Se rompe alianza electoral para salvar a alcaldes

El pleno del Congreso del Estado desechó el 25 de marzo de 2015 –once días antes del inicio de las campañas– la demanda de juicios políticos en contra de los ex alcaldes priistas  de Ensenada Enrique Pelayo Torres y de Mexicali Francisco Pérez Tejada Padilla. Además de los ex funcionarios del XX Ayuntamiento de Mexicali Alfredo Ascolani y Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte. Pese a que los legisladores del  PAN manifestaron públicamente su intención de proceder con los juicios, no alcanzaron los votos necesarios porque no tuvieron el apoyo de los legisladores con los que hizo alianza electoral en el 2013 para llegar al Congreso, los del  Partido Estatal, Encuentro Social y Panal, quienes votaron en contra. A la sesión no acudieron Felipe Mayoral del PEBC ni Rodolfo Olimpo Hernández, quienes en su momento pudieron cambiar la balanza de la decisión del pleno. Con las tribunas legislativas tomadas por los miembros de la burocracia mexicalense que promovieron los juicios, los diputados tuvieron que votar bajo presión, al final los trabajadores del gobierno se fueron con un amargo sabor de boca y al finalizar la votación gritaron consignas de “ni un voto al PRI” además de que su dirigente estatal Victoria Bentley pidió a voz en cuello que ningún burócrata votara por ese partido. El dictamen 09 de la Comisión Jurisdiccional que se presentó ante el pleno, indicaba que de acuerdo al análisis técnico, “ha lugar” al juicio en contra de Enrique Pelayo, “por 4 votos a favor y 2 en contra” de los integrantes de la comisión. Pero finalmente en el pleno por mayoría se rechazó. La solicitud de juicio político fue solicitada por el síndico social del XXI Ayuntamiento de Ensenada Félix Ojeda Ortega y tiene que ver con abuso de autoridad, tráfico de influencias, coalición de funcionarios y negociaciones ilícitas. El ex alcalde había logrado evadir el Juicio Político en una primera instancia luego de que se había negado aceptar el procedimiento de Ojeda Ortega por ser funcionario, sin embargo luego de que abogados externos analizaran el caso se consideró que el síndico social contaba con facultades para interponer el procedimiento.  La defensa de Pelayo En la exposición de motivos la diputada del PRI Nereida Fuentes se pronunció en contra del dictamen debido a que a su consideración se encontraba fuera del plazo para interponerlo además de que no cumplió con los requisitos técnicos y jurídicos. Se fueron por temas de procedimiento, nunca entraron al fondo. Fuentes señaló que el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que el inicio del juicio político se inicia cuando el Congreso aprueba el dictamen que determine iniciarlo, siendo entonces el 24 de marzo del 2015, por lo que afirmó que se encontraba fuera de tiempo, ya que el plazo finalizaba el 30 de noviembre del 2014 al cumplirse un año de dejar su cargo. La diputada también manifestó que no se presentaron las pruebas de actos sancionados, por lo que afirmó que la denuncia fue mal realizada, además de que en su momento la fracción parlamentaria del PAN en la pasada legislatura rechazó el procedimiento de Juicio Político en contra del ex alcalde Jorge Ramos por los mismos motivos. Por su parte el diputado de Movimiento Ciudadano Juan Manuel Molina, discrepó de los argumentos de la priista en cuanto a los tiempos pero coincidió en el tema de que la denuncia fue mal integrada por lo que afirmó que no por hacer justicia se puede pasar por encima de la ley. “Desgraciadamente la denuncia que presentaron en contra del ex alcalde de Ensenada, no se aportó una sola prueba de nada, no se acompañó ni un solo documento de transmisión de dominio con parentesco con presuntos compradores”, afirmó el diputado. Por su parte el diputado del PRD, Roberto Dávalos afirmó que la comisión señaló que era procedente en cuanto a los tiempos y formas en que se había presentado el dictamen, el perredista también acusó al Orfis de ser omiso de manera dolosa  al presentar las cuentas públicas el 23 de diciembre, lo que imposibilitó su revisión. También el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides afirmó que sí se aportó un documento “simple y sencillo” en la denuncia presentada por el Síndico social del cual se desprenden daños al Ayuntamiento de Ensenada. Sin embargo Molina reviró afirmando que el documento que se presentó fue una copia de la denuncia penal que se hizo en contra de Pelayo y que solo es prueba de que se realizó la denuncia y no imputaciones. El presidente de la mesa directiva, Alcibíades García Lizardi señaló que el punto había estado suficientemente discutido, por lo que pidió que se realizara la votación, quedando con 13 votos en contra del dictamen de los diputados del PRI, Panal, Verde Ecologista, Francisco Barraza Chiquete del PEBC, los 2 diputados de Movimiento Ciudadano. Los que votaron a favor de iniciar el juicio político fueron los legisladores del PAN, PT y PRD por lo que solo alcanzaron 10 votos. Pérez Tejada protegido También fue rechazado por el pleno del Congreso, el dictamen 11 de la Comisión Jurisdiccional, también aprobado por 4 votos a favor y 2 en contra, en donde se instruía para que se iniciara procedimiento en contra de Francisco Pérez Tejada y al ex síndico César Alfredo Ascolani, y Jorge Fernando Martín del Campo en su carácter de Tesorero La denuncia fue presentada por la dirigente de la burocracia, Victoria Bentley Duarte, quien acudió a la sesión junto con decenas de agremiados para exigir procediera el juicio político. Antes de eso el coordinador de la bancada del PRI, René Mendívil señaló que se encontraban a favor de la legalidad, por ello afirmó que la PGJE tiene una denuncia en contra de Pérez Tejada, por lo que respetarían la decisión de esa instancia. Afirmó que en congruencia con la discusión del documento 11 no se cumplió con los requisitos de procedencia, ya que fue ratificada el primero de diciembre del 2014, un día después de que el ex alcalde de Mexicali cumpliera un año como ex servidor público, por lo que rechazó que se encontrara en tiempo. El primero que tomó la palabra fue Juan Manuel Molina, que presentó un video en donde se entrevistaba al ex alcalde de Mexicali Francisco Pérez Tejada, donde reconoció que retuvo las cuotas a Issstecali, lo cual consideró prueba suficiente para iniciar el juicio político. En el mismo sentido de su primera participación Rene Mendívil señaló que sería la autoridad correspondiente (PGJE) la encargada de investigar y deslindar responsabilidades y pidió congruencia de los diputados ya que la denuncia a su parecer se encontraba extemporánea. El presidente de la mesa directiva, García Lizardi, tuvo que pedir a los asistentes que guardaran silencio o de lo contrario se tomarían acciones “no satisfactorias para los asistentes”. Por su parte el diputado Gustavo Sánchez del PAN afirmó que se perdió de vista el fin de la Comisión Jurisdiccional, dijo que el mismo Alcalde –en el video– realizó una confesión expresa, por lo que pidió a los legisladores votar a favor de la procedencia del dictamen. La diputada Carmen Frías afirmó que al ser regidora pidió al ex alcalde que entregara las cuentas a Issstecali, pero al final votó en contra del dictamen, por lo que los burócratas la acusaron de traidora. Burócratas “Nosotros necesitamos de ti Carmen, tú también eres burócrata”, le gritó desde su curul la dirigente de los burócratas. Los diputados que votaron en contra del dictamen fueron del PRI, Verde, PT y Panal y PEBC, mientras que a favor fueron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quedando 13 a 10, con lo que quedó descartado el dictamen. Al finalizar la votación los miembros de la burocracia salieron del recinto parlamentario, ahí Victoria Bentley afirmó que buscarán el amparo federal para proseguir con los juicios porque los diputados no hicieron justicia. Señaló que luego de escuchar los argumentos del diputado René Mendívil, se prepara un juicio político contra el actual alcalde de Ensenada Gilberto Hirata, que tiene un año sin pagar las cuotas de Issstecali, y otro contra César Moreno de Tecate. “En tiempo y forma los voy a empapelar, a ver qué justificación tienen, tienen al Issstecali quebrado, Tecate 4 años que no paga, no hay jubilados en Tecate y Ensenada tiene un año que no paga, debe 170 millones”, afirmó la dirigente de la burocracia. Acusó a los diputados de delincuentes de cuello blanco, además afirmó que van a presionar a la PGJE para que avance en las investigaciones, ya que se deben 950 millones de pesos en el caso de Francisco Pérez Tejada. “Carmen Frías queda como expulsada, como Alicia Martínez, en las filas de la burocracia no la reconocemos, es una traidora…En el Congreso no hay justicia, pero va a ver justicia el 7 de junio, invito a los burócratas a ni un voto al PRI por cobardes y rateros”, dijo Bentley quien acusó a los diputados de ser una caricatura. La actitud combativa de la lideresa continuó el miércoles 25 de marzo, cuando recibió del Instituto Nacional Electoral en Baja California, la instrucción de retirar del frente y los costados del edificio del Sindicato de Burócratas en Mexicali, las lonas con mensajes en contra del ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla. Pérez había presentado una denuncia en su contra por “actos anticipados de campaña y propaganda negativa calumniosa”, la cual fue votada a su favor la noche del martes del 24 de marzo. Le dieron a Bentley hasta hoy, viernes 27 de marzo, para retirar las mantas, pero públicamente la burócrata advirtió que no lo haría, y no le importaba si la llevaban detenida porque sería presa política.   Al respecto, un abogado consultado por ZETA explicó: “La resolución del INE es de carácter obligatorio, sin embargo, queda sujeta a la interpretación que en materia penal se realice de la conducta, en este caso, el contenido de la manta puede ser calumnioso a criterio del INE, pero -para llegar a un tipo de sanción privativa de la libertad- falta la valoración de la manta por una autoridad penal en el supuesto de que el INE o el afectado interpongan la denuncia correspondiente”.