En días pasados las autoridades de los tres niveles de Gobierno acudieron a campos agrícolas instalados en el municipio de Comondú, los cuales explotaban jornaleros. Allí fueron localizados un total de 200 trabajadores del campo, entre ellos menores de edad trabajando, además de salarios muy bajos y condiciones deplorables en las que habitaban. Por ello autoridades de la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico de Baja California Sur, se dieron a la tarea de solicitar verdaderas condiciones que permitan el desarrollo económico de los campos agrícolas. Así lo informó el titular de la dependencia, Joel Ávila Aguilar. “Ver que se han hecho acciones importantes en predios que se le ponen las condiciones de vida humana y de trato a estos jornaleros, pero aun ello, hay mucho camino que recorrer, fíjate que la voluntad de nuestros empresarios y de los productores de nuestro estado, no hay negación de hacerlo”, afirmó. 90 de los jornaleros agrícolas procedentes de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, ya fueron devueltos a su tierra de origen, antes de regresar se garantizó que estuvieran en condiciones para viajar, así como obtener sus salarios retenidos por la propia empresa, el Rancho ‘El Cerezo’. “Surgen las líneas de responsabilidad de quien sea, tuvo que ir el gobernador al rescate de seres humanos, de seres humanos que no pueden esperar las rutas jurídicas. Un enlace que hicimos con el Gobierno de Chihuahua para generar la recuperación, dignificación, saneamiento de todas estas personas, cobraran su salario que se les tenía ahí retenido, y ya están gracias a Dios a esta hora arribando a Chihuahua”, informó. El Secretario de Promoción y Desarrollo Económico de Baja California Sur reconoció que dichos problemas no se encontraban en la agenda. Sin embargo dijo que se debe crear una verdadera coordinación interinstitucional de los tres niveles para evitar este tipo de tratos. “Tenemos que fortalecer con mayor atención y poner en la agenda de este estado, entre otros, un tema que no lo tenemos en la agenda porque lo damos por hecho, que la propia cultura de nosotros es tratar bien al ser humano”, finalizó. Ante el suceso ocurrido en días pasados, autoridades mantendrán vigilancia en los ranchos agrícolas del estado con el fin de que no se vuelva a presentar esta clase de abusos. Marcos Covarrubias, Gobernador del Estado, instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dar vista a la PGR de la investigación que inició por estos hechos en el ámbito del fuero común y además a la Secretaría del Trabajo estatal notifique a la dependencia federal para que pueda proceder al cierre del rancho con base en sus facultades. “Dimos la instrucción al Procurador de Justicia del Estado para que de la investigación que hicimos en el fuero común se dé vista a la Procuraduría General de la República y que puedan avisar si en efecto hay delitos del orden federal en cuanto a la trata de personas, el abuso infantil, e incluso que pudieran revisar si hay algo de delincuencia organizada”, afirmó.<o:p> Sin embargo dentro de las declaraciones que hiciera Covarrubias Villaseñor ante el confinamiento que sufrieran jornaleros agrícolas, surgieron reacciones en el propio Estado de origen de jornaleros; desde Chihuahua el Secretario de Desarrollo Social, José Luís García Rodríguez solicitó a las autoridades Sudcalifornianas que se haga una auditoría en el tema. “El Gobierno de Chihuahua le pide que haga auditoría de resultados para que se vea qué hace Baja California Sur por sus indígenas y qué hace Chihuahua”, expresó. Ya en Baja California Sur, el Congreso del Estado a través de un punto de acuerdo, solicita la comparecencia de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo Estatal y Federal ante el pleno legislativo. Edith Aguilar Villavicencio, Diputada Independiente, externó que se “solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y Estatal a que informe en un mesa de trabajo en el Congreso, sobre las acciones de esa dependencia sobre el derecho de los jornaleros agrícolas en Comondú, cometidas por la empresa cooperativa CEREZO sociedad agrícola, así como de las acciones en el ámbito de su competencia que lleven a cabo para garantizar los derechos humanos y mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas para evitar que este tipo de casos se sigan presentando”, solicitó.
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