El 3 de julio de 2014, el Congreso del Estado de Baja California aprobó sacar del Código Penal, los delitos de difamación y calumnia, “con el interés primordial de que no existiera penalización por la difusión de la libre expresión”. Aunque hicieron mucho ruido mediático -finalmente el Estado había copiado una reforma que la Federación había concretado en 2007-, los legisladores se quedaron a medias: en un transitorio agregaron que la mentada despenalización se haría efectiva cuando la responsabilidad penal se trasladara a la competencia civil. Sin embargo, al interior de la XXI Legislatura le dieron largas y fue hasta el 22 de enero de 2015 -prácticamente seis meses después- que analizaron y votaron la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el párrafo noveno del Artículo 1794 y adiciona un Artículo 1794 bis, al Código Civil para el Estado de Baja California, con la intención de “regular, por una parte, el daño moral por el abuso del derecho de información y de la libertad de expresión, y por otra, las afectaciones diversas producidas por conductas ilícitas”. Total que lo enviaron al Gobierno del Estado, porque tales cambios no pueden entrar en vigor hasta que sean publicados en el Periódico Oficial; pero la administración de Kiko Vega ya dejó pasar 43 días, y nada, así que la pena corporal por la calumnia y la difamación siguen vigentes.