Millonario desfalco a Tijuana

En las siguientes semanas, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Arturo Ledesma Romo, iniciará con las entrevistas a los ex funcionarios de la administración de Carlos Bustamante Anchondo -incluido el ex presidente municipal-, pues finalizadas las investigaciones de las actas de entrega de la administración y las observaciones de los funcionarios de la alcaldía de Jorge Astiazarán, se presume un millonario desfalco. Tan solo en la revisión de 90 actas de entrega, donde se realizaron 14 audiencias de aclaración, se presume un daño a la Hacienda municipal por 6 millones de pesos. Además, en la revisión de tres proyectos: elevador para discapacidad en Palacio Municipal, luminarias y dirección de Catastro, se estima un daño a las arcas de Tijuana por 162 millones de pesos. Los delitos en los que se presume incurrieron los responsables de la anterior administración -incluido el alcalde y su síndico- van desde abuso de autoridad -fracción V, VI, XI del Artículo 293 del Código Penal, hasta peculado, delito consignado en el Artículo 298. Asimismo, conforme a los expedientes de Sindicatura, infringieron la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, con la cual se rigen al momento de prestar servicio al Estado. En estas condiciones, la Sindicatura del XXI Ayuntamiento de Tijuana podría sancionar o inhabilitar a más de 25 ex funcionarios. Entre ellos: Marcelino Hidalgo Silva, Basilio Meza Gastélum, Édgar Arturo Fernández Bustamante, Ricardo Avitia Hernández, Antonio Ricardo Cano Jiménez, Roberto Antonio Cano Chávez, Jesús Ignacio Carlos Huerta, Héctor Manuel Bautista Ortega, Carlos Contreras Martínez, Esteban Yee Barba, María Adolfina Escobar López, Roberto Ordorica Ruiz, José Arturo Gutiérrez Sánchez, José Ángel Pesqueira, Sergio Oswaldo Zatarain Peña, Francisco Moreno Escalante, Francisco Fernando Esparza Rosete, María de las Mercedes Armenta, Jesús Martín Camacho, Francisco Rodríguez Martin, Gustavo Orozco Morales y Martín Rodríguez Rodríguez. A continuación, algunas de las irregularidades en las que Sindicatura ya concluyó la etapa de investigación. Coordinación de gabinete: Daño patrimonial por 36 mil 222 pesos El 1 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la entrega de la coordinación de gabinete que titulaba Antonio Cano Jiménez, y la recepción del futuro coordinador, Carlo Dalí Gutiérrez Manzo. El 30 de diciembre de 2013, así como el 3 de enero de 2014, Gutiérrez Manzo remitió a Sindicatura las irregularidades detectadas en el acta de entrega recepción. En total, cuatro observaciones. Primera observación. No localizaron físicamente en las oficinas un escritorio inventariado con el número OM-2010-713. En el listado aparece mobiliario en comodato (prestado), pero que no fue retirado por sus propietarios ni localizaron convenio que avalara la transacción. Inscribieron bienes en la entrega que no fueron localizados a la recepción. No funcionaban ni la televisión, ni la trituradora de papel. Segunda observación. El vehículo que tenía asignado Antonio Cano Jiménez lo dejó en mal estado, sin tarjeta de circulación ni póliza de seguro vigente, la llave no funciona y las fallas mecánicas impiden su funcionamiento; nada de lo anterior fue anotado por Cano en el acta de entrega y recepción. Tercera observación. En el avance programático de la coordinación se proporcionaron datos al cierre de septiembre de 2013, cuando debió ser a noviembre de 2013; además, no dejó el ex coordinador de gabinete documentación alguna de esos trabajos. Cuarta observación. Cano no proporcionó el proyecto de presupuesto 2014 asignado a la unidad administrativa de la coordinación de gabinete, como tampoco el programa operativo anual 2014, que carece del componente presupuestal. Al revisar el acta de entrega recepción, así como las irregularidades detectadas por la nueva administración, Sindicatura hizo una investigación para determinar el daño patrimonial. Se transcribe el texto: “… al revisar la documentación certificada por esta Dirección de Contraloría se detectó que el mobiliario, documentación de oficina y cómputo no entregado a la nueva administración  en la entrega-recepción de 2012, asciende a la cantidad de 22 mil 215 pesos con 65 centavos”. La cifra es la suma del costo de mobiliario no encontrado y los bienes dañados, como dos computadoras, un sillón, un teléfono celular, una pantalla de 19 pulgadas, entre otras. También los contratos de comodato, uno con el propio Antonio Jiménez por nueve bienes inmuebles, entre ellos una impresora, dos discos duros y muebles. Otro con Francisco Acuña Borbolla por siete muebles, de los cuales no existe contrato de comodato en cinco. Y dos muebles en comodato con Mónica Elizabeth Vallejo Aispuro, un librero y un gabinete, sin contrato. En el oficio SP-DC-XXI-2119-2014, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana determinó que Antonio Cano Jiménez causó perjuicios a la Hacienda pública municipal por 22 mil 215 pesos con 62 centavos, y “causó daño a la Hacienda pública municipal por un monto de 14 mil siete pesos, derivado de la erogación por servicios efectuados a unidades vehiculares designados a la coordinación a su cargo”. Dirección Administrativa Secretaría de Seguridad Pública: faltan miles de bienes en inventario, contratos y plazas irregulares El 30 de diciembre de 2013, el nuevo director administrativo de Seguridad Pública hizo llegar a Sindicatura las observaciones en la entrega recepción. Se refirió a las inconsistencias en la estructura orgánica y el reglamento interno, así como en la plantilla de personal adscrito, pues no empataba lo que había con lo descrito en la entrega. También detectaron faltas e inconsistencias en el inventario de mobiliario, equipo de oficina y de cómputo, “se encontró un faltante de 16 bienes y un sobrante de 39 bienes; asimismo, en equipo de cómputo un faltante de nueve bienes y un sobrante de 24”. Además, irregularidades en la estructura orgánica y reglamento interno: “La estructura orgánica de la dirección administrativa presentada (…) muestra marcada diferencia con los datos registrados en el padrón de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública al 2 de diciembre, estructural y nominalmente”. También inconsistencias entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido: “No fue posible validar las cifras que indica, en virtud de que no se adjunta el presupuesto originalmente autorizado; asimismo, de las partidas del presupuesto modificado, no se anexan los oficios de autorización de las modificaciones que corresponden, ampliaciones y/o reducciones”. Tampoco se pudo verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido para programas especiales de 2010 al 2013. Inconsistencias en programas sociales y las reglas de operación, así como en las plazas asignadas. “Se detectó diferencia con respecto a plantilla de personal de Oficialía Mayor, al 15 de noviembre, de más cuatro plazas ocupadas y de menos de cinco plazas vacantes”. Además: “Se encontró a 35 elementos no registrados en padrón de recursos humanos y 35 elementos no registrados en la plantilla de Oficialía Mayor; hay 65 plazas que aparecen con nombre y apellido en plantilla de Oficialía Mayor como vacantes, y las mismas plazas, mismos nombres y apellidos, aparecen en el padrón de recursos humanos como activos”. También “18 personas con plaza de policía con función administrativa”. Otras irregularidades en Seguridad Pública: * No se entregaron documentos de fideicomisos de administración e inversión con BBVA Bancomer, ni de otro fideicomiso con HSBC, S.A. Se llamó a los responsables y no respondieron. * No se verificó el inventario de arte y decoración físicamente. * No se indicó el monto ejercido ni el estatus de un contrato con Constructora Jan, S.A. de C.V. por 14 millones 73 mil 462 pesos con 66 centavos. * Del contrato con Motores de Tijuana, S.A. de C.V., por 428 mil 133.11 pesos, no se indica el monto ejercido ni se pudo localizar el contrato. * En el inventario se detectó un faltante de 910 bienes, y 699 bienes sobrantes. * Del inventario del equipo de cómputo se detectaron 994 bienes faltantes y 505 bienes sobrantes. * Del inventario de radiocomunicación y telefonía celular y fija: un faltante de 2 mil 56 bienes y un sobrante de 966 bienes. * En maquinaria y equipo especializado, “un faltante de 2 mil 21 bienes y un sobrante de 11 mil 047”. * Del inventario de existencias en almacén, “un faltante de mil 457 bienes y un sobrante de mil dos bienes, de un total de 8 mil 639”. Ante las inconsistencias, Sindicatura dictaminó: “El inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y a la aplicación de las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen por motivo de la incurrencia sistemática de faltas graves a la administración, manejo y ejercicio de los recursos públicos municipales”. DIF: Daño patrimonial por 106 mil 274 pesos con tres centavos Basada en el acta de entrega recepción, la funcionaria del DIF del Ayuntamiento de Jorge Astiazarán, Laura Ayala Sáenz, encontró ocho observaciones: * Se especifica la entrega de un vehículo Ford Truck Explorer modelo 2005 en buenas condiciones, pero la transmisión está descompuesta. * Faltante de documentos en el despacho. Dos carpetas, una denominada PRI y otra Centro de Protección Social a la Niñez, no fueron localizadas. * La constancia de no adeudos por parte del DIF no fue firmada por dos de los cinco funcionarios salientes, ni por Martín de Dios García Camacho, quien se negó a firmarlo, ni por Paulina Martínez Castro, a quien no localizaron. * No se pudo comprobar el inventario de mobiliario y equipo de oficina por la desorganización que dejaron, además, “el procedimiento que se aplicó para la elaboración y modificación del inventario no es el correcto para la transparencia de éste”. * Otro vehículo descompuesto, en este caso la camioneta pick-up Ranger 93, a la cual no le sirve el diferencial. * El inventario físico de almacén “no corresponde con exactitud a lo descrito en el documento”. * Inventario de sellos completo, más dos adicionales y no registrados. Ante las inconsistencias, Sindicatura determinó que la ex funcionaria Griselda Arellano Dueñas ha incurrido en incumplimientos a la normatividad vigente, “causó un daño a la Hacienda pública municipal por 24 millones 283 mil pesos con 73 centavos, derivado de la erogación por servicios mayores efectuados a las unidades vehiculares designadas a la dirección a su cargo”. De igual manera, “perjuicio a la Hacienda pública por un monto de 81 mil 990 pesos con 30 centavos, derivado de la no localización de 228 bienes designados a la dirección del Sistema para el Desarrollo de la Familia”. Dirección de Asuntos de Cabildo: se llevaron hasta el escritorio; irregularidades por 29 mil 539 pesos 24 centavos Héctor Manuel Bautista Ortega fue quien el 30 de noviembre de 2013, entregó a la presente administración de Tijuana, la oficina de la Dirección de Asuntos de Cabildo de la Secretaría de Gobierno Municipal. El entrante, Carlos Arturo Huacuja Betancourt recibió y un mes después remitió a Sindicatura las irregularidades que detectó: “Una relación de mobiliario faltante y mobiliario sin documentar”. Un total de 43 artefactos entre muebles y equipo de oficina. En la oficina del titular de la Secretaría de Gobierno también se registró un faltante en elementos electrónicos, “encontrándose un faltante de 15 bienes no localizados equivalentes a un monto acumulado de 29 mil 539 pesos con 24 centavos. Asimismo, la Dirección de Contraloría estima que no es posible determinar un valor contable de 43 bienes identificados como no localizados”. De los primeros, enlistaron lo que no dejó el último secretario, Obed Silva: computadoras, monitores, teclados, videocaseteras, grabadoras y otros por un valor superior a 29 mil pesos. De los incuantificables, pero que tampoco aparecieron, se encuentran desde sillones, libreros, teclados, teléfonos, computadoras y hasta guillotinas. Determina la Sindicatura: “El servidor público saliente -Héctor Bautista Ortega- causó un perjuicio a la Hacienda pública municipal por un monto de 29 mil 539 pesos con 24 centavos… y la falta de documentación de 43 bienes. IMMUJER: inconsistencias por 252 mil 944 pesos, más dos cheques En el Instituto Municipal de la Mujer, los investigadores de Sindicatura localizaron siete irregularidades: 1.- No se pudo verificar si el convenio de colaboración entre el Instituto y Fundación Lamia se llevó a cabo en su totalidad, pues los funcionarios no pudieron localizar a Mario Hernández Lamia, titular de la fundación, pues los datos que proporcionó no fueron los correctos. En los números telefónicos no fue posible encontrarlo, y cuando acudieron al domicilio que presentó, descubrieron que ahí no se encuentra ubicada la institución. 2.- En relación al pago de finiquitos, se detectó que en el caso de cuatro ex trabajadores hubo errores en los montos pagados. 3.- Las cuatro personas firmaron en sus finiquitos un concepto por “gratificación por terminación de nombramiento”, lo cual no existe en acuerdos, convenios o cláusulas estipulados. Se trata de Adrián Barreras, María Ituarte, Raúl Olivas y Sonia Ituarte. 4.- Se concluye que la gratificación en comento no se encuentra establecida en el presupuesto autorizado. 5.- 124 mil 352 pesos con 95 centavos fue la diferencia acumulada, “pagados en exceso por parte del Instituto Municipal de la Mujer”. 6.- “Faltante de 76 bienes en libros por 128 mil 591 pesos con 95 centavos”. 7.- Siete cheques pendientes de entregar a beneficiarios. Cinco fueron debidamente capturados y cancelados. Quedaron pendientes dos cheques, cuyo beneficiario fue Silvia Castro Lamia. Catastro: daño patrimonial por más de 800 mil pesos El 27 de marzo de 2014, la directora de Catastro, Diana Nieto Adame, reportó ante Sindicatura la existencia de un probable  daño patrimonial causado a la a la dirección que encabeza por empelados del anterior XX Ayuntamiento de Tijuana. La afectación económica se presume de 849 mil 697 pesos, pero las indagatorias continúan. Tras la investigación iniciada por Sindicatura, los ex funcionarios detectados como posibles responsables, fueron Martín Rodríguez Rodríguez, jefe de Sección E de Catastro; Jesús Martín Camacho, jefe de Sección E; Gustavo Orozco Morales, jefe de Sección D, dado que fueron sus claves de acceso al sistema, las que se usaron para cometer las siguientes irregularidades: Registros de nuevos dueños en terrenos sin que los “supuestos propietarios”  presentaran la documentación que los acreditara;  cambio de la tasa basada en el valor del terreno;  cambio del valor  unitario o fiscal del terreno; y cambio de superficie del terreno. Estos más de 800 mil pesos de afectación al erario municipal, se generaron realizando movimientos irregulares en los expedientes de las claves catastrales WM592003, WM592193, PT132005, IN043066 y UN004021. Entre los ciudadanos implicados -como afectados o favorecidos- en estos movimientos irregulares aparecen la familia Falomir Reyes, Alfredo Yáñez García, Juan García Ibarra, Victoria García Zamora y Mónica Vallejo Aispuro, empleada municipal en el gobierno de Carlos Bustamante. Delegaciones En todas las demarcaciones municipales se detectaron irregularidades. La mayoría de los delegados serán citados a declarar en la siguientes semanas, luego de que el 26 de enero lo hará el ex alcalde Carlos Bustamante y su ex síndico procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente, por el caso de las concesiones para espectaculares que se auto otorgó el primero, y cómo la segunda no evitó la irregularidad cuando su responsabilidad era supervisar el respeto a la Ley y los reglamentos municipales en todas las transacciones. Delegación La Mesa: perjuicio por 1 millón 478 mil 794 pesos con 23 centavos En el caso de la delegación La Mesa, se localizaron irregularidades como: * Un sobregiro de 129 mil 450 pesos de la Unidad Administrativa de la Oficina del Delegado. * 55 bienes faltantes por un total de 310 mil 682 pesos con 68 centavos, desde mobiliario, equipo electrónico, equipo de oficina, herramientas, sillas, radios y hasta una podadora de césped. * Vehículos en mal estado, en cuyo trabajo de reparación se erogaron 21 mil 842 pesos con 46 centavos, así como otras seis unidades cuyos gastos mecánicos ascendieron a 20 mil 995 pesos con 4 centavos. * Maquinaria en mal estado, que no contaba con mantenimiento programado. “Se pudo constar que las erogaciones efectuadas por parte de la delegación Otay Centenario para realizar servicios de mayores considerados como servicios de mantenimiento correctivo, ascienden a un monto acumulado de 889 mil 975 pesos con 71 centavos”. * Sobregiro de 235 mil 298 pesos en la partida Ayudas Sociales a Personas. En estas condiciones, el ex delegado Marcelino Hidalgo Silva, determinó a Sindicatura: – “El servidor público saliente generó un sobregiro de 235 mil 298 pesos con 40 centavos en la partida Ayudas Sociales a Personas (…) autorizó indebidamente la ejecución de recursos públicos sin observar las disposiciones legales…”. – “El servidor público saliente causó un perjuicio a la Hacienda pública por 310 mil 682 pesos con 62 centavos, derivado de la no localización de 55 bienes designados a la delegación”. – “…causó daño a la Hacienda pública municipal por un monto de 42 mil 837 mil pesos con 50 centavos, derivado de la erogación por servicios mayores efectuados a las unidades vehiculares designadas en la delegación”. – “… causó daño a la Hacienda pública por un monto de 889 mil 975 pesos con 71 centavos, de la erogación por servicios mayores efectuados a maquinaria”. Delegación Cerro Colorado: daño por 19 mil 459 mil pesos con 77 centavos En el caso de esta demarcación, luego de la revisión entre el acta de entrega del delegado y las observaciones del encargado en esta administración, Sindicatura resolvió: “El servidor público -Édgar Fernández Bustamante- causó perjuicio a la Hacienda pública municipal por un monto de 19 mil 459 pesos con 77 centavos, derivado de la no localización de cinco bienes designados a la delegación. Se trató de una computadora, tres cámaras digitales y una motobomba. Delegación Playas de Tijuana: daños por más de 5 millones de pesos Las faltas, daños y observaciones fueron en la delegación Playas, teniendo como responsable a Basilio Meza Gastélum: * Faltante en mobiliario, equipo de oficina y cómputo por un millón 457 mil 793 pesos con 33 centavos. * Erogaciones por mantenimiento de vehículos por 2 millones 135 mil 647 pesos con 31 centavos. Elevador  para discapacitados, se pagó sin estar concluido El 18 de julio de 2014, una queja recibida por el mal funcionamiento del elevador para discapacitados instalado en  las oficinas del Ayuntamiento de Tijuana, dio origen a una investigación que concluye que por lo menos cinco funcionarios incurrieron en fallas al supervisar la construcción y el pago de la obra, oficialmente entregada el 31 de diciembre de 2012; pero el elevador no funcionó la mayoría del tiempo en 2013, ya que las  reparaciones y habilitaciones de la obra iniciaron hasta agosto del año pasado. Según reportes de la Dirección de Obra e Infraestructura, la obra, ejecutada por Téllez e Hijos, al final fue reparada por la empresa Binacional de Elevadores, S .de R.L. de C.V. Conforme a la verificación física de la obra, además de los problemas de funcionamiento en la apertura y cierre de puertas en el elevador, no se localizaron los 67 letreros en Braille incluidos en el contrato, ni otros 77 letreros informativos; tampoco existe un plano de la estructura del proyecto, los baños para discapacitados se encuentran deshabilitados, el elevador no llega al Estacionamiento 1 como se había comprometido, el piso del elevador no es antiderrapante, y el módulo de atención a personas con discapacidad no es igual al plasmado en el proyecto. Los funcionarios implicados en esta investigación resultaron: el supervisor de obra, Oswaldo Zatarain; el jefe de supervisión, Francisco Moreno; el subdirector de construcción, Fernando Esparza; el director de obras, Esteban Yee Barba; y la jefa de la Unidad Administrativa de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM ). Las fallas en que presuntamente incurrieron fueron: pagar trabajos inconclusos, aprobar la terminación de trabajos sin finalizar, no informar a Sindicatura de la terminación ni de la recepción parcial de los trabajos; no recabar garantías, omitir el vigilar y verificar la calidad de los equipos; omisión en la revisión de los trabajos de la obra, no verificar que los planos se mantuvieran actualizados, ni rendir informes mensuales.