A más de 100 días de que el presunto narcotraficante Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” promovió un juicio de amparo en contra del auto de formal prisión que le fue dictado por delincuencia organizada, dos jueces federales declinan la competencia para conocer del asunto. Abogados del líder del Cártel Arellano Félix presentaron el 29 de septiembre de 2014 la demanda de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit para combatir un auto de bien preso decretado en la causa penal 461/2009 por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca. En vista de que el proceso penal por delincuencia organizada en contra de “El Ingeniero” se encuentra radicado en el Estado de México, el juzgador nayarita se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo y remitió las actuaciones ante el Juez de Distrito de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno de Toluca. El Juez Primero de Amparo Penal en la capital mexiquense recibió el expediente el 10 de octubre y aceptó la competencia declinada dentro del plazo de las 48 horas que señala la Ley de Amparo, situación que motivó al juez de Nayarit a decretar legal y definitivamente concluido el asunto por lo que a él compete y enviarlo al archivo el 23 de octubre de 2014. Al iniciar el procedimiento del amparo, el juez federal de Toluca conoció que la defensa de Fernando Arellano Sánchez ofertó diversas pruebas para combatir la formal prisión, entre ellas las notas de algunos medios de comunicación para demostrar que su cliente fue presuntamente capturado de manera ilegal por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en Tijuana el 23 de junio. Los meses empezaron a transcurrir sin desahogo alguno de las pruebas, hasta que el 22 de diciembre último, el juez toluqueño determinó que siempre no es competente y devolvió el juicio de amparo a Nayarit, donde el juzgador que conoció inicialmente lo recibió el 7 de enero de 2015 y resolvió devolverlo a Toluca porque ya es un “asunto concluido” para él. El juzgador en Tepic contestó que su homólogo del Estado de México “no observó las reglas de conflicto competencial” y en el lapso de 48 horas cuando recibió el expediente decidió aceptar la competencia planteada, por lo que no puede devolverlo. Por lo pronto la demanda del quejoso queda en el “limbo jurídico”, en tanto se resuelve la controversia existente.