Los baches se pusieron de moda hace muchos años. Cuando fueron alcaldes en Tijuana don Xicoténcatl Leyva Alemán (1959-1962) y don Ildefonso Velázquez (1962-1965). Sin exageración: toda calle pavimentada tenía hoyancos. No se diga las de terracería. Se notaban. Molestaban tanto como ahora. Y eso que en aquellos años la ciudad no llegaba a lo enorme de hoy. Entonces El Mexicano era un periódico con independencia. No como ahora. Y en aquellos días Agustín Bancalari resaltaba como cartonista. El bache era su tema preferido. Trazó caricaturas simpáticas. También irónicas. De crítica muy seria. Como fuera, causaba risión. Me consta cómo nunca le censuraron. También aparecía en la página dos de El Mexicano la columna “Al Margen”. Escrita por el Licenciado Rafael Martínez Retes. Residente mexicalense. Un hombre originalmente ajeno al periodismo. Apoderado de importantes empresas internacionales. Pero fue inoculado por el maestro del periodismo don Cristóbal Garcilazo. Le encaminó a teclear. Resultó un crítico irrebatible. Eran los suyos argumentos sólidos. Cátedra en ocasiones para funcionarios. Gozaba escribir refiriéndose a los baches en Mexicali. Publicaba ubicación, medidas de profundidad, anchura y antigüedad. Recuerdo cómo le llovían informes. Entones estaba en la presidencia municipal José María Rodríguez Mérida. “El Chemalo” le decían. Sonriente siempre. Pero como Leyva Alemán e Ildefonso Velázquez: llegaron por parentesco o amistad y no méritos. Uno era primo del ex presidente de la República, Licenciado Miguel alemán. Otro estuvo en la escuela con el presidente de la República en turno, Licenciado Adolfo López Mateos. Y “El Chemalo” era pariente del ex presidente de la República y ex gobernador del estado, General de División, Abelardo L. Rodríguez. Así, la distinción de su origen tuvo también en tiempo y distancia otra semejanza: los baches. La semana pasada Notivisa-Tijuana transmitió un segmento casi “de cajón”. Entrevista con propietarios de llanteras y reparadoras de mofles. Ante las cámaras coincidieron: con tanto bache en la ciudad les “sobraba chamba”. Los neumáticos truenan cuando el conductor no ve el hoyanco. Y a otros vehículos “…se les cayó el mofle aquí cerquita. En ése…” Y lo señaló el “moflero”. Tuvieron ambos entrevistados la discreción de no alegrarse. Indudablemente se aguantaron. Pero ellos y nosotros sabemos: les ha ido muy bien desde cuando las recientes lluvias nos dejaron tantos baches. Notivisa no entrevistó a especialistas en suspensiones de vehículos. Deben estar igual o más de ocupados contentos por éste, aquél y otro baches. Me imagino a los conductores cuando al caer en alguno: lanzando la sonora maldición que retumba hasta el último rincón del ayuntamiento y el hipódromo. Juntos invadidos por la muina. Otros resignados llevan su auto, camioneta o camión a reparar. Pero todos con dolor a desembolsar por la reparación. Dinero destinado para otra cosa. Su familia, comida, vestido o hasta diversión. El 31 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial. Entró en vigor al día siguiente. Es una garantía ciudadana. Establece la responsabilidad para indemnizar a los particulares cuando sufran algún daño o lesión por causa administrativa del gobierno”. Tal es el caso de los baches. Bajo el supuesto no concedido que el conductor de un automóvil choque por culpa del hoyanco, el Ayuntamiento estará obligado a pagarle daños. Igual si falla el alumbrado público y por ello sufra un asalto. O si las obras del drenaje le causen daño a su hogar. Bueno, hasta si no le surten de agua o recogen la basura a tiempo y con eso le están provocando daño y molestias. Según la nueva Ley no es posible recibir servicios públicos deficientes. El ciudadano los paga puntualmente. Cumple. De otro modo se los suspenden. Hay más casos. Y sobre ésos me ilustra el Licenciado Noé Becerra, de Sonora, conocedor amplio en esta materia: “Si el daño lo provoca un cuerpo policiaco o cierto funcionario o empleado del gobierno, primero habrá que ver de quién o quiénes dependen para saber si puede demandar al gobierno municipal, estatal o federal”. No se le desea a nadie, per si sufre un problema en carretera por defectos en la vía, puede demandar al gobierno federal. También si se diera otro caso muy común: equis persona fue detenida por error o torpeza. Sometida a proceso. Gastó en abogado. O si no tuvo sufrió prisión. Después de un año o más le dictaron inocencia. Entonces puede demandar al Agente del Ministerio Público que ordenó capturarlo. A todos los policías que intervinieron en su detención. El abogado sonorense me comentó: “Para ser todavía más claro, el demandar daños y perjuicios se traduce en una prestación que el gobierno debe proporcionarle a Usted, en dinero o en especie, todo depende de cuando el juicio se resuelva”. El señor Becerra opinó además que antes “…el Estado era inamovible. Solo el Estado tenía la razón. Hoy ya no. Eso acabó para nuestra fortuna. Ha terminado la dictadura de un Estado monopolítico y soberano que podía equivocarse y no pasaba nada”. Eso sí: “También se pondrán límites a la actividad de los ciudadanos cuando demanden solo por demandar”. Consideró que en este nuevo despertar legal jugarán un papel muy importante tres figuras del nuevo escenario nacional: las contralorías estatales, municipales y Derechos Humanos. Resaltó el valor de los legisladores federales. “Le ponen un fin a los abusos tradicionales de los tres niveles de gobierno en México”. Legalmente esta Ley debía ser aprobada por todas las legislaturas estatales. Ya funciona en casi todo el país desde el primero de enero pasado. “El casi” es Baja California. Aquí no. La anterior XVII Legislatura fue autorizada en agosto del 2004. Pero el gobernador del Estado, Licenciado Eugenio Elorduy Walther, derrumbó ese acuerdo. Fue cuando entabló el procedimiento de controversia constitucional contra la Legislatura y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso quedaron en el aire varias leyes. Todavía está pendiente la resolución. El Comité Coordinador Empresarial de Mexicali opinó que al no haberse aprobado la ley, “… los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado están incumpliendo con una obligación que les impone la Constitución Federal, lo cual se traduce en una situación anómala al Estado de Derecho”. Don Gustavo de Hoyos Walther, todavía como presidente del Comité Coordinador Empresarial, dejó claro en un comunicado: “Sin perjuicio de la resolución del procedimiento de controversia, la XVIII Legislatura del Estado debe aprobar a la brevedad posible una Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Baja California, siguiendo los lineamientos de la Ley Federal”. Publicada en diciembre 31 del 2004 y valedera desde enero primero de este año. Así en Baja California estamos atrasados: los diputados se pelean con el gobernador. Todo por cuestiones políticas-personales. Acuden a un juicio constitucional. Y dicho respetuosamente en sentido ilustrativo: “Nos llevan entre las patas”. Una ley hecha para evitar los abusos oficiales y proteger al ciudadano nada más no entra en vigor por caprichos. Los de 25 diputados y un gobernador. Dañan a todos los habitantes de Baja California. Nos impide el derecho constitucional de reclamar si sufrimos daño por culpa de los gobiernos federal, estatal o municipal. Desde la descompostura de un vehículo cayendo al bache. La captura ilegal por policías ignorantes o manipulados. El asalto por falta de alumbrado público. Fuera de Baja California eso es posible. Pero en nuestro Estado es imposible si alguien es encarcelado y luego de años descubren su inocencia. Simplemente le dicen “Usted disculpe”. Fuera de la norpenínsula deben pagar los daños personal, moral y material. Aquí no. Todo por una simpleza política de diputados y gobernador. Los únicos alegres con todo esto son los llanteros y “mofleros”, como aquellos entrevistados por Notivisa. Naturalmente, de la que se está salvando el nuevo Ayuntamiento. Tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas y publicado el 4 de febrero de 2005. A propósito… Raúl Montaño Vega es conductor de un taxi libre en Tijuana. El sábado 29 de enero se estrelló contra un bloque de cemento que estaba en una alcantarilla. Al instante se quebró la transmisión del vehículo. El accidente fue a un costado de la central camionera. El conductor se disponía a tomar la vía rápida oriente, contiguo a las oficinas de Robo de Vehículos. Minutos después del accidente llegaron patrulleros municipales. Les explicó lo sucedido solicitándoles que elaboraran un reporte. Así le serviría de base y presentaría una demanda contra el Ayuntamiento. Los policías no le respondieron y menos dieron fe de los hechos. Simplemente se retiraron. Lo abandonaron. Cero auxilio. Ante tal indiferencia solicitó ayuda vía telefónica a un familiar. Más tarde, llegaron otros patrulleros. Esta vez los gendarmes le dijeron que no podían levantar un reporte porque no hubo daño a terceros. Finalmente, el afectado tomó gráficas del accidente, Ahora no sabe a dónde acudir para que le cubran los daños. En este caso, si estuviera en vigor la Ley de Responsabilidad Patrimonial, el taxista hubiera tenido base para demandar el pago de los daños. Pero el enfrentamiento entre diputados y gobernador está dejando desamparados a los bajacalifornianos en este terreno. Naturalmente, el Ayuntamiento no insiste para que la ley se apruebe como en todo el país. Se vería obligado el municipio a pagar cientos de indemnizaciones.
Publicidad
