Puerto San Carlos, B.C.S.- A cuatro años del crimen de nuestro hijo Asael Valtierra Loya, la Procuraduría de Justicia en el Estado ha presentado avances, algunos de ellos sustantivos, pero a la vez lentos. Sin embargo, consideramos que dichos avances no deben ser tomados como definitivos para cumplir en un cien por ciento con el acuerdo del día 3 de marzo del 2011, asentado en el triplicado en donde se acuerda que “… con motivo de las investigaciones practicadas se advierte intervención en los hechos delictivos de otras personas posiblemente implicadas, o bien, personas identificadas pero que no se encuentran con elementos probatorios suficientes fundados para ejercitar la acción penal, extráigase copia debidamente certificada de la presente indagatoria y continúese con las investigaciones hasta el total y definitivo esclarecimiento de los hechos”, por lo anterior consideramos que las investigaciones deben continuar y no dar “carpetazo” al asunto , mucho menos abandonarnos y negarnos la atención y el derecho de audiencia que tenemos como ciudadanos y como víctimas del delito, en virtud de que ni el procurador Lic. Adinahi Carreón Estrada, ni el subprocurador de Investigaciones especiales Lic. Isaí Arias Famania, han querido atendernos durante los últimos tres meses. Para la Procuraduría de Justicia, percibimos que ya se les hace mucho lo que han hecho, que ya no quieren seguir investigando, que quieren dar “carpetazo” al asunto, que están aturdidos y cansados con tanta ejecución ocurrida en la capital del estado, lo cual les ha producido un efecto y estado de insensibilidad y dureza hacia el trato con las víctimas del delito y en particular con nosotros, al grado de que muestran “enfado”, cansancio, falta de atención y de interés para atendernos, para escucharnos y para darnos información actualizada sobre el asunto ya que de las más de 100 llamadas que hemos realizado a sus secretarios y secretarias para solicitarles fecha para una audiencia, ninguna nos han contestado, ni nos han regresado las llamadas. Lo anterior viene ocurriendo desde los últimos 3 meses. Sin embargo, a raíz de la consignación y liberación de las órdenes de aprehensión libradas en contra de 7 implicados más, libradas el pasado 5 de marzo, en donde se incluyen a tres de los policías municipales: el excomandante de la Policía Municipal Felipe Rodríguez Higuera, los policías Guillermo Aripez Geraldo y Moctezuma I. Bareño Arce, así como para otros 4 presuntos homicidas: Obed Lemuel León Sáenz “El Bitachi”, Ignacio Acosta Madrigal “El Nancho”, Óscar Fidel Angulo López y Jaime Lara Murillo “El Güero Edén” o “El Vaquero”, de las cuales uno de ellos es señalado como acompañante de quien es señalado asesino material, Amadeo “El Yeyo” Zamudio, y las otras tres tuvieron participación directa en los hechos como “halcones” en la carretera de Ciudad Constitución a Puerto San Carlos, a la altura del entronque de la carretera a Benito Juárez, ejercitándose hasta la fecha acción penal solo en contra de los dos últimos, mientras que los primeros cinco se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. Todo lo anterior nos genera muchas dudas e incertidumbre. Dudas que necesitamos y solicitamos nos sean aclaradas por parte de la Procuraduría. No sabemos qué planes tienen en torno a este caso. Si piensa continuar con las investigaciones para cumplir cabalmente con el acuerdo del día 3 de marzo del 2011. No sabemos qué plan o estrategias tiene para lograr ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes. Necesitamos que se nos informe todo lo anterior y muchas dudas más, entre las que resaltan qué ha pasado con la orden de reaprehensión de Guadalupe Decarely Barraza López, la cual tiene tres años ya sin que se haya ejecutado. Qué ha pasado con la investigación para deslindar responsabilidades sobre el o los servidores públicos que señala durante su declaración de fecha 8 de febrero del 2012 Brianda Briyith Castillo Salcedo, en donde declara que a su pareja sentimental de nombre Adrián Flores Batistida, encargado de la plaza en ese tiempos e implicado en los hechos, “lo soltaron porque había pagado a los ministeriales un soborno, no recuero si de 25 mil o 30 mil pesos”. Agregando, “dijo que no había habido tanto problema ya que aquí en San Carlos pagaban por semana 15 mil a los ministeriales y 10 mil a los municipales”. De igual manera, no sabemos qué ha hecho la Procuraduría por conducto de la contraloría interna, a quien el agente del Ministerio Público de homicidios doloso Lic. Samgar Salvador Gómez Reyez, dio vista con fecha 24 de junio del 2013, para deslindar responsabilidades sobre la negligente actuación de quienes tuvieron la encomienda de recoger los restos de nuestro hijo y que dejaron regados en el vehículo 67 fragmentos de restos óseos y otros cuatro más tirados en el suelo, siendo un total de 71 fragmentos que se nos entregaron por parte del agente del Ministerio Público de Homicidios Doloso, después de realizar un minucioso lavado del vehículo e inspección ocular a conciencia en el lugar en donde quemaron el vehículo con el cuerpo de nuestro hijo Jesús Asael Valtierra Loya, acción que agradecemos a la Procuraduría ya que nos permitió darle cristiana sepultura. Dos años después de que ocurrieron los hechos. Permitiendo también el anterior lavado del vehículo, encontrar la ojiva de la bala, que fue otra omisión más de los descuidados y negligentes servidores públicos adscritos a la Procuraduría en aquel tiempo, como son el agente del Ministerio Público del Fuero Común y personal del Servicio Médico Forense y servicios periciales. El hallazgo de la ojiva, que permitió establecer, después de realizar un estudio de balística identificativa por parte de Servicios Periciales de la Procuraduría, que fue con una pistola tipo revólver calibre 32 con la que le quitaron la vida a nuestro hijo, logrando localizar posteriormente el arma en la ciudad de La Paz, y establecer que dicha arma fue empeñada en una casa de empeño denominada “Casa de Empeño Ocampo”, en donde dentro de la indagatoria se logró establecer quién era el dueño del arma antes del homicidio y hasta la fecha tampoco sabemos qué ocurrió o por qué no se siguió investigando para determinar la probable responsabilidad y conocer cómo llegó dicha arma a manos del presunto autor material del homicidio. Queremos subrayar que el acuerdo inicial, de fecha 3 de marzo del 2011, dentro del triplicado para continuar con la investigación, se acordó por parte del entonces agente del Ministerio Público de Homicidios Dolosos Zona Norte, Lic. Antonio López López, que era para “continuar con las investigaciones hasta el total y definitivo esclarecimiento de los hechos”, el cual se refería a encontrar elementos probatorios suficientes y fundados para ejercitar la acción penal en contra de quienes inicialmente fueron consignados y a los cuales el juez de primera instancia con sede en Ciudad Constitución, Hugo Flores Bustos, negó la orden de aprehensión para cinco presuntos responsables y reclasifico además el delito para otros dos de los presuntos homicidas, con el fin de que alcanzaran libertad condicionada. Reconocemos que si bien es cierto, hubo un avance esencial dentro de la investigación, al lograr la identidad de los cuatro sujetos, cuya identidad era desconocida hasta hace algunos meses, pero que desde un principio Elías Gómez Gómez “El Michoacano”, quien es uno de los primeros dos procesados junto con Renato León Atondo “El Chuquero”, describió en su primera declaración ministerial como participantes en los hechos. Sin embargo, han existido omisiones y hasta negligencia por parte de la Procuraduría en la integración de la averiguación previa, toda vez que: 1.- Con fecha 3 de marzo de 2011, al presentarse a declarar Moctezuma Ilhuicamina Bareño Mayoral como indiciado, no fue decretado el arraigo por parte del Ministerio Público, y lo dejó ir a pesar de que existía probable responsabilidad de la comisión del delito que se le imputaba, y hoy en día no se le ha podido ejecutar orden de aprehensión. 2.- De igual forma ocurrió en fecha 3 de marzo de 2011 con el ex comandante Felipe Rodríguez Higuera, que al presentarse a declarar ya como indiciado, no fue decretado el arraigo por parte del Ministerio Público, y lo dejó ir a pesar de que existía probable responsabilidad de la comisión del delito que se le imputaba, y hoy en día igualmente no se le ha podido ejecutar orden de aprehensión. Y en otros casos la investigación ha ido avanzando con demasiada demora. Cuatro años ya de peregrinar, de desgaste, de vueltas y más vueltas a la Procuraduría de Justicia del Estado. Por lo anterior, solicitaremos a la comisión ejecutiva de Atención a Víctimas, para que intervenga de una manera más directa, constante y eficaz en nuestro caso que tienen registrado bajo el expediente PROVICTIMA/BC/00143/A/2012, para que en el gobierno de B.C.S. y en particular la Procuraduría de Justicia destierre esa actitud de negar atender a las víctimas del delito como lo establece la Ley General de Víctimas y su reglamento recién publicado, de igual forma a la C.E.D.H. para que en el ámbito de sus facultades intervenga y haga una recomendación a la Procuraduría de Justicia a fin de que sea atendida nuestra queja y demanda en el sentido de que no estamos de acuerdo con la intención de pretender cerrar la investigación. Atentamente: Jesús Valtierra García Guadalupe Loya Higuera Padres de Asael Valtierra García
Publicidad
