De la pantalla en el Reloj Monumental, expuso que el cintillo de Samsung se ubica dentro de la pantalla, por lo que no se incumple con el reglamento. Torres directorio irregulares Las torres directorio que se ubican en centros y plazas comerciales, de acuerdo al reglamento de Tijuana, solo pueden contener los anuncios de los negocios que operan y el nombre del lugar donde se ubica; cualquier alusión a productos o establecimientos externos constituye una irregularidad. Algo que parece no importar a quienes operan en Plaza Campestre, en cuya cima del directorio se ve un anuncio monumental de Abarrotes El Florido. “Tristemente, este caso particular genera un mal ejemplo para muchos que luego lo quieren hacer igual”, señaló Alma Ofelia Morales, al informar que para la operación del directorio comercial se otorgó una licencia en administraciones anteriores, “con nosotros no se ha acercado porque sabe que no procede conforme al reglamento, por lo que no tiene una licencia vigente”. Como ya tuvo una licencia, actualmente se revisa con el jurídico el derecho que pudo haber adquirido, antes de proceder, anotó la funcionaria. Indicó que también se tiene detenida otra torre pequeña que opera en el Bulevar Sánchez Taboada y Bulevar Cuauhtémoc, la cual también cuenta con una cartelera arriba, cuyo trámite para que el anuncio extra se retire está en proceso; hasta entonces el Municipio dará la autorización para que opere legalmente, aclaró. Tolerancia a incumplimientos En las últimas dos administraciones se colocaron dos terceras partes de los anuncios actualmente instalados en la ciudad de Tijuana, la mayoría sin obtener la licencia correspondiente, informó la funcionaria de la Dirección de Administración Urbana. Al no tener la anuencia municipal, poco les importó cumplir con las especificaciones técnicas para ser colocados, por lo que al arribo del XXI Ayuntamiento, en aras de regularizarlos, se les permitió obtener un permiso, aun en esas condiciones. No obstante, aclaró Morales, tres fueron los requisitos de rigor que sí debían llenar: memoria de cálculo, perito responsable y póliza de seguro vigente. En cuanto a medidas y otras especificaciones técnicas, sí se fue tolerante, a fin de tener “la certeza de que ya es un anuncio que al menos cubre los requisitos de seguridad, que es lo que más nos importa al gobierno”, “que si causan algún daño tengan quién responda, eso fue lo que se buscó”, continuó. “Si ya estaban todas esas carteleras, cuyos permisos se dieron en forma desorbitante en las últimas dos administraciones municipales, en que se multiplicaron, al menos tener la certeza de que son seguras”, agregó Alma Ofelia Morales. Poca respuesta a la regularización De un padrón de 890 empresas que operan una cantidad aún indeterminada de carteleras de todo tipo, el XXI Ayuntamiento encontró que solo había 192 con licencias autorizadas. Por ello, al inicio de su administración, Jorge Astiazarán puso en marcha un programa de descuentos desde un 20 hasta un 50 por ciento, con condonación de intereses y recargos, para que los propietarios de carteleras, anuncios y cualquier tipo de publicidad se regularizaran, el cual venció el 30 de diciembre de 2014. Solo 172 firmas “nuevas” regularizadas, las cuales operan 3 mil 452 anuncios, que para el Municipio significaron ingresos por el orden de los 8 millones 889 mil 883 pesos. Estas empresas se suman a las 192 que ya tenían licencia, cuya mayoría la conserva, para un total de 364 compañías regulares. Ante la poca respuesta de los particulares, desde el 26 de septiembre de 2014 el gobierno municipal inició una moratoria por un año, periodo durante el cual el no otorgará ningún permiso nuevo para carteleras. Eso permitirá a la Dirección de Administración Urbana requerir a los que incumplen con la normatividad, “iniciamos retirando algunas carteleras instaladas en la vía pública, ahora vamos por las que se encuentran en terrenos particulares”, anotó Alma Ofelia Morales. De esta manera, consideró que se podrá presionar para que los más de 500 anuncios instalados sin permiso o licencia vigente, cumplan con el reglamento o sean retirados. Una vez logrado este cometido, se decidirá si amplía o no la moratoria vigente. En forma adicional a la moratoria, el Cabildo de Tijuana aprobó reformas al reglamento para que la autoridad competente pudiera buscar más corresponsabilidad. “Con la reforma aprobada por Cabildo se puede requerir tanto al propietario del predio, como a la marca comercial que se publicita en el anuncio, porque muchos son lotes baldíos, lo que dificulta el requerir”, detalló la funcionaria municipal. Sobre las pantallas, torres y demás anuncios ubicados en inmuebles de particulares, reconoció que no se ha procedido porque ello requiere “de todo un proceso jurídico, el cual apenas estamos comenzando”, pero, adelantó, próximamente serán ajustados administrativamente. La amonestación por incumplir el reglamento para la operación de rótulos, carteleras y vallas publicitarias va desde los 250 hasta los 500 salarios mínimos.