Siguen desapariciones violentas

La noche del jueves 28 de agosto de 2014, Jorge Eladio llegó hasta la zona del fraccionamiento Misión San Ángel –en la salida sur de Mexicali, hacia San Felipe–, junto con un acompañante se acercó a un puesto de hot dogs pegado a una tienda Ley. Manejaba un auto tipo Honda, azul, cuando de repente se le atravesaron dos pick ups doble cabina con estrobos, uno rojo y otro gris. “Este carro tiene reporte de robo”, le dijeron al tiempo que corrieron a la persona que iba de copiloto. Posteriormente les llamaron a sus familiares desde un teléfono celular pidiéndoles dinero por su libertad, luego ya no se comunicaron y al joven de origen sinaloense ya no lo volvieron a ver. Los allegados aseguran que quienes lo levantaron “fueron del gobierno”. Sus familiares sospechan de policías federales, incluso mencionan que al acudir a las oficinas de la subdelegación de la PGR en Mexicali vieron estacionado el pick up rojo. “Hay un modus operandi coincidente, en varios casos se sospecha que son agentes de la Policía Ministerial Federal, por la forma que actúan, por el lenguaje, por los vehículos. Operan con las mismas características”, sostiene Migue Ángel García Leyva, miembro de la Asociación Esperanza contras las Desapariciones Forzadas y contra la Impunidad. En otro caso, sucedido el 27 de septiembre del 2014 en la zona de Villas Campestre –también al sur de la ciudad– unos tipos armados y a bordo de una pick up roja y otra azul llegaron a una casa medio abandonada que era ocupada meses atrás por tres jornaleros, los revisaron, se los llevaron. Los familiares de uno de ellos, José de Jesús, lo buscan afanosamente desde entonces. Según vecinos, los raptores tenían aspecto de policías. “Queremos el dinero, si no, en la oficina les van a pedir más”, le dijeron a uno de ellos. Otro incidente más ocurrió la madrugada del domingo 12 de octubre en una zona cercana a la estación ferroviaria en Mexicali. En un edificio-bodega utilizado por migrantes para pasar la noche, un grupo de seis hombres –algunos eran de origen centroamericano– vieron interrumpido su descansando cuando llegaron hombres armados, igual en pick up, traían gorras negras, chalecos, hablaban por radio. Llegaron agresivos, los golpearon, “Tú, cabrón, vales cinco mil dólares”, le dijeron a un hondureño, mientras que a otro de los asustados migrantes le comentaron que “son buenos como topos (así les llaman a los que trabajan los túneles), ahí hay un billete…”. Uno de ellos alcanzó a escapar, pero a los otros cinco no los volvió a ver. Puso la denuncia ante la mesa de quejas que cada miércoles se instala ahí en las afueras del edificio del Congreso, en Mexicali. Después también se desapareció. “Desde agosto, septiembre, hemos documentado muchos casos, unos en las mesas ciudadanas, otros que vienen a la oficina y otros no quieren venir, nosotros vamos a donde nos dicen. Hay temor”, sostiene el abogado sinaloense Miguel Ángel García Leyva, miembro de la Asociación Esperanza contras las Desapariciones Forzadas y contra la Impunidad. García recuerda lo sucedido el 23 diciembre de 2014, donde los contactaron para denunciar la desaparición de dos personas –en la colonia Carvajal–, pero no quisieron acudir a la oficina. Al final no alcanzaron a poner la queja señalando que los estaban siguiendo. En todos los casos la sospecha principal tiene que ver con la presunta participación de agentes federales, de la PGR, expone el activista. Según el abogado, en estos últimos 13 años en la región se han suscitado cerca de tres mil desapariciones, aunque en muchos de los casos los familiares, por temor, no denuncian ni ante las autoridades ni ante los grupos de activismo. De leyes y fiscalías García Leyva comenta que ya se ha logrado establecer un protocolo con las procuradurías para eliminar el requisito de esperar las 72 horas después de la desaparición para empezar a investigar. “Para las autoridades, para las procuradurías desafortunadamente sigue siendo un “levantón”, dice en relación al concepto que más bien se liga con la delincuencia organizada, y que ha significado que en ocasiones no sea respetado ese protocolo para no tener que esperar las 72 horas para iniciar la investigación. Menciona el caso de Baja California donde en julio del 2008 se creó una Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, pero no había marco penal, por lo que después de mucha insistencia se logró reformar el Código Penal para considerar delito grave la desaparición forzada –conforme al artículo 167 bis y el 103 del Código de Procedimientos Penales– pero luego la fiscalía fue desaparecida. “Algo más grave, con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia penal no integran al nuevo Código Penal el delito de desaparición forzada”. Otro incidente con el tema tuvo que ver con la aprobación en julio del 2013 de la Ley General de Víctimas, pero fue vetada por el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, lo que implica que no se publicó y nunca entró en vigencia. “Eso es muy necesario para entrar en los procesos de reparación del año y los procesos de indemnización que tengan que llevar a cabo las víctimas”. En el caso de la Fiscalía, inicialmente se designó de titular a Héctor Grijalva Tapia, pero al mes fue reasignado a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, luego se designó a Miguel Ángel Guerrero Castro, pero también fue asignado a la titularidad de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. “La Fiscalía no está operando, hay agentes comisionados para casos de desaparición, es lo que viene siendo Capea, el Centro de Atención a Personas Extraviadas” De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado –modificado el 28 de junio del 2010– la parte de los desaparecidos quedó integrada en la Subprocuraduría contra la delincuencia organizada, pero en el reglamento solo se le menciona escuetamente y después de XIX Capítulos. Textualmente se incluye “Además de las atribuciones anteriores, desde su primera intervención la Unidad Estatal Investigadora de Personas Extraviadas o Ausentes deberá conocer, dirigir y supervisar las investigaciones ministeriales relacionadas con personas extraviadas o ausentes, sin perjuicio de aquellas relacionadas con delito diverso y remitiendo éstas, de forma inmediata, al Agente del Ministerio Público que requiera la investigación”. La tercera semana de enero, después de un mitin sobre el tema de desapariciones se entregó en la oficina del Ejecutivo un documento donde se solicita una audiencia con la idea de poder establecer mesas de trabajo donde participan los diversos grupos como la Asociación Esperanza y Unidos por los Desaparecidos o la Comisión Ciudadana Contrala Impunidad. “Necesitamos reactivar y crear de nuevo la estructura de la Fiscalía sobre Desapariciones Forzadas y ver sobre el marco jurídico para considerar como delito la desaparición forzada y readecuarla a las estándares internacionales y reforzarla con los conceptos de irretroactividad, y de imprescribilidad, de que el delito no prescriba”. Refiere además que, en concordancia con organizaciones nacionales se busca impulsar la Ley General de Desapariciones Forzadas que se homologue con países más avanzados en ese precepto, como el caso de Colombia, Argentina, Chile y Paraguay. Resultados positivos, PGJE David Alberto Lozano Blancas, Coordinador de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada en la zona Mexicali. Asegura que la Fiscalía sigue subsistiendo y actualmente es la Unidad Estatal de Investigación de Personas Extraviadas aunque adelanta que hay un proyecto para modificar el nombre. Esa instancia opera en Mexicali un agente del Ministerio Público, un Jefe de Grupo y personal de la Policía Ministerial, suman ocho elementos. “Seguimos obteniendo  resultados positivos”, sostiene Lozano quien aclara que como Unidad estatal sigue haciendo las mismas funciones de la Fiscalía. Refiere que esa instancia en Mexicali actualmente tiene cerca de 80 casos, aunque acepta que en la Unidad hacen dos grandes divisiones: Las personas no localizadas por “no delitos”, que tiene que ver con extravíos de personas ya sea por edad o pleitos familiares o sentimentales. Esa parte sigue siendo Capea y depende de la Subprocuraduría de zona, explica Lozano, al preguntar sobre el número de casos. La otra parte –donde incluye esos 80 casos en investigación– son los relacionados con delitos, los que cuentan desde 2008 a la fecha. Desglosa cifras y asegura que de esos 80, tienen unos 50, los otros 30 los catalogan como “resueltos”, lo que implica que tengan localizados e identificados los cuerpos, aun cuando acepta que no en todos los casos se haya detenido al responsable. Los otros 50 están en investigación. Lozano acepta también que una buena parte de los casos tienen que ver con delincuencia organizada y refiere algunos casos de hallazgos donde se localiza –por ejemplo– el cráneo de la víctima con un impacto de bala. “Se presume que están relacionado con la delincuencia organizada, sobre todo por el antecedente que hay en la investigación. También expone que se está en proceso de la firma de un convenio con autoridades estadunidenses para poder realizar análisis comparativos de genética con cuerpos localizados en Estados Unidos que allá los tienen como no identificados. Asegura que aquí hay banco de datos de los familiares de desaparecidos ya que ha habido diligencias, declaraciones. El funcionario refiere que hay buena relación con los representantes de las organizaciones sociales, que el año pasado abordaron entre ocho y nueve asuntos, pero de los casos más recientes denunciados por la Asociación Esperanza no los tienen documentados. “Es muy importante que vengan y denuncien, ellos pueden referir cifras, pero si no están oficializadas, si no están denunciadas, esos (últimos) casos no están documentados con nosotros…” —La gente tiene miedo, se le comenta, a lo que Lozano Blancas responde: “Pues ¿por qué no denuncia, si tiene miedo…?”. Finalmente comenta que entre los proyectos que tienen actualmente buscan engrandecer el área, ampliarla e incluir atribuciones y más personal operativo y más fiscales, más la creación de la unidad canina. “La tendencia que traemos es muy similar a la que trae la PGR, fortalecer el área de personas desaparecidas, las que llamamos no localizadas y ahí se incluye por delito y por no delito”, dice en referencia a reformas al reglamento que están por entrar en vigencia y donde se incluye restituir el nombre al Área de Personas Extraviadas y no Localizadas. Casos sin descifrar -Diego Hernández “Después de ese golpe, se malvive”, expone Irma Leyva en alusión a la desaparición hace ocho años de su hijo Diego Hernández Leyva. “No he terminado de cerrar este ciclo, si hubiera pasado lo que hubiera pasado, si tengo a mi hijo y le doy cristiana sepultura, creo que no fuera tanto dolor, porque tienes a donde ir a llorar, pero al no tenerlo, al estar imaginando dónde está, creo que es la muerte de todos los días”, refiere la madre del ex agente desaparecido quien insiste en que su lema es seguir buscando a quien fue visto por última vez la noche del jueves 11 de enero del 2007. “Después de un año, dos años, dices, quiero ver su osamenta, quiero darle cristiana sepultura, pasan cinco, seis, siete, ocho años, hoy lo único que pido es encontrar una placa de titanio que tenía mi hijo en la clavícula derecha para decir por lo menos, ahí quedó, esto es lo único que pude recuperar”. -Pierre Meza López Imelda López, madre del joven Pierre  Meza López, quien fue desaparecido el 14 de agosto del 2006, explica: “A ocho años de su desaparición y hasta ahorita las autoridades, nada, no hacen nada, no investigan nada, antes por lo menos nos llamaban, hace tiempo que no nos han llamado, lo que tienen ahí es lo que uno les dio de investigación, lo que investigamos por nuestra cuenta”. Pierre, estudiante de Derecho en Cetys Universidad, fue levantado junto con otro joven hijo de una mujer que tenía una casa de cambio. Presuntamente ella negoció con los secuestradores y logró la liberación del muchacho, luego salieron de la ciudad, pero del joven Meza López no se supo nada, el caso quedó congelado. -Rigoberto Flores Otro caso es el del asesor en el Congreso del Estado, Rigoberto Flores, quien fue desaparecido el 3 de febrero del 2005 al llegar a la Central de Autobuses de Tijuana. Entre las investigaciones de la propia familia lograron saber que el abogado fue levantado por un comando de entre 10 a 12 ministeriales y nunca se supo más.