Adicto muere, CIDA cumplió reglamentación

La noche del 22 de enero de 2015, Miguel Ángel Sandoval Almaraz, de 37 años, iniciaría su tratamiento de adicción en el Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos (CIDA, AC). Con la anuencia de sus familiares, fue privado de su libertad  por cinco internos del mencionado centro, asignados a la tarea de trasladarlo de su domicilio en la localidad de Piedras Gordas, delegación Real del Castillo, en un vehículo propiedad de dicho establecimiento. Miguel Ángel llegó muerto a su destino. Asfixia por sofocación, fue la causa. CIDA, AC es una casa de ayuda mutua ubicada en Terrazas El Gallo, una colonia en la periferia de Ensenada donde se brindan servicios de rehabilitación de adicciones, mediante los doce pasos de Alcohólicos Anónimos. No es una clínica u hospital, y por un precio módico, o en ocasiones de manera gratuita, prestan sus servicios a adictos de escasos recursos. Un día antes de que Miguel Ángel perdiera la vida, sus familiares se entrevistaron con Fernando Manuel Carrillo, director de CIDA, para solicitar los servicios de rehabilitación para su pariente. Tendrían que ir por él, puesto que no estaba de acuerdo en someterse al tratamiento. José María Magaña García, de 26 años; Servando Lugo Rumaoldo, de 42; Óscar García Aguilar, de 34; Heber Ochoa Calderón, de 40 y José Manuel Michel Canizales, de 55, formaban parte del staff del centro a cargo de los traslados. Sin formación de enfermeros o paramédicos, simplemente voluntarios que prestan su servicio en el mismo lugar donde ellos se rehabilitaron. En su afán por someter a Sandoval Almaraz  y subirlo al vehículo Chevrolet Astro, en el que realizaron el traslado, hicieron uso excesivo de la fuerza, provocándole contusiones en el rostro y extremidades, así como asfixia por sofocación, de tal suerte que en lugar de otro interno, entregaron un cadáver. Inmediatamente fueron detenidos por la Policía Ministerial e investigados por  presunto homicidio calificado. La justicia llegó pronto y los cinco son procesados por el delito que imputó la fiscalía. No hubo denuncia ante COFEPRIS Aunque los familiares manifestaron públicamente que interpondrían denuncias ante las autoridades correspondientes, entre las que se incluye la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en este puerto, a cargo de Enrique Ávila Arévalo, no pasaron a solicitar un formato de queja. O por lo menos ante este organismo no hicieron más. “Quiero dejar en claro que, en este caso, fue por el exceso de fuerza con el que sometieron a la persona, por lo que se les hace responsables de su actuar. Sean o no de un centro de rehabilitación, cometieron un delito”, aseveró Javier Avila Arevalo, de la COFEPRIS. Aseguró que los criterios que esta Comisión evalúa, no contemplan la comisión de delitos, únicamente las condiciones sanitarias, como el que no exista hacinamiento, tengan infraestructura adecuada, no estén mezclados hombres con mujeres, o mayores de edad con menores. Luego del incidente, a CIDA se le realizó una inspección. Al margen de que no hubiera una queja formal de por medio, entre sus facultades están las de realizar estas visitas periódicamente, y tratándose de un asunto de esta naturaleza, tomaron la iniciativa. El Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos (CIDA) aprobó los parámetros a evaluar por la COFEPRIS, puesto que según su acta constitutiva, que obra en el expediente que la Comisión tiene y exhibió a ZETA, el establecimiento no ofrece servicios especializados de atención a los adictos, es un centro que trabaja mediante la “ayuda mutua”, explicó el médico José Antonio Ramírez Torres. Se les llama  centros de “ayuda mutua” porque son los mismos drogadictos rehabilitados los que auxilian en los programas,  y asisten a los encargados de emprender una rehabilitación, informó Ávila Arévalo. Mensualmente, la COFEPRIS realiza las visitas o supervisiones a los centros. En el municipio de Ensenada existen 67 establecimientos de este giro, todos conformados como asociaciones civiles y, para poder estar certificados, deben exhibir su acta constitutiva para sustentar cuál es su objeto social, es decir,  las actividades que desarrollarán. Si fuera el caso que un centro ofrezca  servicios especializados, la evaluación es distinta y estará regida por la norma oficial mexicana 028 SSA-2 2012, destacó el encargado de COFEPRIS. Entonces serían otros criterios, ya no solo lo referente a infraestructura y servicios básicos. Las sanciones que aplica la COFEPRIS van desde uno hasta 12 mil salarios mínimos vigentes en el Estado, dependiendo de la falta, las condiciones económicas del infractor. De haber reincidencia, se clausura el lugar. Las faltas que se pueden consignar son, por ejemplo, que encuentren a personas intoxicadas al momento de la visita, no contar con un responsable médico, no integrar debidamente los expedientes clínicos, no contar con sala de exploración. En todo ello el CIDA sí cumplía este centro de ayuda mutua. No hubo sanción porque para los criterios sanitarios que evalúan, la falta más grave es que un interno que amerite hospitalización permanezca en las instalaciones, y como en este caso, al lugar llegó la persona muerta, más que sanitario, fue un asunto de orden legal. De acuerdo al Artículo 16 del Código Penal de Baja California, los implicados podrían alcanzar una pena de 20 y hasta 50 años de cárcel, por el delito de homicidio calificado,  dependiendo si éstos tienen o no antecedentes penales. Instalarán Comité contra las Adicciones y la Violencia Familiar De acuerdo al Observatorio de Adicciones 2013 del Instituto de Psiquiatría de Baja California, las principales sustancias que se consumen son el alcohol (82.82 por ciento),  el tabaco (41.79%) y la marihuana (4.95%). De los encuestados, el 41.46% consumió alguna sustancia psicoactiva en los últimos 12 meses. El presidente  del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Jonathan Díaz Castro, considera que Baja California tiene un grave problema de drogadicción. Afirma que los adictos que necesitan conseguir para sus dosis, son los que cometen los robos que han elevado los índices de este delito en la entidad. No son robos impresionantes, pero le causan molestia al ciudadano. Esta instancia está en pláticas con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid para instalar un comité ciudadano contra las adicciones y la violencia familiar, porque esta última genera drogadicción, y la drogadicción genera violencia familiar, “es inherente”, indica Díaz Castro. Existen consejos que son meramente gubernamentales, pero es necesario involucrar a la ciudadanía para atacar el problema, remata.