Al recuperar su libertad, el ciudadano estadounidense Walter Davis Stephens III, uno de los dos extranjeros detenidos en octubre de 2011 con casi un millón de dólares en efectivo en el Aeropuerto Internacional de Toluca, promovió un amparo para exigir que la Procuraduría General de la República le devuelva su dinero y un yate asegurados. El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal admitió la demanda de garantías 42/2015 a nombre del norteamericano que señaló como autoridades responsables al procurador General de la República y a los titulares de diversas unidades especializadas de investigación de la señalada dependencia. Luego de que Walter Davis y su coacusado Steeven Craig Knight obtuvieron un amparo directo en el Estado de México que los libró de la condena de cinco años de prisión impuesta en 2013 por un tribunal mexicano como responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Walter realizó el reclamo a la PGR. El 26 de diciembre pasado la institución ministerial emitió un acuerdo en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/337/2011, en el que se señala la “no procedencia” de la devolución del numerario consistente en 956 mil 804 dólares americanos, así como tampoco de la embarcación de recreo “Good Knights” de la marca NorTeach 80´, tipo yate, año 2009, con casco de fibra de vidrio color azul con franjas de color blanco. El quejoso estima en justicia que al no haberle comprobado el gobierno mexicano su participación en delito alguno debe de ser resarcido en sus garantías y patrimonio. El juez de amparo señaló el próximo 3 de marzo para el desahogo de la audiencia constitucional en la que podría dictarse el fallo al respecto. Tanto Walter Davis Stephens III, como su compatriota Steeven Craig Knight, fueron detenidos el 25 de octubre de 2011 en el aeropuerto de Toluca cuando pretendían volar a Houston, Texas, en un avión privado. A bordo de la aeronave fueron aseguradas dos maletas que contenían casi un millón de dólares cuya procedencia se desconocía. La DEA informó en su momento a las autoridades mexicanas que Knight fue arrestado y declarado culpable por posesión de cocaína con intención de distribución el 28 de septiembre de 1982, por lo que fue sentenciado a la pena de dos años de prisión. Sin embargo, esa circunstancia no reveló que la procedencia de los recursos asegurados en México sea producto de la comisión de algún ilícito. Tampoco se localizaron antecedentes penales en este país para suponer que el dinero proviniera de conductas delictivas de los ahora exonerados.
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