En la burocracia municipal tijuanense, sucede tal como decía “Cantinflas”: “Ni están todos los que son, ni son todos los que están”. Hay muchos apuntados en las nóminas como empleados de confianza. Pero ni a eso llegan. Y otros sin la calificación, sí lo son… con menos sueldo. Según los sabedores de estos tejes y manejes, desde hace años brotó y se mantiene “…una descripción vaga e imprecisa del puesto y las funciones”. Eso ha provocado un desbarajuste laboral. Resbala en lo ilegal. De repente, Fulanito está comisionado a tal oficina como empleado de base. Luego aparece en otra, catalogado de confianza. O al revés. Por eso, desde hace cinco meses, expertos iniciaron y terminaron un estudio. Esto me lo comentaron cercanos al Secretario Municipal, Licenciado Fernando Castro Trenti. Les oí con atención: “Ya existe un plan para colocar a cada empleado en su lugar”. Hasta explicaron cómo especialistas espulgaron caso por caso. Nombre por nombre. “Estos son, en realidad, empleados de confianza y éstos de base”. Incluyeron a todo mundo. Nadie se les escapó. Naturalmente, la burocracia desconoce este documento. Pero fui informado sobre el XVIII Ayuntamiento, que tiene la intención simple y única: regularizar todo legalmente. Nada de más. Me imagino que seguramente, muy pronto iniciarán pláticas con líderes burócratas. “Pero será en buen plan. Nada de pleitos. Los jefes esperan que no haya ‘periodicazos’ y todo se lleve en calma”, me dijeron los informantes. De cualquier forma, este asunto tiene sus bemoles. Para empezar, debe leerse la Ley del Servicio Civil. Según su Artículo Sexto: “La categoría de los trabajadores de confianza, depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza, las de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan el carácter general; y las que se relacionen con trabajos personales de los titulares de las instituciones públicas”. Y el Artículo Octavo: “Son trabajadores de base los no incluidos en el Artículo Quinto, en relación con el Sexto, siendo por ello inamovibles, adquiriendo el derecho a la estabilidad no solamente dentro de las autoridades públicas, sino en el puesto específico para el que fueron nombrados”. Pero, desde hace años, esto no se respeta en la burocracia municipal. Unos cobran como empelados de confianza sin serlo. Otros de base, trabajan sobre cuestiones administrativas, inspección, vigilancia y fiscalización. Entonces su situación está “en el aire”, aunque sindicalmente protegidos. Por ello suceden dos cosas: a los de confianza no se les puede remover libremente pero, en la práctica, tampoco a los de base, aunque están desempeñando claramente funciones de confianza. Las costumbres en la burocracia han llegado a tal punto, que existen cerca de 300 categorías. Aparte, hay “empleados de confianza” y “empleados de confianza II”. Uno de los primeros pasos del nuevo Ayuntamiento: considerar como empleados de confianza a todos los administrativos. Aquellos con acceso a información confidencial, de vigilancia o fiscalización. El criterio es muy claro: el manejo de cuestiones delicadas, no puede estar en manos de cualquier empleado sindicalizado. En algún momento pueden utilizar, comunicar o “filtrar” a los periodistas. Al adquirir la etiqueta de confianza, entonces deberán ser leales a su jefe y, si no, despedidos sin las ventajas de un trabajador de base. Otro caso que me comentaron: los empleados de informática. Por su capacidad, saben todo el movimiento municipal a través de las computadoras. “Fueron empleados por administraciones panistas, están todavía en esos puestos”. La consideración de los expertos laboristas es sencilla. Podría darse el caso: algunos o varios, informar a sus antiguos patrones sobre movimientos realizados por la nueva administración priista. Indudablemente, existe desconfianza, pero el objetivo de los expertos analistas no tiene ribete político: se responsabiliza al empleado de confianza por su trabajo. Y precisamente para no ir contra la Ley del Servicio Civil, es muy posible que el XVIII Ayuntamiento presente alguna iniciativa al Congreso del Estado. Buscará reformar para organizar. Con ello, ubicar a cada empleado en su lugar. Darles categoría. Me informaron: de lograrse esto, serviría también para que cada burócrata reciba un sueldo justo. La Ley del Servicio Civil es muy clara: “A trabajo igual desempeñado en el puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, deberá corresponder salario igual. Y el salario correspondiente a las distintas categorías de los trabajadores, deberá ser uniforme en todas la autoridades públicas”. Actualmente, no sucede así. Por eso los expertos consideran un grave riesgo: en la próxima revisión de contrato colectivo de trabajo, podrían reclamar la nivelación de los salarios. Otro punto clave, es el de trabajadores de empresas descentralizadas municipales. Fueron contratados o están laborando de acuerdo a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. Es una gran falta, deben regirse a la Ley Federal del Trabajo. Está muy claro: encuadran en el apartado “A” del Artículo 123. En fin, todo esto tiene otro objetivo tan o más importante: en las últimas administraciones municipales, les dio por “autoliquidarse” con elevadas cantidades. Se descubrieron casos. Amigos empleados por cierto alcalde o funcionario. Ni siquiera completaron tres años trabajando, mas les indemnizaron como si hubieran laborado doble o triple de tiempo. Al terminar el trienio panista en noviembre pasado, 200 personas se “autoliquidaron” con cerca de 20 millones de pesos. Si tal pago hubiera sido según la ley, se tomaría como base el salario mínimo vigente al doble. Entonces, la reorganización que se pretende tiene tres objetivos. Colocar a cada quien en su lugar. Evitar las famosas autoliquidaciones millonarias. A la hora de jubilaciones, que gocen de ella justamente. Sucede en la realidad. Quienes llegaron y se fueron con los últimos tres o cuatro alcaldes, dejaron el empleo retacándose los bolsillos. Y este o los presidentes municipales anteriores, se quedaron engarrotados. No tuvieron dinero para indemnizar a quienes consideraban, debían dejar el empleo. Por eso con el tiempo se ha dado todo ese desbarajuste. Unos ocupan puestos que no les corresponden. Otros reciben sueldos injustamente. Por ejemplo, se descubrió un cargo muy repetido: “Auxiliar Administrativo” o “Auxiliar de Confianza”. Sin duda, la gran mayoría nombrados más por amistad que méritos. Este abril se revisará el contrato colectivo de trabajo en el XVIII Ayuntamiento de Tijuana. Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado el 1 de abril de 2005. Aumento a Hank de 239.04 % El Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Tijuana, entregó el jueves por la tarde a la reportera Rosario Mosso de ZETA las relaciones que parecen arriba y al lado izquierdo de estas líneas. Aseguran que regidores de ese p4tido recibieron mejoría en sus sueldos hasta 30.14 por ciento, pero el caso de Hank Rhon como alcalde es excepcional. De 52 mil 840 pesos que estaba ganando pasó a recibir 179 mil 149 pesos. Haciendo una suma de la aplicación retroactiva queda establecido un aumento del 239.04 por ciento. Lo nunca visto en Baja California. En el caso del Síndico, fue beneficiado con un 125.30 por ciento. El Secretario del Ayuntamiento, Fernando Castro Trenti, fue beneficiado casi igual que Hank: 219.63 por ciento. Solamente el Tesorero y Oficial Mayor recibieron menos del famoso 50 por ciento. Los demás funcionarios de primera escala, el menos, con 155.51 por ciento.
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