“No aplica la alerta de género por cómo viene estipulado en la Ley, porque no es un asesino en serie. No nos lo permite porque todos ésos (asesinatos de mujeres) tienen un asesino, una persona específica que cometió este suceso”, sentenció Brenda Ruacho, presidenta del Sistema DIF en Baja California. La declaración la hizo en Tijuana el miércoles 25 de marzo, justo un día después de que desde el Congreso se exigiera al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, atender los homicidios de mujeres. El comentario de quien representa al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia resulta inapropiado cuando un grupo de académicos locales y nacionales, demandan definir si en la entidad procede la alerta de violencia de género. “La alerta de género tiene que ver con todo un entorno, si las instancias de gobierno están cumpliendo con la atención que les corresponde para atender los temas de violencia, si no es así procede, pero es algo que apenas se investiga”, explicó la diputada Rosalba López Regalado, quien hizo la aclaración: un feminicidio puede englobar cualquier tipo de violencia, no necesariamente asesinatos en serie. Para esa indagación se conformó un grupo interdisciplinario en el que interviene la Comisión Nacional contra la Violencia a Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de la Mujer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversas asociaciones civiles. En rueda de prensa, algunos de sus representantes, acompañados de diputadas del Congreso local, solicitaron la creación de un programa de prevención contra este tipo de violencia, la homologación en todos los municipios de las órdenes de restricción y el reconocimiento de las reformas en el tema de tipificación para los crímenes contra la población femenina. La licenciada Rebeca Maltos Garza, directora de Grupo DIVERSA y coordinadora de Grupos para el Monitoreo de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja California, comentó que la presencia de tortura, abuso sexual y homicidio, “son termómetros de alarma, que requieren la acción expedita, inmediata”. Precisó el registro de 13 casos de presuntos feminicidios, de los cuales nueve ya son identificados y cuatro son mujeres que han reportado como desaparecidas; aún no han aparecido los cuerpos”, resaltó. De 2008 a 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reportó 231 mujeres asesinadas, de éstas, el 53 por ciento en Tijuana, 22 por ciento en Mexicali, 15 en Ensenada y un 3 por ciento en Tecate. Por su parte, la licenciada Laura Gutiérrez López, de Asociación Mujeres Unidas, A.C., recordó los homicidios de féminas ocurridos en la capital del Estado en 2011, donde en algunos casos se llegó a la mutilación de los cuerpos. Enfatizó que una situación de feminicidio inicia con la violencia intrafamiliar y las desapariciones. Al respecto, añadió que en 2014, en Baja California se recibieron 28 mil llamadas por violencia doméstica al teléfono de Emergencias; en Mexicali se presentaron mil 300 denuncias. Aunque desde el mes de febrero el congreso local aprobó una reforma al Código Penal del Estado para ampliar el delito, ésta no ha sido publicada en el Periódico Oficial, por lo que está vigente la normatividad anterior, donde no se especifican las “razones de género” a analizar para acreditar el delito. Además de que la pena sigue siendo de 2 a 8 años de prisión y no de 20 a 50 como lo ordena el proyecto aprobado. En la Secretaría General de Gobierno se aseguró que la reforma ya había sido impresa oficialmente, no obstante, ZETA constató lo contrario y la diputada Rosalba López lo corroboró, al indicar que lo único publicado fue una reforma a un reglamento del municipio de Ensenada.
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