Gendarmería débil

Los cinco féretros de agentes federales que sirvieron al Estado mexicano cubiertos con la Bandera Nacional, nuevas balaceras en diversas entidades y el repunte de algunos indicadores delictivos en el país, muestran que las políticas de seguridad no son tan efectivas como las autoridades presumen. Con su vida pagaron el precio de enfrentar a la delincuencia organizada en el Estado de Jalisco, cinco elementos de la flamante Gendarmería Nacional, el programa policial “estrella” del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Agentes que fueron formados para brindar seguridad ciudadana están combatiendo con criminales de “ligas mayores”. Otros siete elementos de la corporación federal de reciente creación, quienes resultaron lesionados en la feroz balacera registrada la noche del 19 de marzo en el municipio de Ocotlán, Jalisco, ya fueron dados de alta médica, pero las huellas de la batalla quedaron en su cuerpo. La primera terrible experiencia para los policías novatos que en los ocho meses que tienen en funciones han andado de un lugar a otro, como nómadas, durmiendo en hoteles citadinos o carreteros, debido a que el tan anunciado programa nació prematuramente e incompleto. Los éxitos de la Gendarmería Nacional se limitan a la cobertura de eventos de alta concentración masiva y el apoyo en emergencias, como en los casos del huracán “Odile” en Los Cabos, donde se restableció el orden tras los actos de rapiña y en el Hospital de Cuajimalpa, en labores de rescate y cordón de seguridad. De las “medallas” que se han colgado los gendarmes, escasamente se recuerdan acciones como la del rescate de nueve guatemaltecos víctimas de tratantes de personas en septiembre de 2014, la detención de diez policías municipales de Iguala en enero de este año, y la captura de dos presuntos narcotraficantes del Cártel de la Sierra en Guerrero, el 18 de febrero último. Entre las acciones poco afortunadas de los miembros de la Gendarmería está la criticada revisión con cacheo a menores de edad durante la noche del “Grito” de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre pasado; y el robo de su arma de cargo, dinero y una tableta electrónica a una mujer operativa de esa corporación policial que resguardaba el aeropuerto de Acapulco el 10 de febrero reciente. Un nacimiento imperfecto Con altas expectativas se apresuró el lanzamiento de la Gendarmería Nacional, proyecto que contemplaba un cuerpo de seguridad fortalecido con 40 mil elementos y que dio sus primeros pasos el 22 de agosto de 2014, con solo cinco mil efectivos; es decir, el 12.5 por ciento de lo planeado. “Se trata de una primera etapa”, justificaron los funcionarios. Durante la presentación, el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que la Gendarmería representaba un nuevo modelo policíaco por su formación militar, su cercanía con la sociedad y despliegue itinerante que iniciaría operaciones inmediatamente en zonas con mayor debilitamiento institucional. Lo que se había planeado como una gran corporación élite de seguridad, pasó a ser una simple división más de la Policía Federal. Iban a apoyar donde no hubiese policías o serían desplegados temporalmente “por criterios de incidencia delictiva e indicadores socioeconómicos”, según el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Cinco mil elementos, significan apenas el 1.13 por ciento de los 440 mil efectivos policiales que tiene México en los tres niveles de gobierno. O sea, casi nada. Y así, el anunciado “nuevo capítulo en la historia del país” inició con el envío de gendarmes federales a Valle de Bravo, en el Estado de México, cinco días después del anuncio presidencial. A principios de septiembre fueron enviados los agentes a otras entidades que presentaban el mencionado “debilitamiento institucional”: Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. El resquemor y las críticas a los gobiernos de esos estados no tardaron en llegar por académicos y políticos de oposición. Cuando mucho se podía enviar a 300 elementos por estado. En Michoacán, el entonces comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo, aseguró que ahí no eran necesarios los nuevos policías; sin embargo, semanas después, la Comisión Nacional de Seguridad envío un grupo para fortalecer la búsqueda de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la organización Los Caballeros Templarios. Del lado de Jalisco recababan datos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las órdenes para la Gendarmería variaron de repente. A la misión de brindar seguridad ciudadana y proteger los ciclos productivos en el país, se agregó fuera de protocolo el apoyar las tareas en contra del crimen organizado. Sin embargo, apenas empezaban labores en un lugar y les ordenaban trasladarse a otro. Así ocurrió en septiembre con la llegada del huracán “Odile” a Baja California Sur, luego el desfile cívico militar donde tuvieron que participar y los trágicos hechos de Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Ni de aquí ni de allá En tanto una partida de aproximadamente 300 elementos de la Gendarmería encontraron estabilidad en Jalisco, hospedándose en el Hotel Posada Guadalajara, en la Avenida López Mateos de esa ciudad, donde la mayoría de unidades policiales están permanentemente estacionadas, en otros estados los movieron con frecuencia. Tras los hechos de Iguala, las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en ese municipio guerrerense. A los gendarmes les encomendaron el patrullaje en la ciudad, realizar la búsqueda de los normalistas desaparecidos en cerros, cuevas y el Río San Juan de Cocula, y después, se les ordenó custodiar a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Las alertas de conflictos violentos obligaron al traslado de tropas a Michoacán y San Luis Potosí, así como a reforzar las que ya estaban en Tamaulipas. La inseguridad se apoderó del puerto de Acapulco, adonde fue enviado otro grupo de gendarmes para inyectar confianza en los habitantes y sobre todo, en los planteles escolares asediados por la delincuencia. De poco funcionó la presencia de la más novel división de la Policía Federal en esos lugares. La violencia no cesó y en algunas ciudades como Acapulco, los hechos sangrientos incrementaron. Más de 70 asesinatos a menos de dos meses del arribo de la Gendarmería Nacional al punto turístico. En Michoacán, el 16 de diciembre de 2014 se registró una brutal balacera en Buena Vista Tomatlán (La Ruana), al enfrentarse dos grupos de ex autodefensas. Uno encabezado por Hipólito Mora y el otro por Luis Antonio Torres “El Americano”. La Gendarmería solo atestiguó los hechos sin intervenir, aunque algunos ex policías comunitarios aseguran que los gendarmes les dispararon y habrían matado a alguna de las once víctimas fatales, entre ellas Manuel Mora, hijo de Hipólito. Los guardianes del orden fueron reubicados para el operativo de seguridad navideña y, en enero del presente año, regresaron a las escuelas de Acapulco. En el mismo mes se terminaron algunas comisiones, entre ellas la de cuidar a los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. En Tamaulipas recogieron sus cosas y se retiraron. Tras la explosión en el Hospital de Cuajimalpa el 29 de enero en la Ciudad de México, fueron enviados casi 200 elementos al apoyo. Las actividades criminales que tienen sitiado al Estado de Tamaulipas motivaron el regreso de la Gendarmería el 7 de febrero y, a mediados de marzo, se les requirió para auxiliar la cobertura de seguridad de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, con 200 efectivos y 90 patrullas. La balacera de Ocotlán Mientras que en Guadalajara se tiene a un buen número de elementos en el ocio del hotel, cuidando sus vehículos y la puerta de su sitio de descanso, aburridos viendo pasar carros y personas, en la Región Ciénega, limítrofe de Jalisco con Michoacán, la noche del 19 de marzo se registró una emboscada. Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación que tenían medida la presencia de un grupo de gendarmes en la zona de Ocotlán, provocaron su asistencia al desapoderar a unos policías municipales de sus armas de cargo. Los agentes federales que viajaban en siete unidades mordieron el anzuelo y fueron en su búsqueda. En calles de la colonia San Juan, los sicarios que estaban a bordo de unos diez automotores abrieron fuego inmisericordemente en contra de los servidores públicos iniciándose un enfrentamiento que duró poco menos de media hora. Al terminar el tiroteo el saldo fue abrumador: once muertos, cinco de ellos de la Gendarmería Nacional, cuatro personas ajenas a los hechos -entre ellos una mujer y un menor- y dos de los supuestos delincuentes. En la escena del crimen, las autoridades contaron más de dos mil casquillos de armas de los calibres .223, nueve milímetros, 7.62 X 39, entre muchos otros utilizados por los narcotraficantes del CJNG. Se reportaron daños en 31 viviendas impactadas por proyectiles de arma de fuego y 29 vehículos, siete de ellos, patrullas de los agredidos gendarmes federales, tres de los delincuentes y el resto de los vecinos de la zona. Policías aseguraron diez armas de fuego cortas y 18 armas largas, dos granadas de fragmentación del tipo MK2 y M67, además de los cascos de dos granadas calibre 40 que detonaron elementos especializados que apoyaron a los federales por parte de la Fiscalía General de Jalisco. Aunque la Fiscalía General del Estado inició el acta ministerial y ordenó las primeras pesquisas a peritos forenses y policías investigadores, la Procuraduría General de la República atrajo el asunto para realizar el resto de las investigaciones. A varios días de distancia del suceso, poco se ha avanzado. La región donde ocurrió la balacera es la misma donde hace poco más de un año fueron localizados 74 cuerpos inhumados en fosas clandestinas en el municipio de La Barca, luego de que dos agentes federales fueran privados de su libertad en Michoacán por policías municipales de Vista Hermosa y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los expertos opinan Guillermo Zepeda Lecuona, profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y profesional asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), lamentó que en el caso de la Gendarmería Nacional “todavía no se desarrolla todo el potencial que se había anunciado y pues no se ha logrado incorporar plenamente las labores de inteligencia policial para el combate efectivo y estratégico del crimen organizado”. El académico estima que en el caso de la pomposa corporación se hizo un cambio semántico, se le dotó de una nueva denominación, pero “lamentablemente no se cambian las cuestiones de fondo y la operación policial que cumpla con reducir los ámbitos de criminalidad”. A pesar de que se ha mejorado el perfil de los miembros de las corporaciones, aún hay evidencia de abusos y de corrupción, señaló el entrevistado. Por su parte, el investigador Fernando Espinoza de los Monteros asegura que “aceleraron la creación de la Gendarmería y está costando muchísimo al erario, pero además, sin resultados. No tenemos resultados de eficiencia como se había dicho que se iban a tener y las funciones que se les están asignando no se están cumpliendo. Es igual que la Fuerza Única en el Estado de Jalisco ¿Cuáles son sus resultados? Ninguno”. El abogado de profesión criticó el gasto que se hace en hospedar policías federales en hoteles, en vez de tener sus propios cuarteles. “Los tenemos aquí en el Hotel Posada Guadalajara con un montón de patrullas, pero al momento que fueron requeridos en Ocotlán, los emboscaron y les ganaron la batalla”, aseveró. “Vemos que la Policía, ni técnicamente está bien organizada. Aunque tengan las mejores armas, no están organizados. Recibí información que incluso algunas de las patrullas no tienen sistema de comunicación. Entonces los mandan a la guerra sin fusil. Creo que está mal concebida esa Gendarmería y ya está teniendo resultados, pero resultados negativos, porque no está respondiendo a las expectativas”, concluyó Espinoza de los Monteros.