Ley de Aguas, la impugnación fundamentada

Con la venia de las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado de la Cámara de Diputados el miércoles 4 de marzo se aprobó la Ley de General de Aguas, misma que debía abordarse el martes 10 marzo por el pleno, empero no se hizo ante la inconformidad de la oposición que la calificó de privatizadora. Con lo anterior las Comisiones Estatales de Agua se verían obligadas a proporcionar su infraestructura para que los concesionarios comercialicen el líquido, por lo que no estarán exigidas a edificar infraestructura. Ante tal escenario, investigadores de más de 30 universidades dieron a conocer su oposición a la reglamentación, puesto que si bien en la iniciativa, no se habla de privatizar el agua, sí de su explotación, exploración, suministro y administración.  Los analistas forman parte de la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad (UCCS), asociación civil son sede en la Ciudad de México conformada por más de 250 investigadores de diversos liceos a nivel nacional, quienes generaron una iniciativa independiente, conformada por 179 artículos elaborada desde 2012, misma que fue dada a conocer a la cámara de diputados y de senadores desde febrero de 2015. Fernando Córdova Tapia, adscrito al Instituto de Biología de la UNAM e integrante de la UCCS, detalló que con la propuesta del gobierno federal habrá una desigualdad muy grande entre quien puede pagar el agua y quien no la puede pagar porque al volverlo un bien comercial, quien pueda pagar va a tener acceso al agua. Por tal motivo serán las comunidades más vulnerables las cuales sufrirán las repercusiones más graves y esto, aumentarán los conflictos socio-ambientales. “Entendemos y rechazamos la Ley General de Aguas”, expresó Córdova Tapia en conferencia de prensa para anunciar las 11 mil 502 firmas reunidas en seis días, que habrían reunido posterior a la aprobación de la Ley General de Agua.   Por su parte, el doctor Omar Arellano, integrante de la Unión de Científicos, consideró “no es suficiente posponer la discusión de la iniciativa en el plano como lo estableció la Junta de Coordinación Política. Exigimos que sea desechado el dictamen y que se debata púbicamente y de manera transparente, una Ley General de Aguas que beneficie no solo a la sociedad, sino a los ecosistemas y asegure la sustentabilidad hídrica del país a largo plazo”. La forma en la que fue aprobada en comisiones para presentarse en el pleno de la Cámara de Diputados, fue considerara por el grupo de expertos como “una forma brutal de imposición”. Los investigadores advirtieron que la redacción del dictamen de Ley, “pasa por encima de programas de ordenamiento, ya sea que la gente se oponga o no, porque la explotación del agua se convierte en un tema de prioridad nacional, pero para beneficiar a una empresa privada”. Por lo anterior, la UCCS señaló que los principales problemas de esta iniciativa es que promueve la privatización del agua al considerarla un bien económico y no un bien cultural y social, así como el desplazamiento de personas y la muerte de ríos. Además “amplía los márgenes para poder contaminar el agua, restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua”. Análisis hasta nuevo aviso Con un escenario electoral de por medio, donde se habrá de elegir a los 500 diputados federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió no abordar de lleno la discusión y dictamen de la Ley en cuestión. Aunque el documento debía estar para su análisis el martes 10 marzo, fue el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones quien se justificó diciendo que se posponía el tiempo necesario “para que se aclaren las dudas y que se deje atrás la desinformación surgida”, en dicho tema. Además señaló “que algunos políticos en campaña hoy quieran tomarlo como bandera, una bandera para confundir a los demás”, lo anterior en relación a los señalamientos de que se trata de una ley privatizadora. Así pues, el documento de la propuesta de la cámara de diputados quedó fuera de la discusión del último periodo de sesiones, por lo que le tocará a la próxima administración debatirla. No es privatizadora: PAN En torno al tema el Diputado Federal por Baja California, Juan Manuel Gastélum, dijo en torno al tema que simple y sencillamente el PRI le sacó “a la grilla. Se le hizo un engrudo, quieren aparentar que está en orden, algunos partidos dicen que iba a permitir la privatización del agua, no vas a encontrar en la minuta una palabra que diga que se va a privatizar”. Dijo que fue el Partido de la Revolución Democrática tomó esa bandera y dado que el país está en etapa electoral, el PRI optó por evadir el tema. “Le sacaron a la manifestación aunque no vamos a aferrarnos”, dijo. Por su parte el politólogo de la UABC Fernando González, comentó que la propuesta del PRI se asimila a lo que se tiene en Estados Unidos, que se rige de la misma forma, tiene que ver con las exploraciones del petróleo. “Para utilizar el agua como insumo se tienen muchas implicaciones ecológicas y enseguida económicas de más de un millón de organizaciones ecologistas, cerca de la mitad tiene que ver con el agua, porque es una parte importante. Nos van a hacer creer que no tiene impactos cuando es todo lo contrario, parece que va a ser un requerimiento como un insumo principal”. El consultado dijo que la propuesta se congeló momentáneamente, por lo que será el próximo pacto donde se asegurarán de tener acuerdos asumidos por la actual administración federal. “El PRI lo dejó de lado porque hay un proceso electoral. Van a tratar de influir mucho en esta elección para que el PRI mantenga la cuota de diputados que tiene ahorita, lo mismo el PAN, aunque tenemos 10 partidos sabemos que el PRI va a controlar 4 o 5 entre ellos el Verde, el Partido del Trabajo por mencionar algunos. “En cuanto pase el proceso electoral lo van a subir. Esas son las trampas legislativas. Es un momento político y que tienen que bajarlas porque el costo es muy alto, después de todas las reformas antipopulares, el tema del dólar, la crisis. Lo dejaron de lado porque  afectaría más el proceso electoral. En resumidas cuentas, esto reduce un tema tan vital como es la nueva Ley de Aguas a un acuerdo coyuntural en donde nadie quiere asumir el costo político.