No hay responsables

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- En el caso de la explotación flagrante de alrededor de 200 jornaleros agrícolas en los ranchos “Los Cerritos” y “El Cerezo” de esta cabecera municipal de Comondú, descubierta oficialmente el 10 de marzo, todavía no hay detenidos ni presuntos responsables del vergonzoso caso de esclavitud moderna que esta semana sacudió a la opinión pública nacional e internacional. Ni el alcalde de Comondú, Antonio Ojeda Molina, ni el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, menos aún el secretario del Trabajo y Previsión Social en México, Alfonso Navarrete Prida, habían hecho algo -al cierre de esta edición- para castigar y llevar a la justicia a los responsables de enganchar, engañar y explotar a 13 niños y 167 adultos que trabajaban extenuantes jornadas laborales en condiciones completamente inseguras, insalubres; recibiendo sueldos miserables y sin derecho a ningún tipo de prestación social, contraviniendo así las leyes estatal y federal del trabajo. Durante el operativo de revisión -tras salir a la opinión pública que jornaleros habían huido del rancho “Los Cerritos” por ser tratados como esclavos-, la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Baja California Sur, detectó 113 violaciones a la legislación laboral vigente, entre las que destacan: * El pago del salario poco más de tres veces menor al pactado entre patrones y trabajadores. *  El abuso físico y sexual de algunos jornaleros. * Los empleados laboraban sin ningún tipo de equipo de seguridad, como ropa, calzado, guantes y fajas para cargar. * El hacinamiento de trabajadores en chozas construidas de varas, bolsas de plástico y costales, en terrenos baldíos llenos de lodo y basura. * La colocación de un solo sanitario para todos los trabajadores, el cual estaba en condiciones completamente insalubres y repleto de moscas. * La cocina en completo desorden y sin ninguna medida higiénica para la conserva de alimentos, que inclusive estaban tirados en el piso. * La preparación y entrega de alimentos en estado de descomposición. * La falta de un comedor para los empleados, quienes recibían sus alimentos en la cajuela de una camioneta pick-up y comían entre los surcos de tierra de las cosechas que iban levantando. * La ausencia de porta garrafones de agua potable que permitiera a los empleados mitigar los efectos del sol y la fatiga al momento de cargar costales de la cosecha. * Los empleados no estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo tanto, no tenían servicios de salud y tampoco derechos a prestaciones de vivienda y pensiones en el futuro. Durante la investigación, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fueron hasta los dos ranchos y detectaron a 13 niños cargando costales de papa que habían sido levantados en la cosecha. Fue entonces que llamaron a los padres, quienes con miedo, empezaron hablar de su situación laboral y finalmente los llevaron hasta sus viviendas, distribuidas en dos campamentos. El primero localizado en Bulevar Agustín Olachea, en el poblado de Villa Ignacio Zaragoza, al Norte de Ciudad Constitución, donde estaban hacinados alrededor de 100 personas entre hombres, mujeres y niños en chozas provisionales de 2 x 2 metros aproximadamente, elaborados de ramas, palos, hules y costales. El segundo campamento estaba ubicado en el Lote 20 del campo agrícola en una zona conocida como Galeana, donde se encontraban 70 jornaleros bajo las mismas condiciones. Había un área habilitada como cocina, donde se preparaban los alimentos de los jornaleros y sus familias en total desorden y falta de higiene. La detonación A pesar de que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, presumió en conferencia de prensa el éxito del operativo “México con Trabajo Digno”, donde anunció el “rescate” de 200 jornaleros agrícolas que eran explotados y vivían en condiciones inhumanas de trabajo y vivienda en dos ranchos de Comondú, Baja California Sur, lo cierto es que el caso que detonó la investigación fue un artículo publicado por el periodista comundeño Arturo Rodríguez Corona, quien encontró deambulando por la calle a dos jornaleros agrícolas que habían huido del rancho “Los Cerritos” -a la entrada del poblado Villa Ignacio Zaragoza-, quienes dijeron haber sido victimas de abuso laboral y sexual. Mientras el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregaba el 4 de marzo -según un comunicado de prensa- el distintivo Empresa Familiarmente Responsable a 340 centros de trabajo público y privado en el Distrito Federal, los dos jornaleros agrícolas de una pareja integrada por Genaro Mancina León y Crucita Molina Quintero, relataban su pesadilla y explicaban a detalle que tuvieron que huir del lugar, porque “ella había estado a punto de ser violada la noche anterior por uno de los patrones de los trabajadores”. Los jornaleros, que dijeron haber sido traídos desde la comunidad de San Rafael en el municipio de Urique, Chihuahua, aseguraron haber llegado el 24 de enero, junto con otros 60 trabajadores, a quienes prometieron pagarles un buen sueldo, además de ofrecerles comida y vivienda digna, a cambio de levantar la cosecha de papa que terminaría a más tardar el 25 de marzo. El trato -según Genaro Mancilla León- era que como pago recibirían 4.50 pesos por cada costal de papa recogido y puesto en un camión, y de esforzarse y juntar hasta 160 costales por día, tendría 720 pesos por día y 5 mil 40 pesos por semana. Sin embargo, para su mala suerte y la de su esposa, el jornalero solo recibía mil pesos de pago cada semana por parte de su patrón, por lo que viendo el abuso y condiciones en las que se encontraban, prefirió huir del lugar y dar aviso a las autoridades. Además, ofreció información de cómo y dónde estaban más de 200 jornaleros trabajando en estas condiciones, y cuando el caso detonó públicamente el 6 de marzo, vino el operativo y se “descubrió” algo de sobra conocido. El propio delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, Ernesto Álvarez Gámez, reconoció que actuaron de inmediato tras leer la nota periodística y se trasladaron a la brevedad a esos ranchos. “Gracias a esa nota tuvimos nosotros conocimiento”, dijo sin tapujos, y justificó que “la Secretaría del Trabajo no actúa en base a notas periodísticas, sino frecuentemente tiene operativos, como el que hicimos a medidos del año pasado en el rancho ‘El Piloto’ en el poblado del Vizcaíno, donde todavía sigue el proceso abierto y seguimos trabajando para lograr mejorar las condiciones de ese lugar”. El funcionario no supo que responder cuando los reporteros lo cuestionaron por qué habían esperado tanto tiempo para actuar, si la explotación de jornaleros agrícolas es un tema muy trillado y abordado desde hace años en todos los medios de comunicación. La investigación Después de realizar la inspección y confirmar la información ofrecida por los jornaleros Genaro Mancilla León y Crucita Molina Quintero, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social solicitaron la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes dieron fe de los hechos y abrieron por separado una investigación en torno al caso. El Agente del Ministerio Público de la PGJE, Mayte Mireya Villalobos Sánchez, presentó a declarar a los dos enganchadores, de nombre Fortino Pellegaud Osorio, de 39 años y originario de Juan José Ríos, Sinaloa; y Jorge Alejandro Berrelleza Ruelas, de 35, oriundo de Navolato, Sinaloa. Los dos reconocieron ser los representantes de los jornaleros agrícolas. El primero, de los 100 trabajadores del rancho “El Cerezo”, y el segundo, de los 70 del rancho “Los Cerritos”, quienes dijeron cobrar 8 pesos por costal recolectado de papa y pagar solo 4 pesos a los jornaleros, porque “tenían que sacar los costos del viaje de ida y vuelta, y de la alimentación de los trabajadores, que eran tortilla, arroz y frijol”. Los propios jornaleros relataron a ZETA que los enganchadores los habían reclutado en San Rafael y Creel, Chihuahua, y los habían bajado de la sierra de 20 en 20 personas, a bordo de camionetas pick-up y, posteriormente, fueron subidos al tren con rumbo a Los Mochis. Posteriormente, algunos fueron concentrados en unos departamentos en Juan José Ríos, a la espera de más jornaleros, y llevados a la terminal de Topolobambo, Sinaloa, donde tomaron el barco rumbo a la ciudad de La Paz. De ahí -de acuerdo a los jornaleros- se les envió en camiones a Ciudad Constitución, para después transportarlos en camionetas hasta los ranchos “Los Cerritos” y “El Cerezo”, a la entrada del poblado Villa Ignacio Zaragoza, al Norte de Ciudad Constitución. Los dos enganchadores y Juan Carlos Vera, responsable de los ranchos y representante de la compañía Agrícola Cerezo, S. P.R de R.L de C.V., originaria de Chihuahua, no habían sido detenidos por la PGJE por los delitos de trabajo infantil y trata de personas. Por el contrario, el enganchador Jorge Alejandro Berrelleza Ruelas salió el pasado 18 de marzo junto con 70 de los jornaleros agrícolas rumbo al Estado de Chihuahua, desde la terminal marítima de Pichilingue en La Paz; tenía pendiente una denuncia de intento de abuso sexual interpuesta por la jornalera Crucita Molina Quintero. En tanto, el otro enganchador, Fortino Pellegaud Osorio, seguía libre y solo movió a su grupo de 100 jornaleros del campamento, donde estaban hacinados, hacia un almacén por el arroyo “Las Bramonas”, localizado entre el tramo carretero de Ciudad Constitución a Ciudad Insurgentes. Tras el escándalo, el propio delegado de la Secretaría del Trabajo, Ernesto Álvarez Gámez, admitió que en vez de actuar contra los explotadores, negociaron con los dueños de los ranchos para que pagaran directamente a los trabajadores los 8 pesos por costal que habían prometido, y a partir de esa fecha, no se les daría un solo centavo a los enganchadores, quienes tenían la figura de intermediarios entre los patrones y los trabajadores. — ¿Cómo se da esta negociación? Por un lado están actuando en contra de los patrones por la explotación de los jornaleros, y por otro, están negociando… “Se dio cuenta el patrón en las condiciones en que estaban los trabajadores, y precisamente por la voluntad, llegamos a ese acuerdo de reubicarlos de viviendas, pero no estamos mermando ninguna actividad o acción, con relación al proceso jurídico y penal en torno al caso”. — ¿No sabía el patrón que eran explotados? “Sí sabía, tan es así que vivían y compartían todos los días con él; claro que sabía”.