No estará en la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, pero fácilmente podría aparecer en la de los políticos más ricos de Baja California. Hasta 2013, cuando el Partido Revolucionario Institucional le hizo pública una lista de propiedades -tan solo en Baja California- que ascendía a más de 50 bienes, y lo denunció en medio de la campaña por el Gobierno del Estado de enriquecimiento ilícito y peculado (por cierto, ¿qué habrá pasado con esas denuncias?), Francisco Arturo Vega de Lamadrid aparecía como propietario, copropietario y beneficiario de donaciones, en 24 expedientes del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado. De esas propiedades, en 17 aparecía como dueño único. De hecho, prácticamente la mayoría de la Ermita, al acumular la Ermita II y la Ermita II con decenas de condominios, departamentos, casas y centros comerciales. Una suma realizada sobre el valor de las 17 propiedades (14 en Tijuana, cinco en Mexicali, tres en Rosarito, dos en Tecate y una en Ensenada) de los documentos del Registro Público en poder de ZETA, da cuenta que el actual gobernador del Estado era, en 2013, dueño de una fortuna en bienes inmuebles y terrenos, que asciende a 124 millones 618 mil 767 pesos. Eso sin contar los bienes que posee en Baja California Sur, donde de su propio dicho se sabe que, junto a socios, tiene contemplado desarrollar un complejo turístico, y también dejando fuera la mansión que se construye en el fraccionamiento Cumbres de Tijuana, en un terreno arriba de los 2 mil metros cuadrados que, por cierto, no aparece a su nombre. En ZETA hemos sido muy puntuales en los reportajes del editor de política, Isaí Lara Bermúdez, sobre las propiedades, construcciones y bienes del mandatario. Investigaciones periodísticas que en las últimas dos semanas han sido retomadas por medios electrónicos e impresos de la Ciudad de México y Monterrey, y con seguimiento en medios locales, de entre ellas destaca que Kiko Vega expuso al columnista distritofederalense Ciro Gómez Leyva sobre su declaración patrimonial, que estaba reservada porque así lo había decidido, pero -comentó- “…te la enseño para que tú la veas, la conozcas, mi declaración patrimonial, no tengo ningún inconveniente. Y he pensado mostrársela a alguna organización ciudadana para que la vean, la revisen y hagan comentarios al respecto”. Esas declaraciones son del lunes 2 de marzo. Al 6 de marzo, el gobernador no ha dado a conocer su declaración patrimonial a los bajacalifornianos, o a los periodistas bajacalifornianos, o a alguna organización ciudadana de Baja California. Lo que sabemos, por ejemplo, es de las 25 propiedades de las cuales en 17 es dueño único, incluidos tres lotes en el fraccionamiento Chapultepec, las dos Ermitas y varios centros comerciales. Lo conocemos porque hasta 2013 aparecían en el Registro Público de la Propiedad, y el PRI las utilizó para promover acusaciones. Pero sí se tiene conocimiento de una declaración patrimonial de Francisco Arturo Vega de Lamadrid. La hizo, obligado por el entonces gobernador Héctor Terán Terán -quien le apostaba a la transparencia y a la honestidad en su gobierno-, la primera semana de diciembre de 1995. Don Héctor había tomado posesión en octubre de ese año, e inició haciendo pública su lista patrimonial y sugiriendo a sus funcionarios hacer lo propio para que la sociedad los evaluara y hubiese pruebas en caso de un enriquecimiento ilícito. Al final del sexenio de Terán presentarían las declaraciones patrimoniales para comparación, pero Terán falleció durante su mandato, un 8 de octubre de 1998. Quienes le sucedieron ya no exigieron a los empleados de gobierno transparentar sus bienes. Bueno, en 1995, Vega de Lamadrid declaró como patrimonio: * Casa habitación con valor de 4 millones 875 mil pesos. * Menaje de casa por un millón 312 mil 500 pesos. * Inversiones y valores por 7 millones 842 mil 200 pesos. * Automóviles por 172 mil 500 pesos. * Terrenos con valor de 5 millones de pesos. En total, en 1995, el patrimonio de Francisco Vega era de 19 millones 202 mil 200 pesos. Aquella cifra era en general toda la fortuna que tenía el entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Al año 2013, solo en propiedades en los cinco municipios, en 17 de 25 en las que aparece como único propietario, el valor asciende a 124 millones 618 mil 767 pesos, sin contar las inversiones en bienes inmuebles en Baja California Sur u otros estados, o la casa que se construye en Tijuana, lo cual significa que en veinte años, la riqueza del gobernador ha incrementado -solo en propiedades- 548 por ciento. En pesos y centavos, implica que cada año, durante los últimos veinte, las propiedades del panista aumentaron 5 millones 270 mil 828 pesos en promedio. Ante tal fortuna y ante tal magnitud en las últimas dos décadas, quizá no sería mala idea que, siguiendo el ejemplo de Don Héctor Terán Terán, el gobernador del Estado de Baja California haga pública su declaración patrimonial para evitar suspicacias, en aras de la transparencia y la honestidad gubernamental. ¿No?
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