EPN promueve opacidad

México, D. F.- La intromisión del presidente Enrique Peña Nieto en la aprobación de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en el Senado, se dio en forma de un memorándum de su Consejería Jurídica. Estas 81 modificaciones implican un severo retroceso, advierten legisladores de oposición y organismos de la sociedad civil. El documento plantea regresiones en materia de fideicomisos, versiones públicas de declaraciones patrimoniales y en la publicación de personas y empresas beneficiadas con condonaciones fiscales, en un momento en que recién se descubrieron propiedades millonarias de Peña Nieto a través de empresas contratadas por su gobierno. “Hoy tenemos que pedir los mexicanos a las autoridades que sean transparentes, los casos de enriquecimiento inexplicable de muchas de nuestras autoridades, deben ser esclarecidos”, dijo Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, en entrevista con ZETA. “En mal momento Peña Nieto envía un proyecto como éste, como si su imagen estuviera muy fortalecida en términos democráticos o transparentes. En medio de una corrupción que lo enloda y frente a la mayor debilidad de imagen pública que ha tenido un presidente”, consideró el senador Javier Corral. También denunció es “un planteamiento perverso, hay una visión y concepción profundamente autoritaria en este documento del Ejecutivo”. De acuerdo al legislador, la propuesta resulta “preocupante porque además de constituir una cabal radiografía del gobierno actual, muestra las intenciones del presidente de la República de retroceder en un derecho conquistado por la sociedad mexicana”. Negociaciones en lo “oscurito” Los senadores Marcela Torres, Javier Corral, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo, en representación del grupo parlamentario del PAN, denunciaron el ambiente de secrecía en que se desarrolla la etapa final de discusión de la reforma. “Es paradójico que la Ley General de Transparencia se esté discutiendo ahora en la opacidad. Estamos dañando la esencia misma de la Ley al cerrar a la ciudadanía y no hacer públicas las posturas de diversos organismos que se verán afectados con esta Ley”, señaló la senadora panista Marcela Torres. El 7 febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. A partir de entonces, se estableció un plazo de un año para que estas modificaciones fueran aprobadas por los legisladores. A más de un año, la discusión sigue estancada. En un principio, se invitó a la sociedad civil a participar en mesas de trabajo que constituían un “parlamento abierto”. Según la organización civil Artículo 19, sumaron 200 horas de discusión entre asociaciones y legisladores para llegar a una iniciativa. Sin embargo, en el proceso final ya no tuvieron participación estas organizaciones. “Inexplicablemente, en este tramo final se está cerrando (la participación ciudadana)”, comentó la senadora Marcela Torres. Por su parte, el senador Corral advirtió “ese documento ha sido material de análisis privados, a las cuales ya no se ha convocado a las organizaciones de la sociedad civil”. También acusó que la Comisión de Gobernación no ha sido convocada para la discusión y análisis de esta reforma. Lo cual sugiere un escenario de negociaciones ocultas. Por lo que el grupo parlamentario del PAN solicitó “todas y cada una de las sesiones de discusión sobre la Ley de Transparencia, sean transmitidas por el Canal del Congreso de la Unión. Ya que consideran “un contrasentido discutir leyes de transparencia en la oscuridad. Creemos que orear este debate, transparentar las posturas, exhibir las posiciones de cada quien va a contribuir a un mejor instrumento legislativo”, señaló el senador Javier Corral. Entre las principales modificaciones propuestas por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, están las siguientes: Menos atribuciones para el IFAI Con este cambio al artículo 40, solo mediante mayoría calificada los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) podrán interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. “Sabe que pueda hacer avanzar regresiones en la Ley Secundaria, contradicciones constitucionales y a la vez, está buscando impedirle al órgano regulador (IFAI) que pueda impugnar estas regresiones por la vía de la mayoría simple”, explicó el senador Corral. Para el legislador, “es una vergüenza que el consejero jurídico de la presidencia esté planteando mayoría calificada para el proceso de impugnaciones a través de acciones de inconstitucionalidad o de controversia al IFAI”. Sanciones, siempre no En el proyecto de reforma a la Ley de Transparencia se le otorgaba al IFAI la facultad de sancionar a aquellos sujetos obligados quienes incumplieran con la entrega de información. Sin embargo, la Presidencia solicitó modificar este criterio por el de “medidas de apremio”. Más protección a servidores públicos Uno de los capítulos con mayores modificaciones realizadas por el Ejecutivo es el correspondiente a las obligaciones de Transparencia. Del artículo 70, se elimina la información correspondiente a “sueldos, honorarios” de servidores públicos. Ni siquiera se permitiría la información correspondiente a trabajadores sindicalizados ni los resultados de las evaluaciones de desempeño. … y a condonados fiscales La propuesta de la Presidencia de la República propone reemplazar “los listados de las personas que han recibido exenciones, cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, vinculando nombre y monto” por simple “información y estadística de los casos”. De esta forma, se reservarían los nombres de aquellos perdonados por el Fisco. Clasificación y desclasificación de la información De acuerdo al artículo 100 de la Ley de Transparencia; “El Comité de Transparencia será responsable de aprobar la clasificación de la información a propuesta del titular del área”, pero la propuesta del Ejecutivo transfiere esta responsabilidad a “los titulares de las áreas de los sujetos obligados”. Si bien se reserva “información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos o puedan dañar la estabilidad monetaria”, la propuesta de Presidencia agrega “estabilidad financiera, económica o monetaria” o “afecte la recaudación de contribuciones”. Además, busca utilizar “la seguridad nacional” como una razón para negar información cuando “su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable”. En este apartado, el Ejecutivo propone la eliminación de la prueba de daño. Es decir, la obligación de la autoridad competente de explicar o justificar en qué radica el daño al interés de la sociedad o a la seguridad nacional. “La prueba de daño fue uno de los grandes avances que se plantearon en la iniciativa plural presentada en el Senado, el hecho de obligar a los sujetos a realizarla al momento de clasificar la información constituye una medida que limita el recurrente uso de la (errónea) reserva de información para no entregar la información al solicitante”, reviró el grupo parlamentario del PAN. Otro golpe a los derechos humanos Actualmente, la información marcada como “reservada”, puede ser desclasificada cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo el Ejecutivo devuelve esta decisión a la “autoridad competente”, es decir a la encargada de la investigación del hecho, como podría ser el caso de la PGR. “Es una de las más graves regresiones planteadas. Lo que proponen es que haya una especie de opinión previa de la autoridad competente para eliminar esta excepción a las reservas de información”, explicó el senador Javier Corral. Al respecto, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, lo consideró un cambio “fuera de medida” y sin explicación. “Es la que debe ser transparentada más que ninguna otra. Más ahora que nos estamos dando cuenta que nuestras autoridades están fallando (en esa materia) y hay que tener una solución inmediata”. ¿Consejero jurídico de EPN o asesor de senadores priistas? No es la primera vez que Humberto Castillejos actúa como mensajero de Enrique Peña Nieto para intervenir en las reformas que se discuten en el Senado, acusó el senador panista Javier Corral. “¿El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República puede dejar de serlo en algún momento…puede venir al Congreso de la Unión a presentar documentos informales o documentos oficiales? Para mí, el documento entregado por Castillejos es el documento de Peña Nieto porque no creo que Castillejos deje de ser consejero jurídico en ciertos momentos y venga aquí como un asesor del PRI. Así se comporta, pero no lo es”. Recordó que el mismo mecanismo se utilizó durante la reforma político-electoral, en telecomunicaciones, en la energética y en la financiera, pero también responsabilizó al Senado por permitirle la entrada Al respecto, el senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, opinó “es lamentable ver que el más alto nivel de la representación de nuestro gobierno, nos viene con peticiones que regresan las cosas a antes de este momento”. “Sin información, no vamos a poder avanzar como país”: Observatorio Nacional Ciudadano Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, es visible la mano de la Presidencia en la reforma a la Ley de Transparencia para hacer “cambios importantes que no permiten tener la misma capacidad de acceso que podíamos tener”. “Viene con mucho retroceso algo tan positivo que es que México cuente con instrumentos para tener mayor información sobre lo que hace el gobierno”, detalló en entrevista. Si bien consideró que el tema de transparencia es una línea delgada, estimó que la autoridad no debe sentirse amenazada ni invadida cuando la ciudadanía le exige cuentas. “Si deciden ser autoridad en este país y que su trabajo se vea reflejado en la administración pública, también deben asumir ciertas responsabilidades y compromisos con todos los gobernados. Su vida pasa a ser del escrutinio público”. Por último, consideró que la propuesta de la Presidencia de la República es un retroceso para todos los mexicanos, puesto que si no se tiene “información clara, oportuna y relevante, no vamos a poder avanzar como país”.