Enrique Peña Nieto legitimó, en los Tribunales Electorales, su triunfo en la elección a Presidente de la República en 2012. Recientemente esos mismos Tribunales determinaron que la red financiera establecida por el PRI para el pago de dinero a operadores con tarjetas Monex no fue ni financiamiento paralelo ni dinero utilizado para la coacción del voto a favor de Peña. La sospecha de la compra de votos en la elección del 2012 persiste; mientras Peña ha intentado legitimarse popularmente, pero el tiro le ha salido contrario. No solo las reformas estructurales que promovió ante las Cámaras Legislativas no han dado resultados en el beneficio de los mexicanos, sino que han sido tachadas de insensibles y para beneficio de unos cuantos, los concentradores de billetes por supuesto, además de extranjeros. El tema de la inseguridad tampoco ha sido enfrentado por el Presidente con hechos que demuestren la disminución en los índices de violencia. Las aprehensiones de grandes capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Servando “La Tuta” Gómez” no se han traducido en la baja en la actividad del narcotráfico ni en menos muertes, acaso se ha avivado la lucha entre los cárteles ante la ausencia de esos liderazgos criminales, lo cual ha incrementado sobremanera la percepción de inseguridad tanto dentro de México como en el extranjero. El escenario caótico del México gobernado por Enrique Peña Nieto se incendió de nueva cuenta a partir de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, a finales de septiembre de 2014. Las desafortunadas declaraciones del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para justificar la labor investigativa del Gobierno y acabar con las manifestaciones, diciendo que los 43 jóvenes habían sido asesinados pero sin presentar pruebas científicas sino sostenerse solo en los dichos de criminales que aseguran –igual sin que la PGR pueda probarlo– haber participado en la masacre, han afectado la percepción –otra vez en México y en el extranjero– no solo de inseguridad en el País, cuando más de ausencia de Estado de Derecho y justicia. En materia económica México tampoco ha registrado mejoras. Desde el día que Peña Nieto tomó posesión, el peso se ha devaluado un 20 por ciento aproximadamente, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha negado sistemáticamente que la crisis económica que sienten los mexicanos todos, sea eso, una crisis. Las expectativas para el precio del petróleo se han ido, como el costo, a los suelos. La austeridad como medida de contención a esta recesión que por supuesto afecta el presupuesto federal, no se ha visto ni en la disminución de prebendas para quienes trabajan en el Gobierno, ni en la disminución de sueldos, ni en la baja en los presupuestos para los partidos. La austeridad para decirlo claro, no es una realidad en el Gobierno Mexicano, más allá de estar presente en el discurso. En medio de esto, Enrique Peña Nieto perdió credibilidad y respeto de los gobernados cuando el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui –hoy despedida de MVS– develó la compra de una mansión por arriba de los 7 millones de dólares por parte de la primera dama, Angélica Rivera, a una empresa filial de Grupo Higa, la constructora más beneficiada con millonarios contratos a los largo y ancho de la República y por los gobiernos de Peña, primero en el Estado de México luego en la Presidencia. El tufo de tráfico de influencias en la operación financiera de la esposa del Presidente es una esencia que no se quitó con la poco creíble versión de la actriz de haber recibido millonarios pagos por parte de Televisa, lo cual justificó, le permitió adquirir la residencia en Sierra Gorda 150 en el Distrito Federal, y que, vaya, para “calmar” los ánimos y limpiar su nombre y el de su marido, puso a la venta. Los constantes y costosos viajes del Presidente con su familia y la de su mujer, las galerías de fotografías en revistas del corazón de las lujosas prendas de la prole presidencial, también han sido una bofetada a la crisis que los mexicanos viven. En este contexto de inseguridad, de crisis económica, de devaluación, de sospechas de corrupción y tráfico de influencias –aparte de su esposa, también su Secretario de Hacienda compró mansión a Grupo Higa–, de pérdida de respeto y credibilidad de la figura presidencial, Peña Nieto llega a las elecciones intermedias de su sexenio. Está en juego la permanencia de su partido, el PRI, en el dominio de la Cámara de Diputados, pues se elegirán el 7 de junio 300 diputados por la vía directa y 200 por la vía plurinominal, así como 9 relevos en Gobiernos de los Estados, con sus respectivos congresos locales y ayuntamientos. Instaurados los priistas en la época de la abundancia electoral, y a propósito que el Tribunal Electoral resolvió que las tarjetas Monex no fueron ni financiación ilícita, ni utilizadas para la compra de votos en 2012, ahora apuestan a su maquinaria electoral para ganar la mayoría en la Cámara y la mayoría de las gubernaturas. Se entromete en los planes priistas el desempeño del Presidente, la percepción de inseguridad, la crisis económica, y las reformas que han afectado la economía, el desarrollo y el futuro de los mexicanos todos. Cierto, en una semana iniciará la campaña federal, pero a diferencia de lo que dijo el Presidente Peña en su –inexplicable– mensaje a la Nación, no se ven las elecciones que vienen como las más transparentes, cuando no se ha podido transparentar ni la elección del 2012, ni el actuar del círculo presidencial, tanto en el ejercicio del gobierno, como en el desarrollo de sus transacciones financieras personales. No son, pues, los gobernantes que viven en la honrosa medianía, ni las instituciones que inspiran respeto y predilección. Así llega Peña a las elecciones intermedias de su sexenio. Con problemas de inseguridad, con crisis económica, y una anémica credibilidad.
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