No hay plazo para depurar policías

La última semana de enero, el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, aceptó una entrevista con ZETA para hablar de la depuración de los más de 170 agentes que están laborando en la institución que él encabeza, a pesar de haber resultado como no aprobados en los exámenes de confianza. En la edición 2129 puesta en circulación el 16 de enero, ZETA publicó un trabajo en el que hizo referencia a estos agentes no aprobados y se ejemplificó con 57 casos concretos, de los cuales por sus declaraciones se determinó: * 10 eran corruptos, apoyaban a criminales, cometían delitos, cobraban cuotas y otros ilícitos en asociación delictuosa. * 5 acostumbraban a torturar a las personas que detenían. * 6 tienen problemas de adicción al alcohol o alguna droga y declaraban presentarse a laborar en esas condiciones. * 16 usaron documentos falsos, normalmente certificados de estudios, para ingresar a la corporación. * 17 tienen antecedentes en Estados Unidos: 12 por cruzar droga y otros 5 por delitos como robo, sexo con menores, o manejar en estado de ebriedad. * 3 calificaron como no aprobados porque tienen problemas de personalidad, depresión o problemas con la autoridad. Durante los primeros días posteriores a la publicación de ZETA donde se enumeraron los casos con nombre y fotografía de los no aprobados en el examen de Control Evaluación y Confianza, que es requisito aprobarlo para pertenecer a una corporación de seguridad de acuerdo a la Ley General de Seguridad Pública, el secretario Lares se dedicó a evitar su responsabilidad en la no depuración de los policías reprobados que siguen activos en la corporación tijuanense, e intentó concentrar el debate público en la forma en que esta información había llegado al ZETA. Oficiales reprobados, en activo y armados Ya en entrevista con las editoras de este semanario Lares informó que los policías reprobados siguen dando servicio y en contacto con la comunidad, en la calle con supervisiones a pie, en casetas o laborando normal, asignados a zona Río, Otay, Centenario. Reconoció que algunos aún portan arma a pesar que la no aprobación les impediría tal acción, “…algunos no, por el C3 la recomendación es no traerlos con arma”, pero dijo no poder especificar de los no recomendables, quiénes sí traían pistola. Dado que públicamente se responsabilizó a la Comisión de Desarrollo Policial de la no depuración de los uniformados reprobados se le preguntó de las sesiones para el análisis de los casos y dijo que se han reunido 8 o 10 veces, y que sí  han revisado este tema: “… de hecho todos (los policías no aprobados) en su mayoría ya han sido notificados, ahorita no traigo rezago en los elementos. Lo único que haces es que se tiene que respetar el debido proceso”, dice para justificar la tardanza, porque algunos de esos 171 nombres, fueron recibidos hace más de un año como no aprobados. Detalló lo largo del proceso: “El C3 manda la copia a sindicatura y a la comisión de desarrollo policial… —Y al Alcalde… “Bueno al Alcalde, después sindicatura manda el expediente, porque ellos integran, a la comisión de desarrollo policial. En la Comisión de Desarrollo Policial se tienen que desahogar las pruebas, se le notifica al oficial y se le da un tiempo para iniciar el proceso, este elemento en ese tiempo debe acudir ya sea con su abogado a presentar las pruebas necesarias y poder desahogar todo el proceso, se llega el tiempo a la determinación donde sesiona la Comisión de Desarrollo Policial, y se toma una determinación colegiada. Está sindicatura, regidora de seguridad pública, personal de la sociedad, algunos representantes de los empresarios y del consejo ciudadano”. Pero la realidad es que no hay representantes ciudadanos. ZETA consultó el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, en el cual se indica que dentro de la Comisión de Desarrollo Policial, habrá un representante de la comunidad que será, “… del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, Baja California, con voz y sin voto”. Sin conformarse Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Pero sucede que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de Tijuana no ha sido constituido, precisamente por estar en el escritorio de Lares. Un funcionario de presidencia municipal explicó a ZETA que ya se recibieron las solicitudes para integrar a los miembros del Consejo, que incluso se tenía ya la propuesta para dirigirlo, pero que para concluir la creación le pasaron el expediente a Lares y es éste quien ha retrasado la conformación del Consejo, que una vez que ello suceda, uno de sus miembros tendrá –entonces sí– un espacio en la Comisión Policías. Sin embargo y para verificar si existía algún otro representante ciudadano en la mencionada comisión, también hubo comunicación con Juan Manuel Hernández Niebla presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien explicó que ellos no tienen a ningún representante, la misma respuesta dio Gustavo Fernández de León, presidente de la delegación Tijuana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) “…nosotros no tenemos un asiento ahí”. Solo tres Policías removidos Del tiempo que lleva un proceso de remoción en la comisión, Lares Valladares explicó que pueden ser hasta dos años y aseguró que los 171 reprobados están notificados. — ¿Alguno de la lista ha sido removido? “Han sido tres removidos del cargo, y tengo entendido que 8 han sido suspendidos”. Se le pregunta específicamente por el caso del policía Arnoldo Ismael Garay, quien admitió liberar delincuentes por dinero, y que mientras estuvo suspendido por sus ligas criminales,  movió cadáveres en la vía pública para el grupo criminal de “un amigo”.    Lares respondió: “Él, tengo entendido ya fue suspendido, si no me equivoco fue suspendido la semana pasada”, después de la publicación de ZETA. — ¿Cuándo votaron por su remoción? “Sesionamos el miércoles 21 de enero”. — ¿Por qué los casos graves no se suspendieron en su momento? “Insisto, tenemos que respetar el debido proceso de cada uno de los elementos”. Usando su término de las manzanas podridas en un frutero –para explicar que no todos los agentes son corruptos– se le preguntó: ¿No hay manera de deshacerse de las manzanas podridas de manera más expedita, sobre todo de las que tienen un examen antidoping positivo, o están aceptando que cometieron delitos? Respondió que “sí”, pero cuando se le inquirió cuál era ese procedimiento, repitió: “Igual tengo que integrar el expediente, sesionar en la Comisión y tomar la determinación, es lo mismo para todos. Partiendo de que Lares Valladares, cursó la carrera de licenciado en Derecho y la especialidad en Criminalística en la Universidad UNEA (antes Univer), ZETA le recuerda  que la Ley dice que se puede suspender mientras lleva el proceso, en casos donde amerite. Además se trata de elementos que dicen que consumen droga, que dicen que han pasado droga a Estados Unidos, que declaran haber movido cuerpos. — ¿Y en esos casos en específico, Secretario?, se le consulta. El Secretario Lares Valladares hace un silencio. — ¿Para usted que es grave y que puede ameritar que los suspenda para seguir el proceso? “Pues esos casos son gravísimos, esos casos no pueden estar en las filas”. — ¿Entonces por qué no los suspendió? “Es que si les voy a decir 20 veces que estoy respetando el debido proceso y no me comprendes…”; entonces se le recuerda al Secretario que el debido proceso dice que los puede suspender y contesta: “Pues sí, pero tengo que sesionar, para que todos en la comisión (de Desarrollo Policial) determinen”. — ¿Entonces, usted ya llevó los casos –de los policías reprobados– a la comisión y le dijeron que no? “Aún no”. — ¿Entonces no ha llevado el tema? ¿Ése es de origen el problema? ¿No habían agarrado los expedientes y no los habían visto en comisión? “Mmmju, mmmju”, respondió con sonidos labiales y guturales de manera afirmativa. — ¿Pero ya los entregó? “Ya están todos en la comisión”. De los agentes que usaron documentos falsos para ingresar a la corporación, justificó la tardanza en darlos de baja, en el hecho que la Comisión también debe realizar su investigación a pesar que ya se recibió en los expedientes, el documento de las escuelas, donde informa que los agentes mencionados no realizaron sus estudios en sus planteles; “Se deben solicitar los certificados apócrifos, que se fueron a PGR en vía de denuncia”. “Lo importantes es que ahorita los tengo ubicados (a los corruptos)” — ¿Por qué le preocupa, como dijo usted, más saber quién filtró la información a ZETA, que tener en la corporación a policías coludidos con criminales, antecedentes de tráfico de droga, torturadores o adictos? “Porque esa información es confidencial, solamente la tienen personas, tres áreas, que es la comisión de desarrollo policial, la sindicatura, y el alcalde, entonces claro que es interesante saber quién pudo haber filtrado la información, obviamente te vas a dar cuenta y puedes tomar medidas en cuanto a si le debes seguir dando esa información”. — ¿Pero eso no depende de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal? “Yo lo sé”. Finalmente reconoció que la publicación de ZETA no afectaba el debido proceso y agregó: “…lo importante es que ahorita los tengo ubicados y que seguramente este año se van a depurar, ¿cuándo? No tengo fecha”. En Mexicali tampoco hay apuro en depurar Luego que públicamente –el 23 de enero en la edición 2130 de ZETA– se dieran a conocer los nombres de los 90 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali que reprobaron los exámenes de Control y Confianza, 10 más con antecedentes en Sindicatura Municipal y otros 12 investigados por secuestro, la autoridad municipal decidió proteger a los policías. Mientras el Gobierno del Estado se deslindó públicamente del tema al afirmar que como autoridad encargada de realizar los controles de confianza habían cumplido con su papel, le pasaron la bolita al municipio, quien debía ser el encargado de la depuración. “En el Estado hicimos el trabajo que nos corresponde, la certificación, los Ayuntamientos a su vez están haciendo lo suyo, lo que el gobernador hace es solicitarle a los alcaldes y demás que se agilice lo que se tenga que dar para que esto quede resuelto”, afirmó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Por su parte el alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa indicó que dándole seguimiento a las reuniones de coordinación nacional y estatal se está puntualizando el tema con la misma sindicatura y oficialía mayor. Después se dispersó y evadió, dijo que en la aplicación de los exámenes se tiene que ser muy cuidadoso en la parte laboral, e indicó que serán muy puntuales de que todo el personal activo cumpla con los requisitos que exige el sistema de coordinación nacional. Por su parte el Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega informó que se tuvieron pláticas con el director de Contraloría para agilizar asuntos administrativos que se tenían rezagados del 2014. “Se va a analizar cada resultado de los 91 elementos que reprobaron los exámenes de Control y Confianza para empezar a elevar los de más gravidez donde son los asuntos donde están involucrados en temas de demandas penales, examen socioeconómico”, afirmó el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Pero agregó, que el reprobar los exámenes no significa darlos de baja ya que tendrían que analizar la razón para fallar, por lo que se va a analizar la trayectoria y los años de servicio para cortar la relación laboral. Por su parte desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el titular Daniel de la Rosa Anaya insistió, que se les pidió a los ayuntamientos iniciar los procedimientos para dar de baja a los agentes infiltrados en la delincuencia, y recordó que dados los acuerdos nacionales, hacerlo no está a discusión de ningún director o secretario de seguridad, es una obligación. (Con información de Cristian Torres Cruz) Dice líder azul que no hay coordinación entre la municipal y la federal PAN: Gendarmes vienen a secuestrar y a vender droga PRI: No estoy de acuerdo en que se politice Las declaraciones de Raúl Felipe Luévano, dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Tijuana, a principios de semana, desencadenaron las ríspidas acusaciones de los dirigentes del partido en el poder. Luévano calificó de “tibia” la mano del secretario de Seguridad Pública en Tijuana Alejandro Lares Valladares, lo que reflejaba el aumento de los delitos como los homicidios y las indisciplinas por parte de sus elementos policiacos. El dirigente del PAN describió como relajado el desempeño de Lares y del alcalde Jorge Astiazarán. A este último por no realizar los cambios necesarios dentro su  gabinete y por carecer de coordinación con los niveles de gobierno. La respuesta a las declaraciones hechas el domingo primero de febrero por el panista, no vino de los aludidos, ni de cualquier oficina del gobierno municipal. Sino del partido. El miércoles 3 de febrero, Tirso Liévano Hernández, presidente del Comité municipal del Partido Revolucionario Institucional sacó la cara por su ex jefe y su ex compañero en el gobierno municipal. El dirigente reprochó a Luévano que si sus aseveraciones fueran ciertas entonces estaría contradiciendo lo dicho por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid “en el sentido de que existe gran coordinación entre el estado, el ayuntamiento y el ejército mexicano”. El priista además sentenció que las declaraciones del dirigente del PAN en nada ayudan a la relación entre ambas instancias de seguridad de gobierno. “No estoy de acuerdo en que se politice y se partidice, pero sobre todo porque todos hacen esfuerzos para coordinarse y trabajar conjuntamente contra la criminalidad. Estas  declaraciones no ayudan”, afirmó el presidente del PRI. <p>Tirso enlistó acciones y adquisición de equipamiento policiaco del gobierno municipal tales como cámaras corporales, motocicletas Harley Davidson, 90 computadoras, GPS, 2 mil 500 tabletas electrónicas, 3 drones y la creación de una unidad de investigación criminal y la reactivación del Pegaso. El panista devolvió el cisco: “Entiendo su punto de vista (del dirigente del PRI) en defender la incapacidad de su gobierno municipal y la del gobierno federal, y querer contraponerme con el gobernador”. “Lo que sí es evidente –abundó el del PAN– es que no hay una coordinación entre la policía municipal y las autoridades federales, te pongo dos ejemplos: uno, lo que vino a hacer la gendarmería (a Baja California), vino a pasearse, a secuestrar gente y a vender droga”. “Y dos –remató Raúl Felipe– es la incapacidad de los jefes policiacos cuando en el vaso de la presa la gente hace desmanes y no tienen la autoridad para intervenir pero tampoco para pedir a la autoridad federal que intervenga en una zona federal para prevenir”. Así se ve desde los partidos la seguridad pública en tiempos electorales.