Me comentó un amigo: en 1993 llamaron a su camarada más apreciado. “El Licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera te invita a su campaña para gobernador”. Quedó sorprendido. No navegaba entre desempleados o buscachambas. Estaba dedicado a los negocios y le iba de chipén. Pero la política lo emocionaba. Por eso dejó su chamba en Tijuana. Sirvió bien a Leyva. Muy bien. Con toda su alma y sin límite de tiempo. Por eso cuando ganó las elecciones, “Xico” no dudó apuntarlo en su nómina. Entonces mi amigo recuerda que le recomendó: “Mira, pecaría de inocente si te dijera ‘no vayas a robar’. Todos lo hacen en el gobierno, pero por favor, ponte guantes. De esos contra el frío o para médicos. Así ni dejarás huella”. Fue una forma de aconsejarle no ser tan descarado. Y cerrarle la puerta a cualquier mala insinuación de abierta acusación. Y por eso le dijo: “Cuando te agarran en la maroma, la mala fama no se borra ni con el tiempo. Hasta cuando te mueras, alguien lo recordará”. Cerca del gobernador le fue muy bien al fulano aquel. De un puesto menos, brincó a otro más importante. Si en el primero tuvo chequera y repartió, en el segundo le sobró hasta gastar lo ajeno. Pero nunca imaginó que a Xicoténcatl lo removería del gobierno el Presidente Salinas de un día para otro. Ni tiempo para ordenar el desbarajuste. Menos oportunidad de alertar a sus colaboradores. Por eso el camarada aquel fue acusado luego luego por el gobierno interino del Ingeniero Óscar Baylón Chacón. Huyó a Estados Unidos, igual que más cercanos de Leyva. Algunos jamás regresaron. Se perdieron en Hawai o Filipinas. A otros los entabicaron. Y al amigo aquel también. Los perseguidores aprovecharon una rendija legal de migración. Detenido, deportado y derechito a la penitenciaría. En medio de la angustia y rejas, el Licenciado Leyva no le ayudó. Tampoco quienes se decían sus amigos. Ahí, como otros, gastó mucho para defenderse. Después de años recobró su libertad. En tal ocasión, la denuncia fue recibida por la Procuraduría de Justicia del Estado. Sus agentes cumplieron deteniendo a los culpables. A uno lo “encajuelaron” en El Centro, California, para pasarlo ilegalmente a Mexicali. Este episodio de malos manejos me obligó recordar al primer gobernador electo de Baja California. El Licenciado Braulio Maldonado Sández fue acusado por el sucesor, Ingeniero Eligio Esquivel Méndez: “Se escamoteó millones”. Fue una escandalera. Pero jamás lo persiguieron ni él se dejó ver. Reapareció doce años después. Era gobernador Milton Castellanos Everardo. Cierta mañana helada, llegó con él a un acto en Tecate. Lo presentó. Le aplaudieron mucho. Así quedó absuelto políticamente. Hay muchos casos más de enriquecimiento inexplicable pero ilícito en los gobiernos bajacalifornianos. Municipal, estatal y federal. Pero si el de arriba robaba, el de abajo también. Por eso algunos policías terminaron trágicamente. Sobraban ejemplos cuando el destierro fue más grave que la cárcel. O la famosa “congeladora”. Nunca más volvieron a figurar en el gobierno. Pero jamás como hoy en los últimos 40 años: la Legislatura del Estado encontró motivos para fundamentar las trampas de los ex regidores de Tijuana (2001-2004). Popularmente su caso es conocido como “Facturagate”. Esto porque según el dictamen oficial, utilizaron facturas falsas para cobrar más y apropiarse de la billetiza. Tuvieron una ventaja que no fue para René Bejarano: nadie los videograbó. Hace días, el Síndico Procurador del Ayuntamiento hankista, José María Lozano, inhabilitó al ex funcionario Jorge Ramos. “Dispuso irregularmente de fondos municipales. Los destinó para hospitalizar a su padre. No tenía derecho”. El caso acarreó decires encontrados. Para unos fue venganza política. Para otros hay razón. Pero el asunto está en los tribunales. Es cuestión de interpretación legal y, fuera de ahí, entra el espacio ético y moral. Pero tratándose de los ex regidores, no se puede hablar de revanchismo político. La estafa fue cometida por afiliados a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Además, según el Auditor Superior de Fiscalización del Estado, Doctor Víctor Adán López Camacho, el delito está probado. Por eso propuso presentar denuncias penal y administrativa. Y lo aprobó el Congreso. Las cantidades pueden ser poco o mucho. El delito es el mismo. Puede ver el dictamen del Congreso. Anoto nombres y cifras: Martín Domínguez Chiú (PAN) 300,000.25 Arnulfo Guerrero León (PAN) 150,000.00 Enrique Méndez Juárez (PAN) 152,00.00 Eloy Morales Vargas (PAN) 150,00.00 Roberto Miranda B. (PAN) 400,00.00 José Máximo García L. (PAN) 150,00.00 Blanca Fabiola Piza Silva (PAN) 150,00.00 Obdulio Portugal Maus (PAN) 150,00.00 Ranier A. Falcón Martínez (PRI) 150,00.00 Julio César Vázquez Castillo (PRI) 150,00.00 Roberto Dávalos Flores (PRD) 208,00.00 Federico Vázquez Paredes (PRI) 150,00.00 Carlos Barbosa Castillo (PRI) 150,00.00 José Agustín Santiago Arreola (PRI) 150,00.00 Alcide Roberto Beltrones (PRI) 150,00.00 El Auditor Superior de Fiscalización del Estado no se remitió únicamente a las facturas presentadas como prueba del delito. Consultó a cada proveedor mencionado en las facturas. Algunos confirmaron el documento y fue debidamente contabilizado. Otros ni siquiera sabían de tales facturas. No se trató de una simple revisión. Fue auditoría en toda forma. Aparte, el Doctor López Camacho es considerado uno de los contadores con mayor prestigio en el Estado. Ha servido sin problema en administraciones panistas. Por su capacidad, la mayoría priista votó en el congreso para ocupar la Auditoría Superior. Así, López Camacho comprobó con detalle que las facturas no empatan entre lo comprado irreal y pagado real. Identificó hasta la más mínima irregularidad. El dictamen es demoledor. 35 por ciento de las facturas sometidas a revisión, fueron consideradas “apresuradamente ilegítimas”. Suman 2 millones 286 mil 485 pesos con 85 centavos. Aparte, los proveedores no reconocieron facturas hasta por 3 millones 365 mil 76 pesos con 15 centavos. Para rematar, el Auditor Superior consideró en su dictamen que no se tiene verificado totalmente el gasto realizado por los regidores. Aconseja continuar con la revisión y, si es necesario, utilizar las herramientas legales para aclarar todo este desbarajuste. Existe en la recomendación una frase tronante: “La revisión aquí detallada no constituye una limitante para futuros hallazgos”. Algunos de los ex regidores señalados por el Auditor Superior están en activo. Carlos Barbosa y Ranier Alejandro Falcón Martínez navegan en el Partido Revolucionario Institucional. El primero es presidente del comité tijuanense y quiere ser diputado. Y empata con el segundo en su posición pública inconstitucional al Ingeniero Jorge Hank Rhon. En este caso no hay para dónde hacerse: si no le informaron a su nuevo jefe de la trampa, está mal. Y de haberlo reportado y el hijo del profesor los aceptó, mal también. Igual con los panistas. No haber informado a los directivos de su partido fue una traición y delito. Al único perredista ya casi lo corrieron del partido. En fin, la Auditoría Superior los ha señalado. Ahora esperemos el proceso jurídico. Como acusados, los ex regidores tienen derecho para defenderse y demostrar inocencia. Pero si no, es justo y necesario su castigo. Les pasó como al amigo aquel en el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera. No se pusieron los guantes. Dejaron la huella. Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado el 12 de agosto de 2005.
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