En un hecho inédito, en la página 3 de esta edición de ZETA se publica un desplegado que firman en conjunto Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, y los Presidentes Municipales Jorge Astiazarán Orcí de Tijuana, Gilberto Hirata Chico de Ensenada, Jaime Rafael Díaz Ochoa de Mexicali, César Moreno González de Castilla de Tecate y Silvano Abarca Macklis de Rosarito. Los seis electos, tres del PAN, tres del PRI, se dicen víctimas del mismo chantaje: “…hacemos público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercida por los directivos de periódicos Healy (Impresora y Editorial S.A. de C.V.) representados en Baja California por los diarios “La Crónica”, “Frontera” y “Frontera Ensenada”, así como sus respectivas ediciones electrónicas, en contra del derecho que tienen los bajacalifornianos de obtener de sus medios de comunicación información, información oportuna, veraz y objetiva”. Refieren lo que quienes leen esas ediciones han constatado: la publicación de notas adversas hacia la figura de los mandatarios que firman el desplegado. De hecho, uno de ellos había confiado a DICHOZ Y HECHOZ en secreto, que las notas negativas hacia su persona eran porque él no había accedido a dar recursos de Desarrollo Social, a periódicos Healy como fue la petición de quienes encabezan las áreas comerciales de los diarios, aparte de los millones de pesos que en convenios publicitarios se destinan a Periódicos Healy. Algunos precandidatos comentaron a ZETA de cómo deben pagar por aparecer en los diarios de la familia sonorense, que además existe una cuota para aparecer en menciones, en entrevistas, en columnas. El gobernador y los alcaldes dicen ser víctimas del mismo trato comercial en las áreas que se supone, deben estar reservadas a la publicación de información objetiva para los lectores de los diarios. Y explican el motivo de lo que llamaron “la política de chantaje”: “Ese manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los Municipios de dar respuesta afirmativa a la demanda económica de Periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ello sería una grave irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos”. Los firmantes finalizan informando la cancelación de las relaciones comerciales con la editora de la familia Healy. Inédito pues que los políticos hagan pública su animadversión ante un medio que requiere de inyección económica para “escribir bien” de sus clientes, cuestión que, vaya, no es una novedad en la prensa oficialista, como sí lo es, la postura del Gobernador y los Alcaldes de Baja California, que no tocan a otros medios que aunque también venden sus páginas, no cuestionan sus acciones, por lo tanto se omite su mención. Una postura más justa obligaría a las autoridades abajo firmantes a también revelar a estos medios bajacalifornianos. En el pasado, ZETA rompió relaciones comerciales con el Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, cuando al inicio de su periodo, pretendió exigir a cambio de publicidad en estas páginas, que se escribieran notas favorables sobre su administración, hecho que el Consejo Editorial dio a conocer a sus lectores. También en su momento, ZETA hizo público que en estas páginas no se aceptaría publicidad ni de la campaña ni del gobierno de Jorge Hank Rhon, pues él mismo era (y acaso sigue siendo) sospechoso de la autoría intelectual del asesinato del Codirector de ZETA, Héctor Félix Miranda. Pero pocas veces se había visto la máxima por parte de un periódico de exigir pago para no pegar, aunque en los últimos años sí se ha visto la tendencia, al menos en el rubro de Espectáculos, de no cubrir conciertos, obras de teatro y demás eventos cuando las empresas organizadoras no compran, primero, publicidad al medio. En ese “dando y dando” a la prensa local –aunque también nos referimos a medios nacionales con presencia en Baja California que incurren en esta mala práctica– parece que se le ha olvidado su razón de existir, que es informar al lector, ser un intermediario entre las autoridades y la ciudadanía, garantizar el derecho que toda la gente tiene a saber en una sociedad democrática como la que en Baja California y en México se pretende construir. Ahora lo que se observa con este lamentable ejemplo es una regresión total al ejercicio periodístico de reducir la labor a un manejo prácticamente delincuencial que ciertos medios hacen de la información, como si se tratara de una mercancía más.
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