La transa del líder de la CROC

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, no pudo ocultar el millonario contrato de compraventa de un hotel en huelga en este destino turístico, cuando, según el expediente II-209/94, todavía no se resolvía el juicio laboral entablado por la organización sindical en contra de la empresa Peza Construcciones, S.A. de C.V. en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur. La operación financiera se dio el 10 de junio de 2010, de acuerdo a la escritura pública 44 mil 861, expedida por el Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, donde el senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) firmó el contrato de compraventa de ese hotel, de una superficie de 14 mil 619.74 metros cuadrados, por 220 millones 616 mil 518 pesos. El contrato, bajo el folio 62345-6247, indica que el monto “fue cubierto al vendedor por el comprador con anterioridad al presente acto, quien lo recibió a su más entera satisfacción, firmando el vendedor el presente instrumento como el recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda”. La operación de compraventa -según la primera cláusula del contrato- fue entre Isaías González Cuevas en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, y José Rosario Álvarez Castillo, administrador único de la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V. La propiedad, localizada en el lote marcado con el número 16 de la sección Marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur, registrada con la clave catastral 402-003-016-021, está en la zona de mayor plusvalía de ese destino de playa, y colinda con las siguientes propiedades: 1.- Del lado Noroeste, con Pasaje Marlín 5 y Paseo de la Marina 2.- Del lado Suroeste, con Plaza Dorada 3.- Del lado Norte, con Pasaje Marlín 6. 4.- Del lado Sur, con Pasaje Martín 5, y cierra el polígono. De acuerdo al contrato de compraventa, el bien inmueble se encuentra en construcción con una superficie de 22 mil 637 metros cuadrados y consta de 166 cuartos hoteleros, 63 condominios, 15 locales comerciales, dos restaurantes, snack bar y lobby bar. “Las partes contratantes manifiestan su entera conformidad con los términos de esta escritura, y agrega el comprador que da por recibido real y jurídicamente el bien inmueble descrito y deslindado en la declaración primera del presente instrumento, el cual fue materia de la presente enajenación”, transcribe el contrato, a la vez que describe: “El bien inmueble no está relacionado con ningún litigio o reclamación de cualquier naturaleza que se encuentra, y continuará libre de gravamen y limitaciones en su dominio”. Los firmantes de la operación de compraventa describieron lo siguiente: 1.- El vendedor dijo llamarse Isaías González Cuevas, ser mexicano de nacimiento, originario de Acolman, Estado de México, nacido el 6 de julio de 1940, con domicilio en Hamburgo número 250, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 2.- El comprador dijo llamarse José Rosario Álvarez Castillo, ser mexicano de nacimiento, originario de Ocampo, San Luis Potosí, nacido el 7 de octubre de 1957, con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez número 3150 esquina Sinaloa, Fraccionamiento California en La Paz, Baja California Sur. El antecedente El bien inmueble es propiedad de un fideicomiso administrado por la banca Nacional Financiera (NAFINSA), registrado indebidamente el 30 de junio de 2008, a nombre del Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Los Cabos, después de que la empresa Peza Construcciones, S.A de C.V, perdió un juicio laboral contra la CROC, bajo el número de expediente II-209/94, tras el estallamiento de una huelga iniciada en 1994. En aquel entonces, la compañía constructora que desarrollaba el complejo turístico contrató a trabajadores afilados al Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana, sin embargo, a falta de pago, estalló la huelga e inició un tedioso juicio laboral, “hasta ahora el más largo de la historia” -según el propio presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Mohamed Medina de la Toba-, el cual duró hasta 16 años en ser resuelto, donde el gran perdedor fueron los trabajadores del sindicato de la CROC. El proyecto turístico estaba jurídicamente dividido, en primer término, en su calidad de fiduciario, NAFINSA como administrador del fideicomiso del complejo turístico, y en segundo término, el responsable de la construcción era Peza Construcciones, S.A. de C.V. Durante una entrevista con ZETA, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Mohamed Medina de la Toba, recordó que cuando la CROC estalló la huelga en 1994, fue en contra de Peza Construcciones, S.A. de C.V. La institución financiera no fue notificada en su calidad de fiduciario, entonces, jurídicamente se imputó la huelga a Peza Construcciones, S.A. de C.V., donde la propia NAFINSA queda excluida; entonces, como no era parte del proceso, promueve una tercería excluyente de dominio a principios de 2002. Es decir, un procedimiento incidental del juicio mercantil, defendiendo un derecho lesionado durante el proceso laboral, en virtud de que nunca fue notificada de manera oficial, y donde no se discute la existencia de la deuda, sino única y exclusivamente la liberación del bien inmueble embargado de manera indebida. El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dijo que durante el proceso de tercería excluyente de dominio,  NAFINSA acreditó ser propietaria del bien inmueble, porque cuando fue constituido el fideicomiso se le transmitió el derecho para que administrara la propiedad, quedando establecido que se iba a desarrollar en la totalidad del complejo turístico en un 60 por ciento, y el hotel en un 80%. Una vez cumplido ese requisito se sesionaría en el fideicomiso y se transmitiría la propiedad a Peza Construcciones, S.A. de C.V. Sin embargo, eso no sucedió porque el porcentaje de construcción -al momento de estar la huelga- fue mucho menor, y, por lo tanto, no se pudo protocolizar la transmisión de la propiedad del bien inmueble de NAFINSA a Peza Construcciones, S.A. de C.V., y jamás pasó a ser propiedad de la constructora. El propio Mohamed Medina de la Toba explicó que cuando ocupó el cargo de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en 2011, “se hizo el análisis y revisión de toda la documentación”, derivado de que el caso había sido manejado por anteriores administraciones. Lo primero que observó es que “no se habían cumplido los requisitos en la transmisión de la propiedad de Peza Construcciones, S.A. de C.V. a la banca Nacional Financiera, porque no constaba dentro del expediente que se hubiera llevado la asamblea del fideicomiso”, por lo tanto, declaró procedente la tercería excluyente de dominio, embargando los derechos fideicomitidos a Peza Construcciones, S.A. de C.V. y ordenando el levantamiento del embargo. Medina de la Toba agregó que la decisión fue acatada jurídicamente por el sindicato de la CROC a través del amparo directo, resuelto en 2013 y confirmado por el Tribunal Colegiado, por lo que la organización sindical recurre a la queja en la Corte,  la cual determina desechar el recurso de queja por “notoriamente improcedente”, quedando firme la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las irregularidades El expediente de más de 10 mil hojas tiene registrada la guerra legal entre NAFINSA y la CROC, desatada a partir de 2002, entre amparos, alegatos y promociones jurídicas. Como buen líder sindical mexicano, ventajosamente y aprovechando el pleito jurídico, el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, decidió vender, ceder y transferir la propiedad del bien inmueble en disputa legal a la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., a pesar de la inscripción irregular de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Ayuntamiento de Los Cabos. Lo hizo el 10 de julio de 2010 y consumó una operación financiera por 220 millones 616 mil 618 pesos. El propio Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, envió una inscripción preventiva al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del X. Ayuntamiento de Los Cabos, Jorge Joel Cota Ruíz, donde solicitó fuera registrada la operación de compraventa entre el Sindicato Industrial Revolucionario de Obreros de la Construcción, Conexos y Similares de la República Mexicana; y Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L de C.V., bajo el Número 15, Forja 15, Volumen CCCLIX y Sección I.  Durante está investigación, ZETA obtuvo copia del acta constitutiva de la compañía Servicios, Proyectos y Construcciones de California, S. de R.L. de C.V. Según la escritura 13 mil 928, expedida por el Notario Público Número 11, Jorge Álvarez Gámez, aparecen como propietarios: * José Rosario Álvarez Castillo, con el 90% de las acciones. * Román Álvarez Gallegos, con el 10%. El primer socio y supuesto administrador único de esta compañía-según datos recabados por este Semanario- resultó ser compadre del líder de la CROC, Isaías González Cuevas, actual jefe de Prestaciones Económicas y Sociales de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Baja California Sur. La operación de compraventa del hotel en huelga es por demás sospechosa y hasta cierto punto cuestionable, incluso cabría una investigación por lavado de dinero, sobre todo porque se desconoce el origen de los 220 millones 616 mil 518 pesos -de acuerdo al contrato- pagados por José Rosario Álvarez Castillo,  quien en base al tabulador de sueldos del IMSS,  percibe un sueldo neto de 45 mil pesos mensuales. El segundo socio es actualmente secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la organización Nueva Visión, creada para promover y resaltar la figura del líder de la CROC, Isaías González Cuevas. Lo más grave de todo es que, supuestamente, algunos de los 586 supuestos trabajadores que aparecen en la lista de que participaron en esta huelga en 1994, no recibieron absolutamente un solo centavo de los más de 220 millones de la operación de compraventa del bien inmueble. “Se esfumó”, dijeron tajantes las señoras Patricia Garduño Carrasco y Nereida Fregoso, quienes durante una entrevista con ZETA, expusieron que únicamente fueron utilizados, porque inclusive “mucha gente fue metida solo para engrosar la lista de presuntos trabajadores de la CROC en el estallamiento de la huelga de ese complejo turístico, y a algunos -como en su caso- les ofrecieron un pedazo de tierra dentro de la propiedad para que cuidaran y vendieran artesanías a los turistas”. El argumento es que el sindicato de la CROC había prestado el espacio a los trabajadores en huelga para que vendieran artesanías y se ayudaran económicamente, mientras terminaba el conflicto laboral. Sin embargo, aseguraron que “nunca fue así”, porque el líder municipal de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda, cobró desde el primer día una renta de 3 mil a 5 mil pesos por cada puesto, hasta subir a 7 mil pesos en los últimos años; incluso formó cuatro secciones de 63 puestos cada uno en todos los alrededores del hotel, aprovechando la zona de mayor plusvalía del destino de playa. De acuerdo a un balance elaborado por este Semanario, partiendo del cobro de la renta de 3 mil a 5 mil pesos, los ingresos superaban el millón de pesos cada mes, dinero que se estuvo cobrando durante los 16 años del litigio, del cual también se desconoce su paradero. El líder municipal de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda, no supo explicar a ZETA el destino del dinero por concepto de la renta del que llamó “pedazo de tierra”. “El dinero era una cuota simbólica”, afirmó, “había sido utilizado en mantenimiento y vigilancia del bien inmueble para que no se convirtiera en un nido de vagabundos”. Este Semanario solicitó una entrevista con el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, a través de Jesús Flores Romero y Martín Inzunza Tamayo,  quienes justificaron que “no podría ser posible” porque su jefe estaba en la Ciudad de México. Los voceros del líder sindical argumentaron que estaba en una reunión “muy importante”, ya que se definiría el nombre del candidato a la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde el líder de la CROC era uno de los aspirantes. Sin embargo, el que sí dio la cara por su jefe, fue el dirigente de la CROC en Cabo San Lucas, Fernando Díaz Pineda: “Ya nada había que hacer, porque habían perdido el juicio y estaban en proceso de desalojar el bien inmueble que ocuparon durante 16 largos años”, expuso sobre el tema. Obviamente, el desalojo afectó a los 252 artesanos que ocupaban ese espacio, pues fueron sacados del lugar tras el paso del huracán “Odile”, y ahora buscan acomodarse en la zona. Desde entonces los artesanos deambulan por la calle, y lo último que hicieron fue enviar un escrito al presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y solicitar su intervención para ser colocados en la calle Marlín -atrás del hotel-, de manera que todos puedan vender sus mercancías. No obstante, bajo el oficio GAPI/HMC/737/14, el gerente de Administración Portuaria Integral (API), Héctor Montaño Cota, expuso  que no es posible “acceder a esa petición de la calle, toda vez que el callejón es vía pública y es propiedad del municipio, y los dueños del hotel van a utilizarla como acceso de servicios del propio complejo turístico, y no puede ser obstruida por ningún tipo de comercio”. Aun cuando el bien inmueble es propiedad de NAFINSA, al cierre de esta edición, todavía aparecía registrado a nombre del comprador del líder de la CROC, Isaías González Cuevas.