Delitos al alza, autoridad retraída

Durante el 2014, primer año de administración del alcalde Jorge Astiazarán, y su secretario de seguridad Alejandro Lares Valladares, Tijuana ocupó el primer lugar nacional en incidencia delictiva, el segundo en homicidios, y el sexto en secuestros de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, mientras en 2013 el 51.8 por ciento de los tijuanenses se sentía inseguro, bajo la administración de Astiazarán, la percepción de inseguridad creció a 57.3 por ciento según los números de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014) Adicionalmente, durante 2014 en Tijuana, el robo con violencia creció un 1.34 por ciento, el robo a comercio con violencia aumentó un 5.47 por ciento y el secuestro un 39.13 por ciento comparado con el año anterior. Al final, reducción en homicidios y robo de auto, generó que la incidencia delictiva general en el municipio “se estancara”, manifestó el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla. Precisamente, basados en la promesa de campaña del alcalde Jorge Astiazarán que fomentaría la participación ciudadana, y ciudadanizaría los proceso gubernamentales, durante cada uno de los 14 meses del presente  gobierno municipal tijuanense, el CCE –en su calidad de representante del sector empresarial– ha solicitado de manera permanente, al alcalde Jorge Astiazarán y a su secretario Lares les sea presentado el Plan Integral de Seguridad que debe tener esta administración para el municipio de Tijuana, pero no han tenido respuesta. Ante la evidencia de la presunta inexistencia del documento, “no lo hemos visto”, los inversionistas de diversos sectores, decidieron presentarle una propuesta al alcalde y éste aceptó escucharlos en una reunión que se pospuso en varias ocasiones pero se concretó el 10 de febrero de 2015. Se trata de un documento ordenado y pagado por el CCE que agrupa a 16 organismos empresariales, industriales, aduanales, transportistas, contadores, turísticos, restauranteros, manufactureros, constructores entre otros, al mayor grupo de inversionistas de Baja California. Se titula “Programa Ciudadano de seguridad Pública para el Municipio de Tijuana”, hecho por la Consultoría Estratégica 31 más 1. Preocupados por los brotes de inseguridad, el estancamiento de los resultados, la ausencia de coordinación y la falta de avances, los empresarios decidieron ocuparse. “…sí hemos trabajado muy de cerca con el secretario de seguridad pública Alejandro Lares, él se comunica, hace labor de equipo con el empresariado, las estadísticas 2013 contra 2014, lo favorecen con un mejoría de un 1 por ciento a la baja en la incidencia delictiva, se nos disparan secuestros, pero bajan asesinatos, fueron 490 y tantos, siguen siendo muchos, pero finalmente son menos que los del año anterior”, dijo Hernández a favor del secretario de seguridad de Tijuana, sin embargo esto no alcanza para lograr los avances necesarios y deseables. Inseguros “El hecho de que se te incremente el delito de alto impacto te dice que la autoridad está retraída, lo dicen los expertos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando se da un delito de alto impacto la policía no llega. “El delincuente no es valiente, va a salir a actuar cuando él sabe que no existe posibilidad de que lo agarren, si ves un delito de alto impacto en una zona de la ciudad, quiere decir que el policía se está replegando, el delincuente se empieza a emancipar, empieza a generar recursos, y cuando genera recursos, se mueven a otros delitos que le generan impunidad y más dinero y terminamos cayendo a los 2007-2008”, expuso a manera de contexto Manuel Hernández Niebla, vocero de los empresarios. “Con el 95 por ciento impunidad, 89 por ciento de cultura de la no denuncia, llegas  y ejecutas a alguien en la vía pública y nadie es detenido, esto se convierte en tierra de nadie”. De los problemas de coordinación interinstitucional expuso: “Ellos nos dicen que se está dando, yo estuve con ellos en el cuartel, estaba el General, el secretario de seguridad municipal Alejandro Lares y el secretario del estado, Daniel de La Rosa. Pero siempre he dicho que esta coordinación es más reactiva que pro activa. — ¿Ven ustedes en el CCE esa coordinación? “Si nos fuéramos por resultados, nos hace falta mucho en materia de coordinación. Cuando se calienta la ciudad, cuando se nos empiezan aumentar los delitos de alto impacto, es cuando empezamos a ver que las autoridades patrullan coordinadamente. Luego baja y se nos vuelven a desaparecer, luego vuelven a empezar a patrullar, entonces sí vemos que la coordinación se da, pero de una manera reactiva, no pro activa”. Entonces se refiere a lo que están proponiendo dentro del documento entregado al alcalde Jorge Astiazarán: “Una coordinación pro activa, y se trata precisamente de pensar, ¿cómo cubro de mejor manera la ciudad, cómo racionalizo mis recursos y cómo me coordino con cada uno de ustedes para establecer esa presencia militar policiaca que estoy necesitando, que en mucho de los casos es más disuasivo, como los robos? Si ellos ven la presencia de la autoridad, los robos se van a disminuir, pero si no ven la presencia de la autoridad va a suceder lo que vemos que está sucediendo. “Si no alcanzan los elementos y las patrullas a seguridad pública municipal, ¿dónde está la coordinación? ¿Y el ejército? ¿Y la secretaría de seguridad pública estatal? ¿Y la gendarmería?”. — ¿En el Ejército ya dijeron que no iban a patrullar? “El General dice que están haciendo inteligencia, pero a nosotros no nos importa quién patrulla y qué hace inteligencia, lo importante es que se coordinen, que lo que hace cada corporación les sirva a todos en un esfuerzo coordinado. Se trata de voluntad política, si se da se puede hacer porque ya se hizo en el pasado”. Como entre sus propuestas traen el fortalecimiento de la profesionalización y depuración policiaca, se le preguntó a Hernández qué le han informado las autoridades de la depuración de los policías que reprobaron los exámenes de confianza: “Lo mismo que a ustedes, que están en camino, a mí me tocó estar en la Junta de Seguridad en Tecate, era con los síndicos procuradores y las policías, fuimos, el tema fundamental era el proceso de depuración, y no vimos que nadie tomara la batuta, se puso el problema sobre la mesa, nos tocó hacer algunas preguntas, Jonathan Díaz (presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado) fue el que estuvo más incisivo en los temas, pero nadie respondía el cuándo ni el cómo. “Entonces realmente no hay un proceso expedito en la materia de depuración. Me queda claro que las manzanitas podridas van a seguir saliendo, es parte de  la dinámica de este tipo de ciudad y de todo lo que se maneja, pero si no tienes un proceso adecuado de depuración, al final de cuentas corres el riesgo de que toda la corporación se te eché a perder, como ya nos sucedió en el pasado, eso es lo que tenemos que impedir. “Pero no vimos acciones contundentes en materia de depuración”. Del tema de procuración de justicia que también abordan en el plan que presentaron al alcalde Astiazarán, Hernández Niebla detalló: “Hoy por hoy, no existe  un verdadero diagnóstico relacionado en materia de procuración de justicia. “Le pedimos a la Procuraduría de Justicia, denos sus parámetros de desempeño, ¿cuántos casos están recibiendo? ¿Cuántos están tramitando? ¿Cuántos son exitosos? ¿Cuántos no son exitosos? ¿Cuántos resultan en aprehensiones? ¿Cuántos no? Y no nos han dado ese reporte. “Se lo pedimos a Gilberto Cota Alanís, subprocurador en Tijuana, finalmente vi a la Procuradora y se lo mencioné y me dijo, mi asistente te va a mandar la información, pero hasta ahorita, nada”. — ¿Cuándo lo pidieron? “Mayo, junio del año pasado en una junta de coordinación, vamos a decir que tenemos 7 u 8 meses solicitando esa información. No podemos emitir un diagnóstico si no existe una medición de la problemática al respecto. Y si tú no mides, difícilmente vas a mejorar. Cabe recordar que en el informe anual presentado por el gobernador Francisco Vega ni en el texto entregado a los diputados por el primer año del gobierno estatal, la Procuraduría del estado presentó esto, los números de sus parámetros de desempeño”. Empresarios quieren participar y Ley se los permite Al referirse al plan, explicó Hernández Niebla que se trata de una propuesta respetuosa para el ayuntamiento y uno de los puntos importantes es la participación ciudadana: “La autoridad no puede sola, necesita la participación ciudadana, en el combate a la inseguridad, y esa participación puede venir de cualquier organismo y los empresarios estamos haciendo esta propuesta en este esquema. “Se hace en Tijuana porque aquí está el 87 por ciento de la fuerza policial, son más, tiene la capacidad de despliegue, y al final de cuentas el responsable principal de la seguridad en la ciudad es el alcalde, el Gobernador en términos del estado, pero el alcalde en los términos de Tijuana, entonces estamos haciendo una propuesta: 1.- En materia de prevención. 2.- De coordinación policiaca, que es la parte medular de la misma.  3.- Y en materia de Procuración de justicia, “…aun cuando entendemos que no es responsabilidad del municipio es un factor importantísimo por el reciclaje de delincuentes que estamos teniendo”. Los inicios de la propuesta: “Partimos de lo que hicimos en 2013, analizamos todo lo que había en cuestión legal en materia de inseguridad en Baja California analizamos 133 leyes, y 6 códigos, hicimos una serie de recomendaciones de los documentos, de lo que finalmente pudimos aterrizar fue la Ley para la Prevención Social de la violencia y la Delincuencia del Estado de Baja California (19 de septiembre 2014) que promulgó el Congreso del Estado, nosotros tuvimos una injerencia directa; y la segunda, la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que si bien entiendo todavía está en ciernes, ya tiene todos los elementos, después de 6 años, seguramente ya empezará a sesionar. “Además, este 2014 generamos un tipo de reporte de incidencia delictiva donde nosotros le estábamos dando seguimiento a todo lo que estaba sucediendo en materia de delitos en Baja California. “La participación ciudadana, es importantísimo que este gobierno incorpore a la gente que está levantando la mano, diciendo yo le quiero entrar al problema de inseguridad en Baja California”. Del Plan Integral El texto presentado al alcalde de Tijuana contiene un diagnóstico del municipio en temas como migración, pobreza, seguridad, salud y educación, algunos ejemplos de casos de éxito en materia de seguridad, identificación de prioridades, una propuesta de participación ciudadana, y recomendaciones de políticas públicas. Respecto a las acciones específicas, proponen 6 ejes fundamentales, cada uno con recomendaciones específicas e índices de monitoreo. Eje 1. Para los empresarios el más importante. “Hacer de la colaboración intergubernamental, el eje articulado para la recuperación de la seguridad pública”. Que se cree e implemente un programa o sistema articulado, donde todos los días, las corporaciones (Ejército, Gendarmería, PEP, PGJE y SSPM) de los tres órdenes de gobierno participen en: -Los operativos preventivos de los 11 distritos. A través de “Centros de Operación Preventiva”. -Detección de puntos de venta de droga. -Programa disuasivo para combatir robo de autos y robo a comercio. Además, crear y establecer programa de prevención de robo domiciliario coordinando que involucren a la policía operativa y a la policía comercial; también en coordinación con el departamento de ingeniería de tránsito y la policía municipal la implementación de programas y acciones que mejoren la circulación vehicular. Eje 2. Racionalizar, optimar y aumentar la distribución geográfica de la fuerza de tarea, mediante un “Programa Territorial de Reasignación Sectorial”, con radios de acción más pequeños, con mayor efectividad. Esto se refiere a la creación de “Centros de Operación Preventiva” y que “que en cada distrito funcionen como la Margarito Saldaña (comandancia). Detallan que para ser más eficientes en el combate preventivo, se requiere mejorar el diagnóstico de la incidencia delictiva y hacen referencia a un caso de éxito en Memphis, donde la policía en colaboración con IBM, elaboraron y compraron un software de análisis predictivo para evitar actividades delictivas llamado Blue Crush (Reducción del Crimen utilizando Historia de la Estadística, por sus siglas en inglés) y mejoró sus técnicas de combate. — ¿Están proponiendo que compren el programa? “No, que mejoren el sistema, si lo que se necesita es comprar ese u otro, igual vemos como los apoyamos”. Otro punto es la sectorización. Proponen que se retome el modelo 2007-2010, cuando el plan distrital era ir creando zonas seguras, concentrar esfuerzos, mejorar la seguridad en un distrito, y pasar al siguiente. “La idea era ir acorralando a los delincuentes, crear un efecto cucaracha, ir llevándolos a la zona este y una vez allá luchar la batalla de batallas, para sacarlos de la ciudad”.    En este eje también incluyeron el restablecimiento de CALEA, programa de certificación cancelado en al trienio anterior, establecer programas permanentes de depuración que sean medibles y establecer programas permanentes de capacitación, y que todo quede perfectamente regulado, detallado y por escrito. Que no sean conceptos generales. Un programa de seguro de vida para oficiales caídos, y establecer un programa, por escrito, con protocolos –no por ocurrencias– de estímulos y recompensas con base en el desempeño y resultados. Y facilitar los procedimientos de denuncia ciudadana.  Eje 3. Fortalecer acciones preventivas intersectorial. La secretaría de seguridad, con autoridades educativas, sector salud, en un Plan de Convergencia Intermunicipal que instrumente acciones, programas de prevención de violencia, consumo de drogas para la reducción de los factores que influyen en la inseguridad. Con el DIF con Obras Públicas de los tres órdenes de gobierno trabajar en obras vecinales, seguridad vecinal, detección de picaderos, deporte popular en colonias conflictivas. En las escuelas, promover un programa de educación vial, y establecer una Red de Vecinos Vigilantes, que reciban visitas y tengan reuniones periódicas de información de avances de seguridad, con los jefes de distrito. Retomar proyectos como DARE. Eje 4. Fomentar prácticas deportivas y convivencia familiar, carreras atléticas, torneos deportivos con participación de policías.  Eje 5. Promover y vigilar la impartición expedita de justicia administrativa. Definir metodología para realización de audiencia; restablecer CALEA; diseñar bases de datos que faciliten al juzgador la consulta de historial de infractor; fortalecer infraestructura; dignificar espacios físicos de impartición de justicia, y programas de capacitación permanente para jueces municipales. También hablan de establecer un programa de cómputo para determinar antecedentes de los detenidos para conocer reincidencia y adicciones. Ésos ya existen, los llaman kioscos, pero solo tienen acceso los policías, no los jueces, porque guardan datos que legalmente no tienen relevancia, debido a que cualquier ingreso o presunto delito no se considera “antecedente delictivo”, hasta que existe sentencia de un juez de por medio. Eje 6. Potenciar las habilidades y capacidades técnico operativas. Modernizar y transformar el sistema policial a fin de que su desempeño cumpla con estándares internacionales. “Si aceptan que los acompañemos en ese proceso, vamos abrir un proceso de monitoreo de la percepción ciudadana, le vamos a ofrecer al alcalde abrir encuestas trimestrales, con la misma metodología del ENVIPE y vamos a obtener la percepción de la ciudadanía en materia de qué tan seguro se sientes”. “Además vamos a continuar con la medición de la incidencia delictiva. Tratar de generar un termómetro de lo que está sucediendo en la ciudad y cuáles son las áreas de oportunidad, tanto de la parte sectorial como del tipo de incidencia que queremos manejar. Respuesta oficial Terminada la reunión con el alcalde, Jorge Astiazarán solo les comentó a los empresarios que algunas de las propuestas ya las estaba implementando y que revisaría lo que le entregaron, hasta ahí. De la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, mediante el cual legalmente se hace posible y más efectiva la participación ciudadana, el cual que llevan un año pidiendo sea autorizado, les respondió que será cuando lo apruebe el cabildo. — ¿Qué tanto está dispuesto el ayuntamiento a la participación ciudadana, cuando la Instalación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, se ha pospuesto durante toda la administración municipal de Jorge Astiazarán, incluso la de Carlos Bustamante?        “En el municipio no ha arrancado, finalmente es parte de la propuesta que se está manejando, en el ánimo de obtener el compromiso por parte de él, y decirle a cambio de esto, el sector empresarial te va acompañar en todo este proceso de mejora o de Plan Integral de Seguridad. “…me queda claro, el ayuntamiento tiene más de un año, no se han conformado en la mayoría los consejos ciudadanos, era una promesa que el alcalde nos había hecho de ciudadanizar todo los elementos de su administración municipal. Nosotros seguimos con el dedo en el renglón, finalmente nos abrieron para que nosotros hiciéramos la propuesta, de quiénes serían los consejeros ciudadanos, mandamos la propuesta (mediados, finales de diciembre), en principio nos la aceptaron y ahora estamos esperando. Un año después, pero tengo que darle el beneficio de la duda”. Visión general de las condiciones de seguridad De acuerdo al estudio pagado por el CCE, el territorio tijuanense se encuentra en un proceso de “pax mafiosi”, un acuerdo que dividió el territorio entre dos grupos criminales, lo que queda de los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, que opera de manera difusa y por lo tanto tiene problemas para imponer disciplina a sus células. Es un cártel que subcontrata células delictivas que operan de manera más libre, reciben menos protección y por lo tanto los cárteles tienen menos control. Pero son estos grupitos los que entran en conflicto unos con otros.  Sin embargo, aunque no es una plaza criminal controlada como monopolio, tampoco es una plaza abierta, la alianza CAF-Sinaloa ha permitido la entrada de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero han impedido el ingreso de Los Zetas, el Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva. Bajo esas condiciones, el repunte actual de la incidencia delictiva, lo atribuyen a tres factores: al mercado minorista de droga local, el cual creció a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001 cuando la droga se empezó a quedar en Tijuana; el crecimiento del mercado de consumo interno de la droga conocida como cristal; y a la deportación de criminales violentos de Estados Unidos por Tijuana. Esto, afectado por el relevo de administración en el Gobierno Federal, que con el Presidente Enrique Peña Nieto, generó cambio organizacional en las instituciones de seguridad que llevará tiempo implementar, y el cambio de los mandos en el ejército, mandos que no han mostrado presencia militar en la región. Preparan sentencia para Serafín Zambada, le incautan 250 mil dls. Los detalles de la sentencia de Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y quien se declaró culpable de tráfico de mariguana, cocaína y metanfetaminas, se preparan en la Corte Federal de San Diego, California. Aunque de acuerdo a los registros penitenciarios estadounidenses, Ismael Zambada Ortiz, identificado con el número de registro 13069-408 “no se encuentra bajo custodia de la BOP”, Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, informó que su siguiente audiencia está programada para el 22 de mayo. Tanto la defensa como el fiscal Adam L. Braverman, acudirán ante el juez Dana M. Sabraw, en la última semana de febrero para preparar un paquete de condiciones en las que Zambada Ortiz pisará la Corte.  La audiencia estaba programada para el 5 de febrero, pero dos días antes, los abogados solicitaron al Juez, un periodo más amplio, ya que “la defensa continúa trabajando con la familia para satisfacer las condiciones para proponer a la Corte se garantice la seguridad durante la aparición del acusado en la Corte, así como negar cualquier peligro a la comunidad si el acusado fuese puesto en libertad en espera de la resolución de este caso”. Días antes de esta petición, se hizo válida la incautación de un cuarto de millón de dólares. Como parte de su declaración de culpabilidad, Serafín Zambada, quien es ciudadano norteamericano, aceptó entregar al gobierno estadounidense la cantidad de 250 mil dólares. El monto, de acuerdo a la Fiscalía Federal “representa las ganancias que el acusado obtuvo directa o indirectamente de la venta de drogas”, delito por el cual se le juzga, explica un documento presentado en la Corte. Aunque la incautación se estableció desde el 26 de septiembre de 2014, día en que se declaró culpable el menor de los hijos del líder del Cártel de Sinaloa, el decomiso se hizo efectivo el 29 de diciembre de 2014. Ese día, “Estados Unidos recibió un cheque firmado por el acusado, por el monto de 250 mil dólares”, se detalla en la orden de incautación, girada el 21 de enero de 2015, por el juez Dana M. Sabraw. El documento se encuentra en poder de ZETA. “Esta orden de incautación es parte de la sentencia y estará incluida en el dictamen”, precisa el documento de tres páginas. Aunque el caso por el que fue detenido Serafín Zambada, en noviembre de 2013, cuando cruzaba la frontera de Nogales, Arizona está a punto de concluir, la Fiscalía reveló el 16 de enero, un nuevo caso que involucra tanto a su padre, Ismael Zambada García, a sus hermanos Ismael Zambada Imperial “Mayito Gordo” e Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, así como a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Previo a esto, el 12 de enero de 2015, Serafín Zambada firmó un segundo acuerdo con la Fiscalía. El primero había sido ingresado el 26 de septiembre, día en que el acusado se declaró culpable. El estatus del joven de 24 años en los registros penitenciarios, fue modificado después de su declaración de culpabilidad. Antes del 26 de septiembre de 2014, ZETA realizó la misma consulta y los datos arrojados indicaban que el menor de los Zambada, se encontraba recluido en el Centro de Correcciones Metropolitano de San Diego, California. Sin embargo, abogados familiarizados con el Sistema Penitenciario de Estados Unidos y consultados por este Semanario, consideran que la única forma en la que el acusado continúe preso, pero aparezca “no bajo custodia” del gobierno federal, sería en “caso extraordinario”.