Continúan las reacciones a nivel mundial ante la “verdad histórica” del “carpetazo” dado por el Procurador Jesús Murillo Karam en conferencia de prensa el martes 27 de enero al lamentable caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Ante la declaración de Murillo Karam en torno a “la certeza legal de que los normalistas fueron muertos”, el doctor José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), expresó en entrevista con Semanario ZETA: “El gobierno (de México) tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva e imparcial para dar con el paradero de los 43 normalistas y para llevar a juicio y sancionar a los responsables de su desaparición forzada. Creo que es prematuro dar por concluida esta etapa de la investigación penal, hasta tanto no haya una certeza jurídica más firme sobre lo ocurrido”. – ¿Qué valor le da las declaraciones ministeriales los detenidos del caso Ayotzinapa (disponible en http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm) sin que la PGR presente pruebas científicas contundentes sobre la identificación de los 43 normalistas desaparecidos? “La posibilidad de que los estudiantes hubieran sido asesinados, quemados y tirados al río no es impensable, debido a los niveles de violencia y corrupción en México. Sin embargo, es muy difícil confiar en las conclusiones de la PGR, sobre todo porque se basan primordialmente en confesiones, en un país donde lamentablemente la tortura y los apremios para obtener información y confesiones en el marco de los procesos penales son habituales. “Solo sería posible confiar en la teoría de la PGR si hubiera evidencia científica de expertos independientes, como el Equipo Argentino de Antropología Forense, que lo corrobore. Otra alternativa sería esperar los resultados de la evaluación de los expertos nombrados por la Comisión Interamericana para revisar el caso”. – ¿Cuál su comentario en torno a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto al afirmar que “este momento en la historia de México, el dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”? “Me parece que es irresponsable meter todo en la misma bolsa, yo diferenciaría tres niveles. En primer lugar, está el dolor de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, que es completamente justificado y nadie puede juzgar porque la desaparición forzada es uno de los delitos más duros de procesar para los familiares. Luego, está el impacto que tuvo el caso para la sociedad mexicana en general, porque esas desapariciones pusieron en evidencia la corrupción y la violencia que acecha México. “Este impacto movilizó a la sociedad mexicana a pedir justicia en este caso y en los miles de otros casos en los cuales oficialmente no conocemos el paradero de personas, así que no creo que allí podamos hablar de estar ‘atrapados’. Por eso, el único nivel plausible sería que Peña Nieto estuviera hablando de su gobierno, diciendo que no pueden quedarse esperando que esta grave crisis de Derechos Humanos se solucione sola. Es una reflexión bastante básica ante tamaña crisis”. – ¿Cómo ha sido la posición de la CNDH ante el caso Ayotzinapa? En todo caso, ¿cuál debería ser el papel de la CNDH ante el caso Ayotzinapa? “La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los crímenes más graves que ocurrieron en México en los últimos años y debería ser prioritario en la agenda de trabajo de la CNDH, junto con el análisis de las fallidas políticas del Estado en materia de búsqueda y justicia en los otros casos de personas cuyo paradero se desconoce, porque lamentablemente éste no es un caso aislado”. – Finalmente, doctor, ¿cuál es la expectativa que tiene en materia de Derechos Humanos para lo que resta del sexenio de Enrique Peña Nieto? (¡Faltan 3 años y 10 meses!) “México hoy se encuentra ante la peor crisis de derechos humanos en muchísimos años. Hay una larga lista de temas que deben abordarse, pero para empezar el gobierno de Peña Nieto debe darle a los Derechos Humanos la importancia que merecen y priorizar acciones efectivas para terminar con la impunidad generalizada de violaciones de Derechos Humanos y crímenes comunes, así como para dar con el paradero de las 22, 000 personas que oficialmente son reconocidas como ‘no localizadas’. Si no se dan señales claras en este sentido y, por el contrario, se continúa adoptado medidas meramente cosméticas, el récord de México en Derechos Humanos será cada vez peor”.