Diputados van por la aplicabilidad del feminicidio

La ampliación a la tipificación del delito de feminicidio, la creación de un Centro de Tratamiento para Adolescentes en el Estado y el establecimiento de medidas de protección para víctimas y ofendidos de delito durante el transcurso del proceso penal fueron algunos de los temas aprobados por la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California. Después de la sesión de comisión del 10 de febrero, y previo a su discusión en el pleno –que podría darse la próxima semana–, el diputado local por Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Molina, dijo que uno de los temas más importantes entre los 5 dictámenes aprobados es la iniciativa de reforma al artículo 129 del Código Penal de Baja California, referente al delito de feminicidio, pues actualmente es muy complicado acreditar los elementos constitutivos. La diputada priista Nereida Fuentes, expresó que durante 2013, de 71 mujeres asesinadas ninguna se tipificó como feminicidio, según datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Comentó a ZETA que aunque Baja California es uno de los tres estados más violentos contra las mujeres, la legislación actual no da margen a que pueda tipificarse el delito en la práctica y que la conducta debe diferenciarse del resto de las ejecuciones, dadas las situaciones de violencia sexual y mutilación que se presenta en las víctimas. De reformarse el artículo 129, quedaría de la siguiente forma: “Feminicidio: Comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de género, cuando se dé una o más de las siguientes circunstancias”: que haya existido entre victimario y victima relación de “parentesco, de afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo y amistad” o “laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad”. La reforma prevé una pena mínima de 20 y máxima de 50 años de prisión, además de incluirse una sanción para servidores públicos que retrasen dolosamente la procuración de justicia por este hecho delictivo. Otro dictamen aprobado, se refiere a la fusión de los Centros de Diagnóstico y de Ejecución de Medidas en Centros de Tratamiento para adolescentes, bajo una misma dirección y administración, para generar un ahorro presupuestal. De igual forma, el Gobierno del Estado propuso evitar que los sentenciados por secuestro accedan a beneficios penitenciarios como la pre-liberación, salvo que se trate de colaboradores en el delito o que ayuden en la detención de otros delincuentes. Aprobado quedó también un dictamen presentado por el perredista Roberto Dávalos, que prevé medidas de protección a la integridad emocional de menores de edad que declaren o rindan testimonio en asuntos de carácter familiar. Se contempla una evaluación psicológica previa de los menores y solo se podrán realizar las preguntas previamente autorizadas por el Juez Familiar, mediante la entrega del interrogatorio. El último de los dictámenes aprobados por la Comisión de Justicia, trata sobre medidas de seguridad durante el proceso penal para víctimas y ofendidos del delito, a fin de que no sean “revictimizadas” durante el proceso, evitando interrogatorios extensos y brindándoseles asesoría inmediata. Por último, Juan Molina comentó a ZETA un sexto dictamen presentado por el legislador priista David Ruvalcaba para la desaparición de la figura del arraigo penal pero fue rechazado, debido a que los Congresos estatales no pueden legislar en materia procesal penal, después de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales.