Padres de Iván Alexander denunciarán a la CESPT

Por antecedentes similares al caso de Iván Alexander, menor fallecido luego de caer en una alcantarilla sin tapa de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) el domingo 1 de febrero, es viable buscar una indemnización para los padres, aseguró el abogado Carlos Atilano. Además, aunque aún no cuentan con abogado, el padre del menor, Rafael Sánchez Macedo, declaró estar convencido de iniciar acción legal contra la paraestatal, pues ésta no se le ha acercado desde el día que encontraron el cuerpo de su hijo, el miércoles 4 de febrero. Miembro y ex presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Atilano recordó que en el año 1999, él tomó un caso con características similares, donde resultó herida de gravedad una enfermera. “Igualmente, una tapa de una alcantarilla en la Zona Río estaba fuera de su lugar, no se la habían llevado, sino que se movió y estaba fuera de su lugar. Pasa un camión repartidor de agua, la impacta y sale volando la tapa contra la humanidad de una enfermera. La golpea en la espalda y las piernas, le causa fracturas expuestas, estuvo muy grave”. Por la atención pública que generó el hecho, el Colegio de Abogados llevó el asunto y se inició un Juicio de Responsabilidad Objetiva en contra del Gobierno del Estado, de la CESPT, del municipio y de la empresa privada repartidora de agua. “Se inició el juicio, se notificó a las autoridades demandadas y en reconocimiento a esa responsabilidad, hubo una liquidación aceptable y convenida con la enfermera”, relató. No hubo necesidad de concluir el juicio por el convenio, pero destacó que lo importante fue que “por primera vez se intentaba una acción de esa naturaleza contra el conocimiento general y mal informado de la gente, de que contra el gobierno y las instituciones no podía ejercitarse acción alguna”. Comentó que incluso podría abrirse un proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se le preguntó si el Colegio de Abogados podría encargarse del caso de Iván Alexander, respondió: “Sí, por la importancia del caso y el relieve que presenta podríamos someterlo a la consideración del consejo, para que lo tomara el colegio de manera gratuita, inclusive”. Mencionó que  el juicio se respaldaría en el Código Civil de Baja California, capítulo V, “De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos”. Ahí, la fracción I del artículo 1793, reza: “Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad total, parcial o temporal, el monto de la indemnización se fijará aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo”. Carlos Atilano, mencionó que “sería saludable” que la familia se decida por ejercer acción legal, para que las autoridades entiendan que deben responder por las causas del incumplimiento de sus obligaciones. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Baja California, abrió de oficio una investigación con el número de asunto 182 por Violación al Derecho de la Legalidad y Seguridad Jurídica en la modalidad de Prestación Indebida del Servicio Público. De una primera solicitud de información, obtuvo de la CESPT el historial de los trabajos que se han hecho en la alcantarilla del fraccionamiento Marsella, que de acuerdo al titular de la PDH, Arnulfo de León, es donde cayó Iván Alexander. En el historial, en posesión de ZETA, se registran trabajos con fecha del 24 de octubre de 2014, ninguno de ellos por reposición de tapa. Lo anterior, a pesar de que en entrevista, el director de la paraestatal, Alfonso Álvarez Juan, dijo que se reportó la falta de tapa el 23 de octubre del 2014 y se repuso el 14 de noviembre del mismo año. En respuesta, la CESPT informó que carece de un seguro que sea aplicable en casos como éstos, por lo que actualmente el departamento jurídico analiza de qué forma pudiera responder con una indemnización.