BC en el ojo del SAT

200 mil millones de pesos implican un boquete fiscal que el Gobierno de la República no podrá cubrir con los recortes en infraestructura anunciados el 30 de enero de 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bajo estas circunstancias, la SHCP ejercerá puntual revisión a todos y cada uno de los contribuyentes, sean personas físicas o personas morales, advierten abogados fiscalistas consultados por ZETA. Adolfo Solís Farías, especialista en temas fiscales, alertó que de entrada la autoridad hacendaria revisará al sector empresarial, empezando por las propiedades que hayan adquirido a nombre de terceros, así como las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito; además de ello, Hacienda ha establecido 21 requisitos para validar una factura, cuando la Ley solo contempla los datos que aparecen en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, Joaquín Ramírez Chacón, externó que aunque el Gobierno de la República habla de equidad tributaria, no existe tal, ya que mientras el año pasado en Baja California se realizaron más de mil 700 revisiones a los contribuyentes a nivel estatal, en el resto del país esto no se llevó a cabo. Cabe mencionar que la SHCP no ha especificado si el seguro petrolero contratado por la administración federal cubre la caída del precio por debajo de los 50 dólares, niveles en los que se ha presentado el costo del combustible en los primeros días de 2015 y en diciembre de 2014. En tanto, el diputado federal David Pérez Tejada afirmó a ZETA que hasta donde se sabe, se tiene asegurado el precio de 79 dólares por barril de petróleo crudo, aunque se desconoce la cobertura total. Ante tal incógnita, la Cámara de Diputados ha pedido la aclaración correspondiente al gobierno de Enrique Peña Nieto, sin que a la fecha haya respuesta. El riesgo para los contribuyentes “Ya tenemos una fiscalización fuerte. Las multas por incurrir en una falta son de 10 mil pesos, por lo menos, pero se puede ir a la cárcel si no se presenta una declaración informativa, aunque primero van a mandar una notificación. Ahí tienes los depósitos en efectivo, sin investigar a fondo te mandan un crédito fiscal diciéndote cuánto debes cubrir. Otro caso, tengo un cliente a quien le embargaron su cuenta desde hace un año y no se la han liberado. Es un trámite burocrático interminable que agarra el SAT, pero que no suelta”, explicó a ZETA un contador en torno a la agresiva fiscalización que está realizando la administración peñanietista. Por su parte, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Iván Curiel, anotó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido el órgano desconcentrado que más quejas ha recibido, lo cual deriva de la amplia gama de atribuciones e infraestructura que tiene. Agregó que en 2014 se reportaron más de 500 quejas en Baja California, lo que significó un crecimiento exponencial de más del 200 por ciento en comparación con 2013, cuando hubo menos de 200 quejas. Del total, el 80% corresponde a actos diversos del ente tributario. Curiel recordó que la cifra de bajacalifornianos verificados en el RFC supera el millón y medio, lo que equivale al 3.75% del padrón a nivel nacional. Luego, afirmó que el principal dolor de cabeza del ciudadano ha sido el tema de devolución de impuestos, un trámite sumamente lento. Le siguen el desconocimiento créditos fiscales, donde embargan un bien del propietario, además del desconocimiento de los motivos del crédito fiscal que de pronto se le otorga al contribuyente. “Tenemos casos como son el aseguramiento de cuentas bancarias y cartas de invitación, seguimos recibiendo contribuyentes con relación a estos temas. Sin duda alguna, la Reforma Fiscal nos va a traer bastante trabajo, ya que la gente está más informada de sus derechos”, sentenció el entrevistado. Agresiva fiscalización Por otra parte, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías evocó que el año pasado, en el Código Fiscal de la Federación, se contempló una facultad en el Artículo 42, Fracción Novena, que no existía: la ciber-fiscalización, con lo que dueños, propietarios accionistas y líderes empresariales, estarán en riesgo cuando el fisco inicie su programa de inspección de operaciones discrepantes por medio de la intervención electrónica. Empresarios que compren o hayan adquirido inmuebles o bienes que han puesto a nombre de su esposa, hijos o padres, serán el primer grupo susceptible a investigación, ya que la autoridad fiscal se ha dado cuenta que el principal patrón de ocultamiento de fondos, es a través de la adquisición de inmuebles. El SAT también hará el cruce de información en registros públicos. La información que proveen notarios, corredores de bienes raíces e inmobiliarias, será una de las fuentes principales para la detección de este tipo de operaciones, donde el producto de la discrepancia se sustentará en cómo esos bienes fueron adquiridos, comprados o pagados; además de la donación de padres a hijos o nietos, o la ascendencia, que será blanco de esta fiscalización, a fin de determinar el origen del donante, según estableció el consultado. Pero no termina ahí, ya que otra fuente de incompatibilidad a la que se enfrentaran los empresarios, son las cuentas bancarias, de inversión y ahorro, incluidas las tarjetas de crédito y débito en México o el extranjero. Las revisiones se extenderán a la compra de vehículos nuevos de lujo a nombre propio o de sus cónyuges, o parientes en línea recta hasta el tercer grado. El también especialista en temas fiscales, Jorge Pickett, expuso que la Secretaría de Hacienda ya tenía conocimiento de que en 2015, los ingresos petroleros no serían su fuerte, por lo que se anticipa una fiscalización sumamente agresiva en México. En 2014, Aristóteles Núñez, jefe del SAT, presumió que la recaudación aumentó en 52 mil millones de pesos, lo que coadyuvó a compensar la baja por ingresos petroleros. Luego, informó que ante la disminución en la producción y del precio del petróleo hubo un faltante de la renta petrolera, compensado con un ingreso en materia de recaudación fiscal. “Tenemos mayor recaudación fiscal y eso ha permitido compensar la caída que tenemos en la producción y el precio del petróleo. Aproximadamente tenemos de incremento 52 mil millones de pesos”, aseguró el funcionario, para después reconocer que el descenso en los ingresos petroleros sería un gran desafío para las finanzas públicas del presente año. Posteriormente, advirtió que las auditorías fiscales buscarán aumentar las auditorias hasta 25%, una vez que se tengan las herramientas para que se hagan de manera electrónica, como lo es el buzón tributario y el uso de la e-contabilidad, para después disminuir las revisiones tradicionales. El empleado federal abundó que con las nuevas tecnologías se podrá detectar si el contribuyente tiene alguna inconsistencia, por lo que se le notificará vía electrónica para que la resuelva. Aunque si “el contribuyente persiste en su inconsistencia y hace caso omiso al aviso, la autoridad iniciaría una auditoría”, advertiría Núñez. Seguro petrolero insuficiente Respecto al seguro por las bajas en el petróleo, el 13 de noviembre de 2014, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, declaró: “Hemos realizado un conjunto de operaciones entre el mes de septiembre y el mes de noviembre, se realizaron 43 operaciones en los mercados internacionales de derivados (…) con siete contrapartes y nos han permitido, mediante la estrategia de opciones, proteger un precio de 76.4 dólares por barril”. Lo anterior significa, dijo, que con independencia de cuál es el precio promedio para el presente año, el Gobierno de la República puede ejercer las opciones si el precio promedio de venta del barril de crudo está por debajo de los 76.4 dólares. Asimismo, en cuanto al diferencial de 2.6 dólares por tonel que no están garantizados por el sistema de coberturas en mención, detalló que éstos se resguardan a través de una subcuenta dedicada en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que mantiene un remanente de 33 mil 641 millones de pesos. De ahí que fueron separados, dentro de dicho fondo, 7 mil 944 millones de pesos que cubrirán el diferencial y para envolver 228 millones de barriles de crudo, que es lo que corresponde al riesgo neto y a la exposición equivalente del Gobierno de la República. El faltante Para el diputado federal Andrés de la Rosa Anaya, Hacienda “no ha dicho bien a bien” de qué tamaño es el agujero en las arcas federales: “En la Ley de Ingresos presupuestamos en 79 dólares el barril, y ahorita traemos un precio de 40 dólares, eso va a tener un impacto, se supone que hay un seguro de cobertura pero ese no te lo dan en el transcurso del año. Mientras no suceda eso, la batalla va a ser cómo resarcir ese recurso que van a dejar de percibir. Lo que he podido apreciar, a reserva del monto oficial, ha habido datos que hablan de 100 mil hasta los 200 mil millones, lo que queda claro es que va a ser bastante el recurso que se dejará de percibir”. Concluyó que si bien la autoridad fiscal no aumentaría impuestos, ante la carencia de fondos en las arcas, la tentación más cercana es una reforma de la reforma. Aumentó facturación electrónica Según registros del SAT, más de cuatro millones de contribuyentes emiten facturas electrónicas, en tanto que los comprobantes fiscales, son más de 14 mil 310 millones (enero de 2005-noviembre 2014). Cabe recordar que desde abril de 2014, la e-factura es obligatoria como único esquema válido de comprobación fiscal en México. Al último del mes de noviembre se tuvo un reporte de 4 millones 199 mil 617 emisores de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), para un incremento del 348% en relación a los 918 mil 724 emisores al último de diciembre del año previo. En los primeros 11 meses de 2014 se sumaron 3 millones 200 mil 893 emisores (758%) respecto a los 372 mil 915 del año anterior. Fue en abril cuando más CFDI se emitieron, fecha en que entró en vigor el esquema. Por medio de la herramienta “Mis Cuentas”, de enero a noviembre de 2014 se generaron 68 millones 349 mil 761 facturas, cifra superior al millón 542 de 2013. Peña solo fiscaliza a BC Por último, Joaquín Ramírez Chacón, presidente del CCE en Mexicali, citó que durante la campaña de Enrique Peña Nieto hubo un aviso de que la función operativa del SAT sería de fiscalización. “Eso es una realidad y está avalada por el Congreso. En Baja California hubo mil 789 visitas del SAT, y en otros estados de la Republica nada. Realmente de ahí habrá que sacar las conclusiones, defendernos, darle importancia a la Ley para no tener problemas. Los dados están echados, no hay vuelta de hoja. Tenemos que jugar con esas reglas, fueron impuestas y el SAT está actuando”, exhortó. Para ello se deberá actuar dentro del contexto de la Ley, ya que el tema va más allá de una cuestión política, puesto que la Reforma Hacendaria afecta a miles de personas que están fuera de los conceptos que maneja la autoridad hacendaria. Como organismo estarán pendientes de los recursos recaudados, que por lo menos los regresen en inversión para generar progreso. “Nosotros tenemos limosna, no programas de inversión reales”, recalcó Ramírez Chacón. Más trabas en facturas electrónicas El abogado fiscalista Adolfo Solís expresó que en términos del Artículo 29-A del Código Fiscal, el receptor del comprobante fiscal está obligado a verificar que se cumpla con cada uno de los requisitos, en particular, la Fracción V de dicho precepto, el cual señala que todo comprobante debe incluir “la cantidad, unidad de medida, clase de los bienes o mercancías, descripción del servicio o del uso o goce que la ampare”. Dicha norma, comentó, solo exige describir el servicio o determinar el uso o goce que ampare una operación; sin embargo, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, el fisco ha exigido otros requisitos indeterminables. Por ejemplo, si se descree en el comprobante fiscal “servicios profesionales”, ahora exige que se describa: 01.- Con qué fin se solicita el servicio 02.-  Por qué medio se contactó al proveedor de servicios 03.-  Con qué razón se contactó al prestador de servicios 04.- En qué consiste el servicio 05.-  Cómo se proporcionó el servicio 06.-  En qué momento se proporcionó el servicio 07.- Cuántas personas prestaron el servicio 08.- Qué actividades desempeñaron 09.- Costo de la contraprestación global y por persona 10.- En cuánto tiempo se prestó el servicio (no se refiere a la duración del contrato, sino al tiempo invertido para prestar el servicio) 11.- En dónde se realizó el servicio 12.- El nombre y RFC de las personas que prestaron el servicio 13.- Cómo se realizó el pago 14.- En qué fechas se realizó el pago 15.- Dónde se trasferirá el pago y en qué tipo de moneda 16.- El documento que se entregará para respaldar la operación 17.- Por qué es necesario para el receptor del servicio contratar esta actividad 18.- Si se considera estrictamente indispensable el pago por este concepto y cómo se justifica 19.- Cómo se impactará al contratante con el servicio adquirido (qué gana) 20.- Quién se benefició y cómo se benefició con la prestación de servicios 21.- Cuál es el perfil de los prestadores de servicio (oficio, experiencia, especialidad)   Dichos requisitos no se contemplan en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, pero en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad rechaza las deducciones o acreditamientos bajo la hipótesis de que el comprobante no reúne los requisitos de la Fracción V del mencionado precepto, cuando se trata de la descripción de servicios.