Era marzo de 2014 y la senadora de lista por el Partido Revolucionario Institucional, Arely Gómez González, se excusó de participar en la Comisión Especial para dar seguimiento al caso Oceanografía, compañía acusada por Citigroup Inc. de un fraude contra Banamex por 585 millones de dólares. La entonces senadora pidió no ser parte de la Comisión de seguimiento porque “se percató” que una de las personas investigadas era Martín Díaz Álvarez, con quien, reconoció, “… guardo parentesco por afinidad en cuarto grado”. Justificó su no participación con argumentos como “estricto apego a la Ley”, “congruencia personal e integridad en su gestión”. Hace unos días, a Martín Díaz Álvarez, el pariente de Arely Gómez, un juez federal le negó un amparo contra la orden de aprehensión que fue girada en su contra, al ser él considerado como el segundo accionista de Oceanografía, después de Amado Yáñez. Orden de aprehensión que solicitó la PGR y un juez federal la concedió. Además, para septiembre de 2014, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solicitó al gobierno de los Estados Unidos detener y extraditar a Díaz Álvarez. Lo ubicaron residiendo impunemente en Miami, Florida. Murillo declaró en su momento: “En el caso de Oceanografía hubo fraude contra un bando, lo que buscamos aparte de consignar a uno de los responsables y girar órdenes de aprehensión en contra de otros, es fundamentalmente salvaguardar a 11 mil trabajadores ahorradores de una caja de ahorro…”. El socio mayoritario, Amado Yáñez, fue detenido en octubre de 2014 y preso. La PGR le sigue el proceso por el delito de lavado de dinero y fraude. El prófugo, entre otros, es el pariente de la senadora con licencia y a partir del martes 3 de marzo de 2015, procuradora general de la República, Arely Gómez González. Está claro que Gómez no podrá excusarse como lo hizo en el Senado, de continuar con la investigación y la presentación de pruebas a través del Ministerio Público Federal, para que un juez federal procese primero y sentencie después tanto a su familiar como a Yáñez y otros implicados en el fraude por más de 500 millones de dólares. Hasta antes de irse, Murillo Karam consideraba claro el caso del fraude. Este es el primer conflicto de intereses que deberá enfrentar la procuradora Gómez, propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto para fiscal de la Nación y aprobada por 106 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones. El segundo conflicto de intereses lo explica a ZETA uno de los senadores de la República que votó contra el nombramiento de Arely Gómez como procuradora general de la República, el mexicalense Víctor Hermosillo Celada: “Hay conflicto de intereses, todos sabemos que ella pertenecía -como senadora- a la ‘Telebancada’, ligada a Televisa, y todos sabemos lo que ha hecho el PRI con Televisa, y ella representa un conflicto de intereses con la televisora. En ese cargo tan importante (PGR) se requiere a alguien con independencia”. En efecto, hasta 2012, Arely Gómez nada tenía que ver con el Poder Legislativo. Después de su carrera en la Suprema Corte, fue anotada en la lista del PRI al Senado de la República -en la misma elección de Enrique Peña Nieto- y se integró a la conocida “Telebancada” que integran legisladores, tanto diputados como senadores, ligados a las televisoras nacionales y que, por lo tanto, siguen una agenda en beneficio de esos intereses. Hermosillo detalló: “Ella estaba metida en la ‘Telebancada’, todo mundo sabíamos el origen de su senaduría, como Ninfa, la hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, o Puente, otro legislador ligado a Televisa. Ella está ligada a Televisa”. La liga de la procuradora con Televisa es su hermano, Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Grupo Televisa. Lo de ella, era el Poder Judicial. Matriculada licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, lo suyo había sido el ejercicio en el Poder Judicial. Colegiada por experiencia, seleccionó para su desarrollo “por más de 30 años”, la administración de la justicia y no la procuración de la justicia. Desde cargos menores entró a laborar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1978, hasta ascender a mediados de los noventa y de la mano del ministro Mariano Azuela, a secretaria de la Segunda Sala, de donde salió en 2003 para convertirse en oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cenit de su paso por el Poder Judicial. Luego tuvo comisiones menores en la PGR, cuando la dirigió Eduardo Medina Mora -hoy nominado por Peña Nieto a ministro de la Suprema Corte-, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y coordinadora de fiscalías diversas. La experiencia de Gómez González, pues, no está en la procuración de justicia, cuando el país sufre de una oleada de impunidad en sectores criminales como el narcotráfico, la extorsión, la trata, el narcomenudeo, el secuestro y los delitos de fraude, entre otros. Una de las mayores responsabilidades de la nobel procuradora es el caso Ayotzinapa, la investigación y la captura de los capos del narco, la investigación y seguimiento de las redes financieras del narcotráfico, el lavado de dinero, la incautación de bienes a narcotraficantes y criminales organizados. Además, una depuración al interior de la PGR, antes que en unos meses, se convierta en Fiscalía General de la Nación. El senador Víctor Hermosillo argumentó: “A mí lo primero que me puso en duda fue el conflicto de intereses, la señora ha trabajado en el Poder Judicial, tiene buen historial, pero de eso a ser procurador, que es un puesto ejecutivo que debe mandar una bola de gente… no la puedo descalificar como mujer, sino por el conflicto de intereses de Televisa”. El senador mexicalense sabía que ganaría la postulación en el Senado, finalmente ella había ocupado una curul hasta hace unos días, y gozaba de la simpatía de los legisladores de la Cámara alta, amén de ser la propuesta del Presidente, pero Hermosillo reconoce: “Quise razonar mi voto bien, sabía que iba a ganar por una mayoría abrumadora, pero no sería por unanimidad. Muchos están contra el país, yo represento a mi estado. “(La Procuraduría) Es un cargo público de gran trascendencia, no se trata de descalificar a la persona, sino de analizar políticas de lo que debe ser. Ella no puede ser parcial porque es designada para garantizar los intereses de Peña y de los de Televisa, que son los mismos. Peña llegó al poder gracias a Televisa y se mantiene en el poder gracias a Televisa. “Sin Televisa, Peña no sería nada. Y Arely y Medina Mora jamás pretenderían alcanzar los niveles públicos a los que Peña los propulsa”, finalizó Víctor Hermosillo Celada.
Los conflictos de la procuradora

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