Pierden millones, Gobierno no resuelve

Al cumplirse diez días del paro laboral en los campos agrícolas de San Quintín, las pérdidas ya son millonarias e incalculables; el saldo colapsa no solamente a los empresarios y trabajadores agrícolas, sino a todos los sectores y estructura económica de la zona, con alcances aún imprevisibles. Tierras destinadas solo para cultivo de la fresa, son un total de 2 mil 500 hectáreas (6 mil 177 acres), de acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Cada acre produce  mil 200 cajas del fruto, 7 millones 413 mil cajas aproximadamente. Cada caja de fresa tiene un costo de producción de 7.50 dólares. El ciclo de la siembra y cosecha de la fresa es muy breve, si no se pisca de inmediato, se pudre. Al momento se estima que el 50 por ciento de la producción se ha perdido, confió Marco Antonio Estudillo, vocero del Consejo Agrícola de San Quintín. En dinero, esto equivale a 55 millones 597 mil 500 dólares en pérdidas. Además está la frambuesa, el arándano y la zarzamora, cultivables en 800 hectáreas (mil 977 acres). El acre produce 2 mil cajas de estos frutos, 3 millones 954 mil cajas. Igual se ha perdido la mitad, 31 millones 600 mil  de dólares, atendiendo a cifras conservadoras.  Pero la perspectiva es que se pierda la totalidad del cultivo. Estos cálculos fueron hechos en base a datos cruzados obtenidos en exclusiva por ZETA, que no suelen difundirse oficialmente. Mientras el gobernador del Estado habla de pérdidas por 40 millones de pesos en total, que al día siguiente aclara son por cada día, sin precisar en qué rubros y evidentemente alejados de la realidad.       Tomate, pepino y cebolla también se cultivan en grandes cantidades, apenas están en proceso de crecimiento, no peligran por lo pronto. De lo contrario, las empresas agrícolas estarían lamentando millones de dólares que se les fueron de las manos. Son alrededor de 25 firmas agrícolas que operan en la región –cuatro de ellas muy fuertes-, mismas que representan la columna vertebral de la cadena económica en la comunidad, por lo que el consumo en general se ha estrechado, aunado al temor de muchos comerciantes que tras los saqueos que se suscitaron los primeros días de la revuelta, abren parcialmente sus negocios, o de plano los han mantenido cerrados desde el 17 de marzo, como es el caso de las cuatro tiendas de conveniencia Oxxo repartidas en la demarcación. Mientras tanto, los trabajadores agrícolas se mantienen en sus exigencias, ahora replegados ante la presencia del poder del Estado que, por décadas, ha carecido de sensibilidad y voluntad para atender las condiciones de explotación y miseria, denunciadas todavía hasta hace unos meses, y con la advertencia del polvorín que se veía venir. Aun en las mesas de negociación entre los líderes de los jornaleros, los apoderados legales de los agricultores, autoridades de salud y del trabajo, el Gobierno del Estado se ha mantenido tibio para imponer una solución equitativa para las partes. Sin la presencia del gobernador Francisco Vega de la Madrid,  pero sí de  emisarios de medio pelo, la autoridad estatal se ha mostrado vacilante en las mesas de diálogo, pero no a la hora de mandar a sus policías a acallar las protestas en la calle. “Allá que se la rajen ellos” Es la segunda semana del paro laboral agrícola. Los bloqueos en la Carretera Transpeninsular se han levantado. Los palos, piedras y gritos, se han cambiado  por mantas blancas y botes para recolectar algunas monedas que permitan a los jornaleros mantenerse en pie de lucha ahora que no están recibiendo ni los pocos pesos que les deja su trabajo diario. A la entrada de Colonet, a 132 kilómetros de Ensenada, se ubica el primer punto de alerta. De un lado y otro de la carretera, militares detienen y revisan camiones de carga, autobuses de pasajeros, tráileres y todo vehículo que consideren pertinente. A uno cuantos metros se postran trabajadores agrícolas, en la tregua que los vuelve un tanto silenciosos, pero con los ánimos dispuestos a alzarse de nuevo cuando sea el momento. “Si no nos resuelven, no nos vamos a quitar”, dice Hortensia Ruiz. Ante la presencia de algún reportero, las quejas brotan. Contra la compañía Silva, los Martínez o Transportes Núñez, que nomás les pagan 100 o 120 pesos por día. Contra el Rancho Gastón, que les quita 5 pesos para “el diésel”, o “dizque para el Seguro Social”. Señalan a “El Niño” y sus feas cuarterías, a Derechos Humanos, “que vamos y ponemos la queja, pero ellos se ponen de acuerdo con el patrón”. Y el gobernador: “Ese nomás viene a donde está el empresario y se toma la foto”. Relatan de nuevo cómo los policías ministeriales llegaron de madrugada a sacarlos de sus casas, y cómo diez unidades rodearon la vivienda de una de las líderes “y la sacaron a la brava”.  Afirman que los actos violentos los han hecho “Los Triquis”, vecinos de la zona, provenientes de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, “puro machetero”. “Tengan miedo con la gente de Oaxaca… estamos hablando más allá de la violencia”. Ilustran su hambre y necesidad, los zapatos rotos, la elección que deben hacer entre comprar frijol o pollo, las fresas que una de ellas guardó en sus ropas para llevarla a su hija y que el guardia le encontró tras corretearla, “pero ya no nos vamos a dejar abusar por el patrón”. A propósito de la campaña electoral que empezará en unos días, advierten que no van a votar “ni por el PRI, ni el PAN, ni nadie”. ¿Y por MORENA?, pregunta el reportero: “¡Morenos nos quedamos de tanto trabajar bajo el sol!”. Más adelante, en el camino de la Transpeninsular, en el poblado de Camalú, faltando 32 kilómetros para llegar a San Quintín, donde las protestas y disturbios de los jornaleros tomaron tintes de guerrilla con saqueos, golpes, secuestros de camiones y quema de locales, el contingente de manifestantes se mantiene en plan pacífico, porque al lado tienen unidades de las policías Ministerial y Estatal Preventiva, vigilándose unos a otros los movimientos, en un compás de espera que empieza a desesperar a todos, incluyendo a los elementos de seguridad. “Los mandos superiores no están coordinados”, confiesa “Dante Lomas”, agente de la PEP o “Pepos”, como son conocidos coloquialmente. Los agentes han sido desplegados de todos los puntos de Baja California, entre 150 o 200, de acuerdo al dato proporcionado por la fuente. Están hartos los elementos de no poder comunicarse con su familia porque no hay recargas para teléfonos celulares, de no tener dónde lavar sus ropas, de pasar la noche dentro de sus unidades o amontonados, si tienen la fortuna de contar con algún cuarto de hotel. “Ya se alargó esto, nos habían dicho que nada más estaríamos una semana”, refiere enfadado. “Nos están pegando con tantas horas de trabajo”. Su labor ha consistido en hacer rondines por el pueblo, las escuelas, los ranchos, y escoltar camiones de los jornaleros que sí han salido de sus casas a trabajar durante la madrugada, pero son amenazados por los líderes, según dice, y que han intentado atacar los camiones. También ha intervenido cuando han tratado de sacar a los jornaleros de los ranchos, o les han querido quemar las cuarterías.  “Salen porque ya les está pegando el hambre… allá los líderes deberían rajársela entre ellos”, y niega, por lo menos de acuerdo a su experiencia, que hayan llegado camiones de gente proveniente de otros estados a integrarse a la revuelta.        En la revisión que hacen de los vehículos registrando placas, nombre del chofer y  aspectos de los pasajeros, el policía revela que “sí detuvimos dos camiones, pero eran familias provenientes de Guerrero e iban nomás de paso hacia Baja California Sur”. Aunque refiere que hay colonias, como ”La Triqui”, donde hay muchos “revoltosos”, que son los que han provocado los disturbios. “Sí hay mucha gente que trae la onda del secuestro y levantón…”. “Se acaba la agricultura y se acaba San Quintín” “Nos dejaron solos”, lamenta “Jacinto García”, un líder de los comerciantes sanquintenses, en referencia a la apatía e indiferencia de las autoridades estatales que no atendieron la alerta. “El gobierno tenía conocimiento de todo esto desde hace seis meses”. Pero la culpa de la administración estatal data desde siempre, sexenio tras sexenio: “De una vez por todas se debe dar una atención integral que históricamente no se ha dado”. Y hace un llamado al gobernador: “Que traigan al Presidente de la República”. Difícil, pues si el mismo mandatario estatal apenas si se ha echado una “asomadita” a la zona. Durante el primer día de los bloqueos y paro laboral, uno de los episodios que más se difundió fue el saqueo al mercado El Reloj, hasta se rumoró que el propietarios había muerto de un infarto por la impresión de ver el acarreo masivo que hacían hombres, mujeres y niños de su mercancía: “Yo qué tengo qué tengo ver con todo esto, me dejaron sin mi patrimonio”, narra que expresó llorando el hombre ya de edad avanzada.        Por ello, dentro de la aparente tranquilidad después de la situación controlada por las autoridades policíacas, prevalece el temor de los comerciantes, que si bien, comulgan con la protesta de los jornaleros y consideran justos sus reclamos, “pueden cumplir su amenaza”.   Empresarios medianos dedicados al turismo, pero también con negocios para el consumidor local, coinciden en que hay miedo: “Corremos el riesgo que ya no solamente asalten nuestros negocios, sino que entren a nuestras casas, que ataquen a las familias”. Y piden que el Ejército, policías estatales y federales, no se vayan hasta que la situación esté totalmente controlada, repiten el clamor: “Que no nos dejen solos”. No todos pueden oír. Como los empresarios verdaderamente pudientes que, según revelaron, “ya no están aquí, se fueron con sus familias a Ensenada, Tijuana o San Diego”. Pero el restaurantero, el panadero, abarrotero, el de la farmacia, el resto de los comerciantes no tienen esa posibilidad, menos la del acceso directo con el gobernador y los funcionaros federales: “No hay sensibilidad para los empresarios medianos”. Ni sensibilidad, ni voluntad, “las dos cosas han faltado”, insiste Jacinto García. “Ahora quieren tapar el pozo de un día para otro”, opina. Acusa que los grandes empresarios plantean directamente sus problemas con los funcionarios y el gobernador, pero los pequeños no se atreven. “Ellos constantemente tienen reuniones privadas, nosotros no pasamos de mandar un oficio”. Al miedo latente se agrega la crisis que se vislumbra, las mermas que en unos cuantos días de paro les afectó: “En cuatro días no hubo ventas”, comenta un comerciante de hamburguesas: “Vean esto, ya abrí, pero no hay gente, y para más o menos recuperarse de las secuelas serán 15 días o un mes. Gente que normalmente consume aquí, con qué lo van a hacer, si han dejado de trabajar”. Y el líder comerciante lo secunda: “Todos vivimos de los agricultores, se acaba la agricultura y se acaba San Quintín”. Atorados entre las carencias y el temor, no descartan nada. — Por lo menos los jornaleros no tienen armas, ¿no?, se le pregunta a un ex delegado de San Quintín. “No te creas, algunas personas deben tener armas, tal vez no de alto poder, pero sí de fabricación casera. Ya perdieron el control los líderes, son personas que ya traen en el ADN esa violencia, el México bronco”. El paro laboral, dice, es nada más lo que detonó la bomba de tiempo de una zona siempre olvidada, dependiente de un gobierno municipal que opera con un presupuesto de nada más de mil millones de pesos y que se va casi todo al gasto corriente: “Aquí quisiéramos ver patrullas buenas como las que hemos visto esta semana… siempre nos mandan las que ya no sirven”. Los patrones Treinta pesos por la caja de fresa, 17 por la jarra de moras, 8 pesos el bote de tomate, 15 el bote de chile y a 5 pesos la libra de chícharos; es la paga por el trabajo a destajo que solicitan los jornaleros en paro. “Llevo ocho años aquí, y desde entonces nos pagan 2.20 la libra de fresa”, se queja Olga López.  Por el tomate les pagan 50 centavos el bote, 6 pesos por la mora, y por el bote de lechuga bolita les dan 6 peso; piden 12. En resumen, necesitan una paga de 300 pesos diarios, y no los 100 a 120 diarios que apenas les alcanza ni para mal comer. Mientras tanto, sus patrones contabilizan millonadas de dinero por la producción y exportación de la cosecha, “se necesitan nuestras manos para que ellos puedan sacar sus productos”.    Se habla de hasta 200 patrones en los campos agrícolas, pero alrededor de 12 son lo más notorios, unos tres son los más grandes. Pero nunca se sabe a ciencia cierta quienes son los legítimos dueños, pues muchas tierras son rentadas a terceros. Abundan los testimonios que señalan como los peores a los hermanos Rodríguez, Alfonso, Víctor y Antonio, propietarios de la empresa Los Pinos, ligados y protegidos por el gobierno. “Jairo Lares”, ex productor y ex líder comunitario, cuenta que diariamente salen de los campos de Los Pinos de 40 a 60 tráileres con los productos rumbo a la Garita de Otay Mesa y con destino a Estados Unidos. Más o menos se acercan a esa cantidad los García, los González, los Rosales, los Aragón,  Martínez o Conrado, como productores medianos. Hacen circular de 15 a 20 tráileres diariamente. Gasolineros de la zona confiaron a ZETA que solamente para circular dentro de la zona, algunas compañías gastan hasta 130 mil pesos en diésel cada día. Aunque también se maneja que muchos empresarios agricultores enfrentan los altos costos de producción porque los insumos están elevadísimos, tales como fertilizantes, agua, fletes, cajas, empaques, mangueras, vehículos, combustible “y a veces el agricultor ya no puede pagar… para muchos las tierras que poseen, se han ido reducido”. Otros viven onerosamente y hasta llevan un estilo de vida tipo portada de la revista Quién. Residentes en San Quintín cuentan el caso de Librado Heredia, cuya producción fuerte es el tomate y otro de los productores señalados como explotador, quien para sus fiestas particulares trae “de cajón” a la Banda El Recodo o a Julio Preciado, y a veces “a varios grupos en un solo día. Y ya hasta compiten entre varios patrones a ver quién trae al artista más caro”, señalan. Muchos no solamente están ligados al gobierno, como Manuel Valladolid Seamanduras y Antonio Rodríguez, ex secretario de Fomento Agropecuario en el Estado, sino también están los eternos beneficiados de los subsidios y programas gubernamentales del orden estatal y federal. Por lo que hay tendencia al monopolio: “Los pequeños productores no pueden crecer, los pequeños cada vez son más pequeñitos”, sostiene “Jaime Lares”. Argumenta ex productor que los apoyos que por ejemplo entrega la SAGARPA para impulsar a los pequeños agricultores, están amañados y son una burla, hay mucha especulación con ellos, además, “todo lo que declaran los funcionarios en los periódicos es falso. Apoyan a agricultores huevones, que luego venden la maquinaria o insumos que les proveen, y ese dinero que da el gobierno termina en allá en el ‘Bajío (la zona de tolerancia en Ensenada). En medio de este panorama, los logros obtenidos tras la segunda semana de paro laboral de los jornaleros, es el compromiso de afiliar a la totalidad de jornaleros, alrededor de 70 mil, aunque no se ha explicado en qué clínica u hospitales serán atendidos, pues incluso en la cabecera de municipio, en Ensenada, las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tienen capacidad de atender a la actual cantidad de derechohabientes. Del aumento salarial a 300 pesos, al cierre de esta edición, los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, se “han bajado” a 280 pesos. Mientras que los patrones, lo máximo que han ofrecido es un 10% de aumento, algo así como 12 pesos diarios. Empresarios agrícolas: “Ojalá podamos ofrecer el año que entra una fuente de trabajo” Entre las principales agroindustrias asentadas en el Valle de San Quintín, está BerryMex y MoraMex, compañía norteamericana propiedad de la familia Reiter y fundada desde 1868, que se presume como líder de frutas berrys a nivel mundial y que tiene como directivos en México a William Hedrick Villalobos y Héctor Luján. Al cumplirse la primera semana del paro laboral, ZETA tuvo acceso exclusivo en sus campos agrícolas del Rancho Chapala y su Villa de las Fresas en Vicente Guerrero, adonde habían regresado a trabajar 150 jornaleros, de los aproximadamente mil con que cuentan solo en ese campo. En total emplean a 4 mil jornaleros. Sus ingenieros expusieron a este Semanario las pérdidas que habían registrado al momento, hasta el 60 por ciento de la cosecha de fresa -de las que producen mil 200 cajas por acre- y zarzamora, frambuesa y arándano, hasta 2 mil cajas por acre. Sus campos van de los 350 a 700 acres. La pisca diaria es de 18 mil a 20 mil cajas. Así que las pérdidas hasta el momento ascienden a varios millones de dólares. Los técnicos consultados explicaron que la planta de la fresa tiene un período para la poda de apenas dos semanas, “no hay margen de nada, la planta no sabe de paros”.         Dicen que las pérdidas son de gran magnitud, “pero lo perdido, perdido está… esperamos que haya otro ciclo”. Ahora están padeciendo la falta de gente, y tampoco tienen mano de obra nueva a la cuál recurrir: “Dicen que esto es muy pacífico, pero a los jornaleros los están amenazando con quemarles la casa si vienen a trabajar”. Están salvando lo que se puede, pero los frutos rescatados apenas servirán para la elaboración de mermeladas y yogurts, fresa y mora que se vende a la cuarta parte de su costo normal. Pero la mayoría de la cosecha “se está tirando a la basura”. No solamente se pierde la cosecha, sino la planta queda inerme: “Estaremos contratando a la gente por si la planta llega a regresar. Es un volado”. No están dispuestos a perder más dinero: “Mejor cortamos el agua, no tiene caso seguirle echando agua, preferible eliminarla”. Revelaron que sus pérdidas hasta el momento son de 400 mil cajas de frambuesa y 3 millones 200 mil cajas de fresa, de arándanos, 100 mil cajas “tiradas a la basura”, éstas tienen un costo de 18 dólares por caja. Los tres ingenieros consultados por ZETA se muestran afligidos ante la situación. Aseguran que si 2014 fue un año difícil en el que apenas alcanzaron su punto de equilibrio, este paro es el tiro de gracia. Pronostican que para todo el sector el impacto será fuerte, así como grave la situación social: “Se van a empezar a cerrar negocios, o reducirán su tamaño, van a reducirse las superficies de cultivo, la situación laboral se pondrá más difícil y se darán actos de vandalismo, robos”. Mencionada también en la lista de productores que señalan como explotadoras, BerryMex argumenta que “la gente de aquí se mete en el bolsillo hasta 5 mil pesos por semana, y ahorita andan peleando por 300 pesos”. ZETA recibió la copia de recibos y cheques donde se registran pagos semanales que oscilan entre los 2 mil y 3 mil pesos, así como el desglose de horas extra, séptimo día y deducciones por seguro social, “cumplimos con prestaciones, estamos tranquilos en ese aspecto, la gente está trabajando a gusto, mira, hasta andan corriendo”. También se realizó un recorrido por la unidad habitacional Villa de las Fresas, donde albergan a 500 trabajadores por la temporada que va de marzo a junio, en 68 módulos de 90 metros cuadrados, con cuatro cuartos para dos personas cada uno y con dos comidas al día subsidiadas por 17.50 pesos, “cumplimos con la Norma OSHA para jornaleros agrícolas de Estados Unidos, aunque estemos en México”, mencionó el encargado de Recursos Humanos. Pero del medio centenar de jornaleros “golondrinas” que como cada año traen de Puebla, Veracruz y Chiapas, no se ve ninguno, todos corrieron aterrados, sobre todo después que los jornaleros en rebelión llegaron la madrugada del miércoles 18 de marzo armados de machetes y con la amenaza de incendiar la villa, así como las pedradas con las que atacaron los camiones que los trasladaba a los campos. “No los podemos retener a la fuerza”. Además, “somos selectivos con los jornaleros, lo único que se dediquen a trabajar, no a andar de grillos”. — ¿Son factibles las exigencias salariales de los jornaleros en paro?, se le pregunta al ingeniero encargado de productos orgánicos y su respuesta es tajante: “La verdad no. El salario es cuestión de México”. — ¿Cuál es la postura de ustedes? “Esperar que se arreglen, recuperarnos y que tengan ingresos, poderles ofrecer el año que entra una fuente de trabajo, tener contenta a la gente”. — ¿Hay trasfondo en todo esto? “¿Trasfondo? Sí, ni es pacífica, ni tiene un fin, tenemos años… Qué nos va a dejar todo esto, no sabemos. Todos se perjudican, incluyendo al gobierno”.