Cárteles de la gasolina

Mientras diversas organizaciones criminales presionan a empresas y gasolineros para que les compren el hidrocarburo robado de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la paraestatal implementa medidas para evitar que el problema crezca todavía más. Durante 2014, PEMEX sufrió la ordeña clandestina en 4 mil 127 puntos de la infraestructura con que cuenta para llevar el combustible a todo el país, lo que significó una pérdida anual de 17 mil millones de pesos. Y aunque todos los días, policías de distintos niveles de gobierno anuncian la captura de ladrones de gasolina o diésel, y se reporta el descubrimiento de tomas clandestinas, bodegas de almacenamiento, autotanques y miles de litros de energéticos recuperados, el ilícito continúa cada vez con mayor fuerza. La venta de gasolina “barata” es un negocio visible a las orillas de carreteras, en covachas y hasta por internet, pues mientras en la frontera Norte, el precio del combustible bajó debido a la compra de producto del extranjero, en el Centro y Sur del país los gasolineros que compran a PEMEX no están dispuestos a disminuir el precio debido a su alto costo. Cárteles que originalmente tienen su origen en el tráfico de drogas incursionaron al negocio del robo de hidrocarburo -entre sus actividades delictivas alternas- y han batallado para la colocación de grandes cantidades de gasolina y diésel robado, pues el volumen obtenido no se desplaza con la venta al menudeo. Por ello, las organizaciones delictivas utilizan la amenaza para que las grandes industrias y los franquiciatarios de estaciones de servicio compren los carburantes a un precio menor al oficial, so pena de quemarles las instalaciones, privarles de la libertad, o asesinarlos a ellos o sus familiares. Contingencias y desabasto La falta de seguridad de Petróleos Mexicanos y la incompetencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública, investigación de los delitos y los recovecos de la administración de justicia, motivaron que el robo de hidrocarburos se elevara en el país a problema de seguridad nacional. La impunidad de las bandas criminales que diversificaron sus actividades, la corrupción en cuerpos policiales, las infiltraciones y la falta de controles adecuados durante mucho tiempo en PEMEX, dispararon el fenómeno que hoy se intenta solucionar con un cambio  de estrategia. Las más de 11 mil 600 tomas clandestinas registradas en estadísticas de la paraestatal de 2008 a la fecha, han ocasionado contingencias ambientales por la fuga de combustible, incendios y explosiones en furtivos almacenes, así como la evacuación de comunidades completas ante el riesgo que esto representa. Estas prácticas trajeron consigo desabasto de gasolina Magna y Premium en diversas entidades del país desde finales del año pasado, y se ha agudizado durante 2015 en estados como Jalisco, Michoacán, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, entre los más perjudicados. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, han sido tres las ocasiones que se ha dejado de vender el producto, debido a reparaciones del poliducto proveniente de Salamanca, por perforaciones realizadas por los llamados “chupaductos” desde  octubre de 2014. También, los transportistas resultaron afectados con el robo de vehículos tipo autotanque para el trasiego del combustible robado. Piperos que transportaban agua o sustancias de cualquier tipo, fueron desapoderados por delincuentes urgidos de contenedores para mover el cuantioso botín. Tan solo en Tabasco, en 2014 se reportó el robo de más de 20 pipas que se encargaban de dar servicio a estaciones de gasolina, según datos de la Unión de Expendedores de Petróleo de Tabasco, Norte de Chiapas y Poniente de Campeche. En Jalisco, en dos ocasiones, delincuentes sustrajeron pipas con combustible que ya habían sido aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR). Acción de los cárteles La primera de las organizaciones criminales -dedicada al narcotráfico- que incursionó en el robo y tráfico de hidrocarburos fueron Los Zetas; sin embargo, averiguaciones previas iniciadas por la PGR en los últimos dos años muestran cómo el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación, también se disputan el mercado negro de los energéticos. Aliados o en pugna, Los Zetas y el Cártel del Golfo se han dedicado al robo de gasolina, petróleo crudo o gas para comercializarlo a gasolinerías o refinerías texanas. Estas prácticas no se pueden concebir sin el auxilio de personas capacitadas para perforar las tuberías, por lo que es obvia la participación de empleados o ex trabajadores de PEMEX. En diciembre último, el Presidente del Consejo de Vigilancia de la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Jorge Wade Zúñiga, negó la implicación de empleados de la paraestatal, pero dejó entrever que en los pasillos se habla del tema. “El robo de combustible es una problemática que golpea fuertemente a Petróleos Mexicanos, y desde hace muchos años, orquestado por grupos delictivos y gente infiltrada, por eso PEMEX ha tenido que implementar programas emergentes para erradicar las tomas clandestinas”, declaró Wade. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputa el tráfico de combustible con Los Caballeros Templarios en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Además del tráfico de marihuana, metanfetaminas y operación de narcolaboratorios, los sicarios de ambos clanes se dedican a la ordeña de ductos. Los liderados por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” han ido incluso contra el Ejército Mexicano, y durante una emboscada en el municipio de Guachinango, el año pasado  prendieron fuego a un camión militar que había recuperado gasolina robada. Cuatro soldados murieron calcinados. Se responsabiliza a Nueva Generación de operar la ordeña de los ductos de PEMEX y la venta del producto en las regiones Valles, Sierra de Amula, Sierra Madre y Costa Sur, en el Estado de Jalisco. También son indiciados por la ejecución de dos policías investigadores que incumplieron tratos con los criminales y se les investiga por la desaparición de Ricardo Hernández Garduño, cuando fungía como director de la Policía de Ahualulco de Mercado. Por su parte, Los Caballeros Templarios crearon todo un imperio para entrar al negocio de la gasolina e incluso ejecutaron a un alto funcionario de la planta de PEMEX en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que no se prestó al “lavado” (reventa) de  los combustibles robados mediante documentación oficial. En una acción de la PGR fue intervenida la empresa Petro Bajío, infiltrada por las huestes del narcotraficante Servando Gómez Martínez “La Tuta” e investigada por el hurto de cuatro millones de litros de gasolina mensualmente. Fueron asegurados unos 40 autotanques que transporataban hidrocarburos en Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, las dos últimas entidades enlistadas como las de mayor incidencia en este tipo de delitos. Gasolineros de rodillas El año pasado, una llamada anónima recibida en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) puso al descubierto el poder de Los Caballeros Templarios en el tráfico de hidrocarburos y las amenazas sufridas por empresarios de corredores industriales, distribuidores de combustibles a gran escala y gasolineros. El telefonema alertaba que Los Caballeros Templarios se dedican a robar y vender gasolina y gas en varios puntos de la zona centro del país, como son Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Aguascalientes. “Lo anterior, lo sé porque soy empresario de Jalisco y conozco muy bien el medio, de hecho, por motivos de seguridad no quiero proporcionar mi identidad, ni el nombre de mi empresa (…)”, dijo una voz masculina. El denunciante afirmaba que el “grupo de sujetos están realizando un hostigamiento constante a su servidor y al personal que labora en la empresa para que compre su producto, señalando que no tendremos ningún problema porque ellos ya tienen todo arreglado con la Policía, y que además nos entregan documentación para que no tengamos problemas de nada”. La primera ocasión que el empresario fue molestado por los delincuentes ocurrió en octubre de 2013, cuando un sujeto exigió hablar con él o, caso contrario, quemaría la empresa. El enviado del Cártel de Los Caballeros Templarios llevaba el mensaje de su jefe “Joel”. Le ordenaba comprarle tres pipas a la semana, o si no, “me levantaría a mí y a mi familia… pese al miedo no accedí, le pedí que se retirara”. La Policía llegó dos horas después. En enero de 2014, dos personas se presentaron a la empresa “para ofrecerme un negocio, en el cual ganaban ellos y ganaba yo, pues entregarían en mi empresa de dos a tres pipas de los combustibles que necesitara a un muy buen precio y con facilidad para pagar el producto en una semana”. El acusador agregó que los tipos le garantizaban la facturación de la gasolina y protección contra cualquier acción, ya que su jefe Joel tenía mucho poder, incluso le daban una lista de los empresarios que ya eran sus clientes. La persona anónima contestó a sus interlocutores que no quería problemas y le dieron unos días para pensarlo. La tercera visita al empresario ocurrió a mediados de 2014. Un individuo que dijo llamarse Alejandro Becerril Sanabria llegó a la compañía con dos camionetas llenas de gente y dos autotanques con razón social TEDISA. “Me dijo que el tiempo se había acabado y ya me traía lo que me tocaba, y si no aceptaba que descargaran el producto, que me atuviera a las consecuencias con Los Caballeros (Templarios), ya que ellos solo quieren amigos en la zona y no les gustan los testigos”. El denunciante no permitió que ingresaran los vehículos con combustible y optó por parar actividades y cerrar la empresa, por miedo a las represalias de los delincuentes. A los días decidió avisar a la PGR del suceso y puso en conocimiento del Ministerio Público la lista que los criminales le proporcionaron de los supuestos clientes. Las investigaciones probaron el dicho del delator como cierto. Un operativo efectuado en Jalisco, Querétaro y Distrito Federal, permitió el desmantelamiento de una célula de los Templarios que robaba mensualmente 2 millones de litros de combustibles a PEMEX. En 14 cateos fueron detenidos cinco miembros de la organización, además de que se aseguraron 7 millones 900 mil pesos en efectivo, 20 mil dólares americanos en efectivo, 15 relojes finos, sofisticadas joyas, una máquina contadora de dinero y una báscula digital. La PGR aseguró diez inmuebles, 21 tractocamiones, 28 remolques, 30 teléfonos celulares, ocho automóviles y 17 camionetas de lujo; cinco motocicletas, cuatro armas cortas, un arma larga, 190 cartuchos de diversos calibres, 12 tanques de almacenamiento metálicos, tres tinacos, 250 mil litros de combustible y equipos de cómputo. Fueron clausuradas empresas distribuidoras de hidrocarburos y gasolinerías que compraban el producto robado, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque. La nueva estrategia Durante meses, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, A.C., Juan Pablo González Córdova, solicitó la intervención de autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para detectar y desmantelar el ilícito negocio de la ordeña de ductos de PEMEX, sobre todo de los expendidos ilegales donde se vende el combustible robado a cinco pesos el litro. El pasado 18 de febrero, Petróleos Mexicanos anunció que en breve implementará una nueva estrategia para dejar a los delincuentes fuera de combate. La medida consiste en movilizar a través de sus ductos solo gasolinas y diésel aún sin procesar; es decir, que todavía no son aptos para su uso en vehículos y plantas industriales. La noticia fue dada a conocer por el subdirector de distribución de PEMEX, Francisco Fernández Lagos, quien expresó que la mezcla final de estos productos se realizará directamente en sus terminales de almacenamiento en todo el país y no en las refinerías. Se advirtió que en caso de que el combustible sea adquirido por los consumidores en sitios clandestinos o distribuidores de dudosa procedencia, y no en las estaciones de servicio autorizadas, los motores de los vehículos corren grave riesgo de daños severos. Las reacciones por la nueva estrategia no se hicieron esperar. Algunos gobernadores, como Rafael Moreno Valle, de Puebla, felicitaron a la paraestatal por la medida, en tanto que otros actores, principalmente empresarios dedicados al ramo gasolinero, tienen dudas de la eficacia del anuncio, pues en algunos estados no existen terminales de almacenamiento, y en otros la capacidad podría ser insuficiente. Informan salida de Murillo El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, soltó la frase que le habría de definir hasta el 26 de febrero de 2015. Fuentes extraoficiales del PRI, revelaron que Murillo dejaría de ser procurador: “Ya me cansé”, dijo en relación a una larga conferencia de prensa para intentar “aclarar” los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos por la fuerza. El cansancio que popularmente, caracterizaría al procurador general, ha de concluir en los siguientes días cuando de la Presidencia de la República ratifiquen lo anunciado por los priistas: que el Presidente Enrique Peña Nieto quita a Murillo de la PGR, lo manda a la SEDATU, y como fiscal de la nación llega la senadora tricolor con licencia, Arely Gómez González. De hecho, el 26 de febrero por la mañana, la senadora priista, originaria del Distrito Federal, graduada de abogada por la Universidad Anáhuac, con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, solicitó licencia al cargo de senadora y se presumió que sería nombrada subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR en sustitución de Alejandra Benítez. Un día antes había sido cambiado el titular de la SEIDO. La dimisión de Murillo se da en medio de la crisis de inseguridad más cruda que México ha tenido, no solo por las ejecuciones que superaron las 41 mil en todo el país en los primeros 24 meses de administración de Enrique Peña Nieto, sino por el caso de la desaparición forzada y posterior asesinato e incineración -según la versión de Murillo- de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyo caso ha despertado manifestaciones masivas en la República Mexicana y en el extranjero. La versión del ex procurador general de la República,  sustentada en los dichos de presuntos sicarios al servicio del Cártel Guerreros Unidos, fue puesta en entredicho por científicos de universidades, peritos argentinos, analistas, abogados y, de hecho, por los padres de los jóvenes desaparecidos. En las manifestaciones de justicia en el caso de los 43, la petición de renuncia de Enrique Peña Nieto ha sido la constante. También el retiro de Murillo se da en el contexto de una iniciativa presidencial para cambiar la Procuraduría General de la República, por una Fiscalía General de la República. La institución ha adolecido de corrupción, ineficiencia en el Ministerio Público y rezago en la solución de casos relacionados con delitos contra la salud, lo que ha acercado impunidad a criminales organizados y narcotraficantes, entre otros. La presión mediática, popular y ciudadana era pues, un cambio en la PGR, aunque ello no disminuye la animadversión hacia el Presidente de la República, luego de la inacción en el caso de Ayotzinapa en los días posteriores a los terribles acontecimientos. Después del cansancio de Murillo Karam, la PGR -de confirmarse la revelación priista- será ocupada por una mujer, la segunda en ostentar esa posición luego que Marisela Morales fue nombrada por el ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. La senadora Arely Gómez, de 62 años, laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de Estudios y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación, además, perteneció a la Comisión de Consultoría Jurídica y fue secretaria en la Segunda Sala con el ministro Mariano Azuela, a quien como presidente de la Corte, Gómez sirvió como secretaria general y oficial mayor. De igual manera, trabajó en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta que fue nominada candidata al Senado de la República en la lista del Partido Revolucionario Institucional. La senadora con licencia tiene más experiencia en la administración de la justicia que en la procuración de la justicia. Es hermana de Leopoldo Gómez González, vicepresidente de Noticias de Televisa; es lo que, a pesar de su carrera judicial, la llevó a la Cámara como parte de la llamada “Telebancada”. Dicho lazo consanguíneo está siendo utilizado para justificar, una vez más, la relación que el Presidente de la República sostiene con Televisa.