El desalojo con uso de la fuerza pública de Elida Rentería, que por 16 años poseyó un permiso de comercio en el parque industrial Fondeport, en Ensenada, puso al descubierto la venta ilegal de una vialidad, efectuada por el ex alcalde Enrique Pelayo Torres; vendió, pero no desincorporó de los bienes municipales el predio, no obstante el comprador ya cuenta con título de propiedad. Todo comenzó con el desalojo de la comerciante, cometido la tarde del pasado miércoles 11 de marzo. Elementos policiacos, inspectores de Comercio, empleados de Bienes Patrimoniales del XXI Ayuntamiento de Ensenada, que encabeza Gilberto Hirata Chico, remolcaron el puesto semifijo de Elida. Aquella tarde, además de la autoridad municipal en el lugar hizo presencia el representante de la empresa Baja Marine, que desde 2013 posee la propiedad de la calle Seis de Fondeport, un parque industrial pesquero, ubicado en zona federal de la delegación El Sauzal. La noche del miércoles 11 de marzo, tras el desalojo, Baja Marine colocó un cerco de malla ciclónica para cerrar el acceso a su propiedad. La controversia creció cuando en rueda de prensa Hans Appel Lafarga, director de Comercio, no pudo sustentar si se trababa de vía pública o propiedad privada; se contradijo. De entrada sostenía que era vía pública, pero ante la presión de los reporteros aceptó que fue a petición del particular. A su rescate acudió Oscar Hernán de la Peña, director de Asuntos Jurídicos, quien sostuvo que solo obra en el expediente de Elida Rentería, que ella no renovó su permiso, por tanto, tenían la facultad para desalojarla; por no portar a la vista y además tener vencidas sus credenciales. Respecto a los derechos de propiedad de la vialidad, aseguró desconocer la información, no era su tema, solo hablar del permiso de Elida Rentería y pidió a los medios de comunicación presentes “interpretar el tema como quisieran”. Por acuerdo de Cabildo fechado el jueves 14 de febrero de 2013, se aprobó la venta de los más de mil 700 metros cuadrados, a 300 dólares por unidad, en la administración del ex alcalde priísta Enrique Pelayo Torres, que denunciado ante el Congreso por la sindicatura social de Ensenada, por corrupción y tráfico de influencias. No obstante, el procedimiento de desincorporación nunca se emprendió, por lo tanto, aunque la calle Seis se estima todavía como vía pública, Appel Lafarga aceptó que si se procedió al desalojo, fue a petición del propietario, es decir, que usaron los recursos del aparato municipal para atender las pretensiones de un particular. Iván Barbosa Ochoa, síndico procurador de Ensenada, inició con la investigación correspondiente el viernes 13 de marzo, primero al constatar que ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Ensenada, el predio aparece ya registrado a nombre de la empresa Baja Marine, establecida en la misma calle Seis. El puesto semifijo de Elida Rentería fue ayer sábado 14 de marzo, regresado a su añejo punto de venta, luego de que echaran abajo el cerco de malla ciclónica colocado por la empresa y Desarrollo Urbano, les cancelara la construcción “fast track” de una barda, ayer mismo. La ciudadana sostuvo tres días una huelga de hambre para que le regresaran su lugar en la calle Seis, e inició un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California. Lo que procede, manifestó Barbosa Ochoa es fincar la responsabilidad a quien resulte responsable, tanto del incidente de la comerciante, como por concretar la compra venta de un bien propiedad del gobierno, sin antes desincorporarlo y averiguar dónde quedó el dinero producto de la transacción.