¿A qué se debe el atraso social en Tijuana?

Desde sus inicios, hace 40 años, el Movimiento Antorchista ha sostenido que el problema fundamental de México es la forma inequitativa de distribuir la riqueza que producimos entre todos los mexicanos, es decir, la pobreza de millones y la concentración de la riqueza en unos pocos. De ello se derivan males como la delincuencia, la ignorancia, la insalubridad, la prostitución, la aplicación selectiva de la ley, etcétera, que si bien cada uno se explica en contextos y circunstancias muy diversos en los que intervienen también diversas instituciones sociales como la familia, la escuela, la religión y otras muchas, aquéllos no se pueden explicar sin considerar el origen común, que es la injusta distribución de la riqueza. Partiendo de esa verdad irrefutable, se deduce que se deben dedicar esfuerzos importantes orientados a un auténtico combate de la pobreza si se pretende, no ya erradicarla, sino al menos amortiguar la situación que aqueja a unos 85 millones de mexicanos. Y la responsabilidad de ello se centra en el Estado, es decir, todos los niveles de gobierno deberían conducirse en ese sentido, promoviendo una mayor inversión del gasto público entre quienes menos tienen, a través de la asignación de mayores presupuestos para atender las necesidades de educación, salud, servicios básicos y cultura, principalmente. Pero la realidad es otra. Tijuana es un ejemplo muy claro de esa falta de visión política. La ciudad padece de enormes rezagos, más del 60% del territorio que ocupa son zonas irregulares que, como consecuencia, han carecido de servicios públicos por muchos años. Según la Encuesta sobre Calidad de Vida en hogares de 20 ciudades mexicanas, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), casi el 35% de las viviendas en Tijuana están construidas con madera y desechos, el derecho a la vivienda digna es letra muerta en este municipio fronterizo. Este mismo estudio revela que el 10 por ciento de las colonias de Tijuana (sin especificar la superficie que ocupan), no cuentan con pavimento, pero el promedio general es de casi el 30 por ciento de calles sin pavimentar en toda la ciudad. Otros datos igualmente reveladores de la calidad de vida de los tijuanenses son la cercanía de escuelas, áreas recreativas y hospitales, rubros en los que Tijuana no sale bien librado. El estudio arroja que, en la percepción de los entrevistados, un impresionante 92.8 por ciento considera la pobreza como uno de los mayores problemas de esta ciudad, por encima de otros como la inseguridad (84.7%) y la basura en las calles (87.9%). No se requiere mucho seso para deducir que las autoridades estatales y municipales, con el mínimo de sensibilidad e inteligencia, deberían trazar sus proyectos y planes de desarrollo con base en esos datos para atender la problemática más sentida de la población y  programar más recursos en donde hay necesidades más graves. Pero la prioridad del gobierno municipal que encabeza Jorge Astiazarán no es atender a los que menos tienen. Para el presente año, el presupuesto municipal es de 5 mil 368 millones, 666 mil pesos, de los cuales se destinarán para obra pública 117 millones, que representan apenas el 2.4%, para atender a 1 millón 301 mil habitantes, es decir, 89.93 pesos por habitante en obra pública. Evidentemente, no se está priorizando correctamente en la administración municipal. Durante los festejos por el 40 aniversario del Movimiento Antorchista, realizados a lo largo y ancho del país, nuestra organización planteó la necesidad de realizar cambios estructurales para lograr una mayor justicia social, a saber: 1.- Crear empleos suficientes para todos los mexicanos en edad de trabajar y que deseen hacerlo; 2.- Elevar sustancialmente los salarios;  3.- Cambiar la política fiscal por una que obligue a pagar más a quienes ganan más y 4.- Reorientar el gasto público de modo que se invierta más en los sectores más necesitados. En congruencia con el último punto –que es el que relativamente está más a nuestro alcance a través de la gestión y, cuando es necesario, la exigencia a través de marchas o plantones– los gobiernos municipales que son presididos por alcaldes de extracción antorchista han adoptado una política distinta: la aplicación de mayores recursos en obra pública, para procurar el bienestar social en educación, salud, cultura, deporte e infraestructura de servicios. Como primer ejemplo citaré el caso del municipio de Chimalhuacán, que tiene una población de 612 mil 383 habitantes (poco menos de la mitad de la población de Tijuana) y el año pasado ejerció un presupuesto de 2 mil 245 millones de pesos (también, poco menos de la mitad del presupuesto de Tijuana); en cambio, erogó para obra social 700 millones de pesos, que significan el 31% del total y mil 143 pesos por cada habitante, 12 veces más que en Tijuana. El gasto es mucho más eficiente. Entre las obras realizadas en este municipio mexiquense destaca la construcción de dos teatros, una alberca olímpica con fosa de clavados, techada para entrenamiento de atletas y la expansión de servicios de agua potable y electrificación, con lo que se cubren estas necesidades casi al 100% en el territorio de ese municipio. Otro ejemplo de la forma de gobernar de Antorcha es el municipio de Ixtapaluca, que tiene una población de 467 mil habitantes, donde durante el 2014 se invirtió en obra el 59% del total de su presupuesto. Tan solo en dos años se invirtieron más de 2 mil 440 millones de pesos en obra pública, que representan más del doble de lo que invirtieron las tres anteriores administraciones juntas y un promedio anual de 2 mil 612 pesos por habitante, 29 veces más que en Tijuana. La diferencia sustancial no solo radica en la buena voluntad para resolver las necesidades de quienes menos tienen, eso sirve, pero no es suficiente. Se requiere una nueva forma de gobernar con una clase social diferente en el poder. Ésa es la propuesta antorchista para combatir la pobreza, es lo que queremos para todo México, pero esto solo puede ser posible con la participación organizada del pueblo.   Juan Carlos Balderas Colunga Vocero estatal del Movimiento Antorchista