El día que sin poder político ni cargo público, Carlos Bustamante Anchondo se presentó a declarar en calidad de investigado por presuntos actos de abuso de poder y peculado a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, se le vio severamente molesto. Fue el 26 de enero a las 12:00 pm. El alcalde Jorge Astiazarán Orcí le concedió la cortesía de utilizar el elevador privado del presidente municipal para evitarle entrar por la puerta de los ciudadanos y subir los tres pisos de escaleras para llegar a la Sindicatura. Con su camioneta blindada manejada por un chofer, Bustamante entró por el sótano. De ahí al elevador, caminó los pasillos que conectan la Alcaldía con la Secretaría del Ayuntamiento hasta llegar y entrar por la puerta trasera de Sindicatura. Aquella que en un berrinche político, les clausuraron. De ahí fue llevado a un cubículo donde lo atendió una persona para tomarle la declaración que en el expediente 004/2015 se le sigue por incumplir la Ley de Responsabilidad para Servidores Públicos, que decreta que la administración no podrá establecer convenios, contratos, compras, relaciones comerciales y demás, con miembros de la familia de los funcionarios encargados de la administración pública, hasta en cuarto grado. Acción en la que él cayó al votar en una sesión de Cabildo, los últimos días de su trienio, para que la empresa de la que fue propietario y que trasladó a su hijo, PUBLICYR, S.A. de C.V., fuera beneficiada con concesiones para la instalación de espectaculares en Tijuana. En la investigación se determinó que de parte del ex alcalde “…pudo haber inobservancia de los principios de honradez, imparcialidad y lealtad, pues atendiendo el principio de honradez, implica el obrar con respeto a las normas que se consideran adecuadas, lo que en el caso evidentemente no ocurrió, pues el presunto responsable no se abstuvo de votar ese punto de acuerdo, en razón de tener interés personal y directo en la concesión otorgada a la empresa PUBLICYR, S.A. de C.V., tanto por ser accionista y garante hipotecario de la moral en mención, como por tener parentesco consanguíneo directo con el ciudadano Carlos Alfonso Bustamante Aubanel, obligación que le impone el reglamento interno de Cabildo… y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”. La investigación de Sindicatura, armada con puntillosa legalidad, podría resultar no solo en la inhabilitación de Carlos Bustamante, sino en la presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por peculado. No era gratis, pues, que el ex llegara enojado. Lo que más le molestó -fue evidente por sus declaraciones posteriores y sus acciones- fue que tanto la investigación de Sindicatura como aquella por un desfalco en su administración por 168 millones de pesos, se hayan hecho públicas en las dos últimas ediciones de ZETA. Por eso, cuando llegó acompañado de su abogado, Obed Silva -también investigado en el caso del desfalco en su calidad de secretario del Ayuntamiento que fue-, este último amenazó sin decir nombres, pero directo a los reporteros, que ya había presentado una denuncia ante Sindicatura para dar con los responsables de la “filtración” a este Semanario, y que además había presentado una denuncia ante la Procuraduría por los mismos motivos. Al salir de rendir su declaración -la que suponen presentó por escrito-, cuando le preguntaron qué había dicho o cuáles pruebas había presentado, el ex presidente municipal de Tijuana reviró: “¿Quieren saber qué me preguntaron? Como es costumbre de ellos, el viernes léanlo en ZETA”, al tiempo que Silva intimidaba a los empleados de Arturo Ledesma Romo, el síndico, con la denuncia para dar con “los filtradores”. Las intimidaciones de Bustamante por conducto de su abogado no detuvieron el trabajo de los de Sindicatura. Acaso los alentó a hacer la talacha jurídica con más ahínco para evitar recursos del abogado que puedan librar a su patrón de hechos que se presumen inminentes. Una inhabilitación por lo menos. Es difícil, dijo uno de ellos a ZETA, que se pueda comprobar que no violó la Ley de Servidores Públicos cuando se auto otorgó, o le otorgó a su hijo, una concesión mientras él era alcalde. Eso es comprobable. La información a la que este Semanario tuvo y tiene acceso en el Ayuntamiento de Tijuana o en otros gobiernos y poderes del Estado Mexicano, es producto de investigaciones periodísticas e informaciones de contactos que los periodistas de ZETA han establecido en los años de ejercer la libertad de expresión. Los documentos que acreditan una investigación sobre un ex funcionario público son accesibles en aras de abonarle al periodismo de investigación, la transparencia y precisión con la que se deben conducir quienes sirven a la sociedad de un cargo público, y la exhibición de actos de abuso de poder y corrupción. En casi 35 años de fundación -el 11 de abril los cumpliremos gracias al apoyo de nuestros lectores-, ZETA ha evidenciado a narcotraficantes, políticos corruptos, represivos y abusivos, siempre con documentos, testimoniales, imágenes, declaraciones y otras pruebas confirmativas de los hechos cometidos. El caso de Bustamante no es la excepción para los periodistas que han trabajado en esas investigaciones. Y, como los empleados de Sindicatura, quienes trabajamos en ZETA para que Usted, Lector, tenga la información de lo que realmente sucede y lo que políticos y ex funcionarios quieren ocultar, seguiremos trabajando e investigando. Con todo y amenazas e intimidaciones.
Publicidad
