En los últimos años, los mexicanos todos nos hemos ido quedando sin sabios. Los viejos cargados de experiencia, aquellas mentes brillantes que han logrado alcanzar la sapiencia a base de esfuerzo, de caídas y levantadas, de conciencia y compromiso, de vacas flacas, los que son o fueron por méritos y no por concesiones o partidos, nos están dejando solos. Escritores, periodistas, académicos, intelectuales, creyentes de distintas ideologías, se van muriendo, van emigrando o van siendo sofocados. Lo grave es que cada ausencia, adelgaza la capa pensante de México. Ejemplos claros son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y ahora, el Poder Judicial. Desde que un hombre como Vicente Fox alcanzó el poder de la Presidencia de la República a base de bravuconadas, ocurrencias y accidentes lingüísticos, todo fue posible ante una desesperada alternancia. Llegó Felipe Calderón y se nos mostró disfrazado de militar con el traje enorme. Le siguió Enrique Peña Nieto, el que no pudo recordar correctamente por título y autor, los tres libros que le marcaron la vida. Peña Nieto ha intentado quitarle a la presidencia de la República el tinte azulado, y ha pretendido regresar la institucionalidad a Los Pinos, pero sacrificando la democracia, la transparencia, la autonomía de los poderes que conforman el Estado, y afectando la estabilidad política, social, económica y de desarrollo de los mexicanos, todos. En suma, dichas características de la política peñista, se pueden resumir en una palabra: autoritarismo. México está en el umbral o acaso ya lo ha cruzado, de la nueva dictadura perfecta. En una dictadura el poder del Estado recae en una sola persona que controla el Ejército, el Legislativo y el Judicial. Como Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos. En México, con la ayuda a veces del Partido Acción Nacional y su bloque de votos en las cámaras, y otras con la ayuda de los votos del Partido de la Revolución Democrática, la figura del presidente de la república se va erigiendo en todo poderosa. Nunca como ahora más válida la frase aquella de “El Presidente propone y el Legislativo dispone”. Esta semana, con la ayuda de los legisladores del PAN en la Cámara Alta –como sucedió la semana pasada con los mismos Senadores en la ratificación de Arely Gómez como Procurador General de la República- Enrique Peña Nieto envío en calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ex Procurador Eduardo Medina Mora. Pocas veces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la casa de la Justicia ciega, equitativa y expedita, se ha notado la politización del Poder Judicial como ahora. El adelgazamiento de la capa intelectual del Ministerio de Justicia, y el derrocamiento de la libertad y la autonomía de ese, uno de los tres poderes que conforman el Estado. Con Eduardo Medina Mora en la Corte, Enrique Peña Nieto ya tiene dos Ministros en la Suprema. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aunque fue propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos meses del ejercicio de Felipe Calderón como Mandatario Nacional, éste lo hizo a petición expresa del priísta, hoy presidente de la República. Ni Ortiz Mena, ni Medina Mora cuentan con particular experiencia en el Poder Judicial. Ninguno de los dos ha sido Juez. Ninguno fue Secretario de alguna sala, mucho menos Juez en cualquiera de los dos órdenes, o Magistrado de Tribunal Federal alguno, o Tribunal Superior de Entidad cualquiera. La realidad es que los dos Ministros de Peña provienen de la cultura del hueso y la chamba en el gobierno. De titular de áreas de primer nivel en el Poder Ejecutivo, sin conocer de cerca –más allá de una instrucción académica en el derecho- los engranajes del Máximo Tribunal Constitucional del País. De los tres Poderes, el Judicial es el más opaco. Conocemos del Ejecutivo a fuerza de enfrentarnos –como periodistas, como ciudadanos- a la opacidad que caracteriza a las administraciones que desde los partidos políticos emanan a la administración pública. Del Poder Legislativo igual. Conocemos por instrumentos de transparencia, porque las votaciones son públicas y los refrendos electorales pronto entrarán en vigor, de cómo y hacia dónde se mueven los diputados, cuánto ganan, cuántos sus privilegios, cuáles sus bonos, y cuando la discordia mete la cola, nos enteramos de las transas, los moches, las presiones y las negociaciones de una o tal fracción, debido a que otra lo denunció. Pero del Poder Judicial, poco conocemos. Sus canonjías, su exigencia de una pensión, sus ganas de eternizarse en las sillas de la Corte, eventualmente sus defectos personales cuando las víctimas los denuncian. Pero nada sabemos del cabildeo en la Suprema. De los asuntos que se dirimen en las distintas salas, ni de los temas que abordan ni de los intereses que manejan. Confiamos en que, como son hombres y mujeres con harta experiencia en la administración de la justicia, harán lo propio y lo justo. Ahora con el adelgazamiento del compromiso colegiado entre los miembros de la Corte, a propósito que en apenas dos años y unos meses de Gobierno el presidente Peña ha logrado –con el apoyo del PAN y de su partido el PRI en el Senado- meter a dos ex funcionarios públicos, políticos ligados más al PRI, aunque los dos trabajaron con gobierno del PAN, y encumbrarlos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en detrimento no solo del ejercicio del Estado de Derecho, sino de los cientos de hombres y mujeres que iniciaron una vida en el Poder Judicial desde una Secretaría de Acuerdos, y que con vasta experiencia no son considerados para llegar a ser, lo que en su sector, sería el máximo anhelo: Ministro de la Corte. Lo más grave: al ir colocando sus piezas en la Corte, Peña Nieto se ubica no solo como el dedo poderoso que todo lo llena, sino como poder tras el poder del Colegio de Ministros. Así como ya lo logra en las Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, donde poco o nada le niegan y los designios presidenciales se hacen realidad, está a punto de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al proponer a inexpertos en el Poder Judicial, pero aliados y ex empleados del Poder Ejecutivo, resulta lógica la determinación de sobre cuál poder irá su interés. Los Ministros de la Corte resuelven de manera definitiva asuntos estatales, nacionales, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de anulaciones, amparos sobre temas que afectan a muchos mexicanos, de casos contra Gobiernos abusivos, represores. Que el Poder Judicial esté en manos del Poder Ejecutivo, es tan grave como peligroso. Como lo es que personas como el ex Jefe del Sistema de Administración Tributaria o el ex Procurador General de la República, se convierten por obra y gracia política, en Ministros, sin tener ni las cualidades, ni la edad, ni la experiencia, ni la destreza intelectual, ni la sapiencia para ello. Es peligroso lo que sucede en México, y es muy similar al autoritarismo. La Corte pierde su independencia, el Ejecutivo acapara el poder y los mexicanos sufrimos a diario las consecuencias de tan flagrante corrupción en tiempos de Enrique Peña Nieto.
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