A mediados del 2014, Valerio Castro Santa Ana, Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconoció que se llevan a cabo inspecciones constantes a la empresa instalada en Mulegé, denominada Exportadora de Sal S.A. de C.V. Tenía procedimientos en su contra por el derramamiento de salmuera en el mar, lo que incrementó la salinidad y por ende, la muerte de especies marinas. Aunque el delegado de Profepa dijo que no se trata de especies protegidas, dijo que por ser un Área Natural Protegida (ANP), está en vigilancia, “tenemos muy presente los recorridos de vigilancia que se hacen dentro de la exportadora de sal, y hay algunos expedientes que se tienen en la delegación, en los cuales ya se emitió un resolutivo. Por la misma ley de acceso a la información, donde me prohíbe dar datos de algún procedimiento que tenga en esta delegación, que es relacionado con la exportadora”, apuntó en su momento. El 29 de diciembre, la Profepa otorgó la conmutación de la multa impuesta a la empresa por la realización de un proyecto de inversión que consiste en el “Saneamiento y rehabilitación de áreas adyacentes al antiguo basurero de Guerrero Negro” con una inversión de 2 millones 70 mil 882 pesos, cuando su multa fue de un millón 920 mil 550 pesos. Aunque la denuncia de pescadores, que fue por ello que se inició el proceso en contra de la minera, la Profepa señaló que se detectó que la empresa no contaba con la autorización en materia de impacto ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la realización de diversas obras y actividades en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Sin embargo, pese al impacto que ocasionó la compañía salinera, la misma autoridad concedió el canje de la multa por la realización de un proyecto de inversión denominado, consistente en el confinamiento en zanjas de la basura existente en la zona. “El proyecto propuesto tiene como premisa el establecimiento de mecanismos y acciones que coadyuven a la prevención, disminución y corrección de los impactos ambientales negativos provocados por las distintas actividades que se desarrollan en la reserva”, explica la dependencia federal, pero deja en claro que son las diversas actividades que impactan la zona, no el derramamiento de salmuera al mar. Además la empresa vendió la idea de la “reutilización, el reciclado y la recuperación de los materiales con valor ecológico; mejorará el control y el manejo ambientalmente idóneo de los desechos sólidos en la reserva; gestionará la adecuada disposición de residuos sólidos municipales”, puntos importantes dentro de la empresa, pero que por ley debe cumplir no por decisión propia, ya que al tratarse de una ANP donde labora, está obligada a la protección del sitio, además de estar certificada en el manejo de residuos. En pocas palabras, la autoridad accedió a las peticiones de la empresa, aun cuando ésta es la parte acusada y la obligada al mismo tiempo de cumplir la ley y resarcir los daños provocados al ecosistema, la denuncia de pescadores se mantiene en proceso.
Publicidad
