La cerrazón de Díaz (Y los gobiernos conservadores)

Sin el esperado final feliz, el cuento se ha convertido en historia de suspenso. Víctor Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías, no han podido casarse en Mexicali. Mejor descrito, les han negado ese derecho ganado en un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Luego de una relación de más de diez años, el 17 de junio de 2013, la pareja intentó por primera ocasión unir sus vidas de manera legal. No pudieron.  Los “Víctors”, como se les conoce entre amigos y familiares, tramitaron un amparo luego de que la oficial del Registro Civil -en la administración de Francisco Pérez Tejada Padilla-, Annette Aldrete Gruel, les negara audiencia. Asesorados por el abogado José Luis Márquez Saavedra, la pareja decidió -el 26 de junio de 2013- promover ante la SCJN el recurso bajo el número 418/2013, en busca de concretar la unión. El 14 de octubre de 2013, la Suprema Corte otorgó la protección federal a Víctor Aguirre y Víctor Fernando Urías, al declarar inconstitucional el Artículo 7 de la Constitución Política de Baja California, así como los artículos 143 y 144 del Código Civil de Baja California, ambos con el argumento de ser discriminatorios. Sin embargo, la oposición de los gobiernos del PAN y del PRI se impuso, pese a no ser éste un debate de estar a favor o en contra, sino de obedecer un mandato federal. Tanto Francisco Pérez Tejada como ahora Jaime Díaz Ochoa, han intentado de todo para detener el matrimonio desde la alcaldía. El 21 de noviembre de 2014, los contrayentes realizaron el segundo intento. Iniciaron el trámite ante el Registro Civil a las 8:30 am. Llegaron puntuales y nuevamente les frustraron la unión matrimonial que una ordenanza de la SCJN ha autorizado. Con Guadalupe Adriana Nevárez Ramírez en la Oficialía del Registro Civil, se les negó el trámite civil. Una empleada del Registro Civil de Mexicali, al ver que la pareja que se presentaba estaba integrada por dos hombres, decidió “huir” del lugar, desacatando así el orden del día y les negó el trámite, afirmando no tener conocimiento de los hechos. Amigos y familiares de la pareja se inconformaron y decidieron no salir del inmueble hasta que les concedieran el matrimonio. Fue cuando elementos de Protección Civil informaron que una llamada al número de Emergencias 066 había reportado una amenaza de bomba; fueron los bomberos quienes desmintieron la información y señalaron que la llamada había llegado directamente al edificio municipal. Los bomberos tuvieron que evacuar a la pareja y sus familiares, fue ahí cuando se les citó nuevamente a 2:30 pm por parte de la oficial del Registro Civil, sin darles razón de qué se trataría. Sin indicar e procedimiento a seguir, a la pareja y a los testigos se les pidió firmar un documento; una vez con las firmas, Nevares Ramírez las observó un par de segundos y afirmó que eran falsas, por lo que no los podía casar. Por tal motivo, Víctor y Fernando interpusieron un nuevo recurso para declarar a los funcionarios municipales en desacato por el incumplimiento de la sentencia. <h2>Segundo intento Luego de “dirimir inconsistencias” y de presentar exactamente los mismos documentos, el Ayuntamiento de Mexicali otorgó nueva cita a la pareja, en esta ocasión, para el 10 de enero de 2015, y notificó a la SCJN sobre el cumplimiento de la sentencia para ese día. Fue el 8 de enero cuando Víctor y Fernando acudieron de nueva cuenta para tomar las pláticas matrimoniales, requisito no necesario  para los contrayentes, pues de acuerdo con el Registro Civil de Baja California, para casarse por la vía civil solo se pide: * Solicitud de Matrimonio ante el C. Oficial del Registro Civil. * Domicilio de cualquiera de los pretendientes. * Contrato de matrimonio (se requiere en la Oficialía del Registro Civil). * Acta de nacimiento de los contrayentes. * Certificado médico de buena salud de ambos contrayentes. * Identificaciones de los contrayentes. * Dos testigos por cada contrayente con identificación. Sin embargo, ante la imposición ilegal esta pareja decidió saltar este obstáculo y acudir a las charlas que en Mexicali, y a claro capricho de la autoridad, se exigen. El problema ahora es que al llegar a la cita, la encargada Angélica Guadalupe González Sánchez decidió cancelar las pláticas para ese día, al ver a la pareja de hombres. Como representante de la Coalición de Familias de Baja California A. C., uno de los grupos ultra conservadores en Mexicali demandó a los “Víctors” en el Juzgado Civil de lo Familiar, argumentando como impedimento la locura. La denuncia fue inmediatamente aceptada por la oficial del Registro Civil, y señaló que era un impedimento para que la pareja se pudiera casar hasta que exista alguna resolución, lo cual puede tardar meses, incluso años. En un mal manejo político, el Ayuntamiento de Mexicali decidió cerrar las puertas de las oficinas a la 1:30 pm, pese a que había citado a la pareja a las 2:30 pm. Ahí llegaron, en primer lugar, grupos cristianos que se manifestaron en contra de la unión de personas del mismo sexo. También hicieron su arribo los líderes sociales Sergio Tamai e Ignacio Sigala Quintero, pero no para apoyar a la pareja, sino a la autoridad y a los grupos conservadores que se oponen al matrimonio gay. Portando cubre bocas, se entrevistaron con el abogado de la pareja, José Luis Márquez, quien les pidió respeto, ya que habían sufrido mucho luego de la noticia del impedimento de la boda. A la hora señalada, llegaron Víctor y Fernando. Se encontraron los grupos antagonistas. “Llegamos a apoyar a la ciudadanía y a nuestro gobierno estatal que no ha aceptado dar el sí al matrimonio, pero más que todo, buscando no soltar los principios” afirmó el pastor de Vida Nueva, David Meza. Señaló que para él no son gays, sino ciudadanos, ya que es una forma despectiva de llamarlos. Dijo estar contra el matrimonio de personas del mismo sexo y de la adopción, que sería el siguiente paso. “Me preocupa lo que venga después, si aceptan casarlos, después los tenemos que aceptar como familia y después vendrán las adopciones; eso es donde nos empieza a dar el temor, por los niños” aseguró el manifestante. Por su parte, Sergio Tamai afirmó que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, ya que en su parecer, fue hecho con el propósito de “procreación de la especie” (sic). Cuando llegaron Víctor y Fernando se toparon con una puerta cerrada. La seguridad privada había cerrado el Registro Civil una hora antes de que la pareja llegara al lugar para impedirles el acceso. Los jóvenes dejaron constancia y se retiraron. No hubo agresiones durante el encuentro, sin embargo, se podía sentir la tensión entre los grupos. La pareja evidenció su malestar por la nueva negativa y culparon al alcalde Jaime Díaz de estar detrás de los impedimentos, aunque no quisieron dar a conocer la nueva estrategia legal. La cargada gay La negativa provocó que los grupos lésbico-gay se indignaran -pese a las dos negativas anteriores la comunidad no se había acercado a la pareja-, y calificaron la actuación de las autoridades municipales como una burla. “Vamos a sentarnos a platicar para ver cuáles son las acciones que vamos a realizar, esto ya es demasiado, es una burla por parte del Ayuntamiento de Mexicali, un pisoteo”, denunció Armando Rodríguez Salazar, del Consejo Estatal de la Diversidad Sexual de Baja California. “Estamos dispuestos a publicar una lista de políticos y religiosos para sacar a la luz pública sus preferencias sexuales, la lista es muy grande y llega a todos los niveles”, amenazaron. ¿Y cómo saben quiénes son gays?”, preguntó una reportera, y Rodríguez Salazar soltó un: “Son nuestros amigos”. Jaime Díaz Ochoa se desentendió de las acusaciones. Argumentó que su gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales, por lo que se tiene que dar atención a ellas, y se dijo en la mejor disposición en cuanto las diferencias jurídicas se resuelvan. — ¿El Ayuntamiento (que encabeza) es homofóbico? “No, señor, de ninguna manera, es respetuoso de los caminos jurídicos y las cosas, nada más”, respondió el presidente municipal en un tono molesto. Lamentable: Amnistía Para Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, es lamentable la postura que ha tomado el Ayuntamiento de Mexicali sobre el tema de las bodas entre homosexuales: “Eso muestra la problemática que hay todavía en cuanto al respeto de los derechos sexuales y reproductivos en México, y la discriminación que sufren las personas que desean casarse”. Agregó que una cosa es el tema cultural y de discriminación, pero es peor cuando viene de funcionarios públicos, que son los primeros obligados a respetar los derechos humanos. “Hay un tema jurídico que la SCJN ya declaró inconstitucional: el artículo del Código de Baja California, entonces, no hay un impedimento legal para que ellos puedan tomar o llevar a cabo su matrimonio. Entonces, al final del día es una violación a derechos humanos, pero también es una violación a una resolución de la SCJN y que nos parece lamentable”. El mismo Perseo Quiroz afirmó que el gobierno de Baja California y el Congreso del Estado deberían pronunciarse porque, independiente a la controversia, ya se encuentra en la Ley. Para finalizar, consideró que los argumentos expuestos por el Ayuntamiento de Mexicali dejan entrever la discriminación y una falta de entendimiento de las normas de derechos humanos que rigen el país. En desacato: ex procurador de los derechos humanos En la opinión del ex procurador de los derechos humanos en Baja California, Raúl Ramírez Bahena, el Ayuntamiento se encuentra en desacato, toda vez que un dogma religioso no se puede imponer como política pública. Declaró que los grupos conservadores están en todo su derecho de manifestar sus ideas y de protestar en vía pública, pero no pueden ser política de Estado, asimismo, las creencias y moral religiosa se están convirtiendo en política pública, lo cual no debe suceder en un Estado laico. Según Ramírez Bahena, Angélica Guadalupe González Sánchez, representante de la asociación civil, hace las veces como autoridad, por lo que ella es responsable de desacato y puede ser sancionada, pero el principal responsable es el alcalde Jaime Díaz Ochoa. Otros casos El 17 de febrero de 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que luego de la sentencia dictada por la SCJN el 29 de enero de ese año, reconoció y aceptó la afiliación al régimen ordinario del Seguro Social entre personas del mismo sexo. No fueron los únicos. El 3 de enero del año pasado, la Corte admitió el recurso de otra pareja, Reyna Isabel Soberanes y Jacqueline Ramos Meza, además, el Ayuntamiento de Ensenada reconoció otro juicio de amparo de una pareja de mujeres que solicitaron el matrimonio, aunque no se han presentado a solicitar el trámite en las oficinas municipales. Entrevistado por ZETA, el abogado de Víctor y Fernando,  José Luis Márquez Saavedra, señaló que existen al menos 13 amparos interpuestos por parejas del mismo sexo que se encuentran en los Juzgados federales y que buscarían protección de la Corte. Por último, informó que el alcalde de Mexicali ya enfrenta procedimiento penal por la denuncia de repetición del acto reclamado. Fue el martes 13 de enero de 2015 cuando el juez le requirió rendir su informe para remitir su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de ser juzgado por sus actos. Propone Barboza al PRI Secretaría de la Diversidad Sexual ∂d A propósito de los obstáculos que el Ayuntamiento de Mexicali, a cargo de Jaime Díaz, ha puesto a Víctor Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías para casarse por lo civil luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó artículos de la Constitución local para tal motivo, y que grupos religiosos y conservadores se han manifestado para impedir la unión de los dos hombres, el priista Carlos Barboza Castillo, en apoyo a los derechos humanos de los mexicanos todos, envió un oficio a la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, Nancy Sánchez, donde le solicita que el PRI cree dentro de la estructura política y social, la Secretaría de la Diversidad Sexual en el Comité Directivo Estatal tricolor. El ex dirigente del PRI en Tijuana justificó: “El 2015 nos invita a impulsar el proceso de transformación y de cambio que nuestro instituto político requiere… México está inmerso en un proceso de apertura y transformación, a pesar de ello, en Baja California se han registrado algunas actitudes que violentan la vigencia los derechos humanos, pues se ha asumido por parte de autoridades locales, acciones que discriminan y violentan los derechos civiles de los ciudadanos de nuestra entidad… el gobierno municipal determinó mediante esquemas poco claros, no realizar la ceremonia civil del matrimonio entre los ciudadanos Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías, lo cual refleja la actitud discriminatoria de la cual son objeto ciudadanos mexicanos, residentes en nuestro estado, que viven bajo la orientación sexual diversa”. Agregó: “Hoy esta comunidad, requiere de todas las estructuras de avanzada democrática para lograr abatir cualquier tipo de discriminación en nuestra región”. Y Barboza propone a Nancy Sánchez: “Crear u designar una Secretaría en el Comité Directivo Estatal que diseñe esquemas de organización interna y políticas de atención a la comunidad que vive con orientación sexual diversa”. A la espera de la posición de la presidente de su partido el PRI, Carlos Barboza Castillo envió el oficio el jueves 15 de enero de 2015.