La diferencia entre un estado de derecho y un estado sin derecho, la pudimos finalmente ver hace unos días en los terribles acontecimientos en París, Francia, cuando fundamentalistas islámicos asesinaron a diez miembros de la redacción y dirección de la revista francesa Charlie Hebdo y a dos policías. El mismo día –trágico en muchos sentidos, doloroso en nuestro México con la muerte de Julio Scherer- del sangriento ataque, el Gobierno Francés emitió un estado de alerta nacional y destacó a sus efectivos a la búsqueda de quienes por razones de intolerancia originada en su fundamentalismo religioso, habían atacado la libertad de los franceses, no sólo la libertad de expresión, sino la libertad ideológica, la libertad religiosa, la libertad de prensa. No habían pasado 24 horas, cuando el Ministro del Interior Bernard Cazeneuve, informaba la colaboración de 88 mil policías y militares franceses concentrados en la búsqueda de los terroristas. 48 horas después del acto terrorista que dejó la sangre de 12 personas en la redacción y a calle de acceso a la revista Charlie Hebdo, la Policía Francesa localizó, ubicó, acorraló y abatió a los hermanos que integraron la célula autora material de la masacre y a otros elementos del fundamentalismo islámico que participaron en la operación fuga de los asesinos. Así, en 48 horas el Gobierno de la República Francesa respondió ejerciendo el Estado de Derecho ante la más grave amenaza de seguridad contra su población. Como los mexicanos solo vemos en las películas, los franceses organizaron dos operativos policíacos para poner fin a la sangrienta jornada, y en sendos lugares impusieron la fuerza pública hacia quienes violentaron las libertades de sus ciudadanos, los asesinaron y expusieron sus derechos humanos. Paris es un departamento francés donde está concentrado el poder central, pero la ciudad es gobernada y administrada por una alcaldía, que desde el 2014 encabeza una mujer, de hecho de origen español, Anne Hidalgo. Sin embargo, si usted siguió como muchos ciudadanos los hechos de la tragedia de Charlie Hebdo sea por la televisión, los canales de Internet, los portales noticiosos, las redes sociales, se habrá dado cuenta que el Presidente de la República Francesa, Francoise Hollande, y su Ministerio del Interior, no esperaron a que la alcaldesa reaccionara, desde un inicio y tratándose de la masacre de doce personas, 10 periodistas entre ellos, tomaron el asunto como un problema de seguridad nacional y actuaron en consecuencia. Toda la fuerza del estado contra los terroristas. Un Estado de Derecho funciona así. El Gobierno ejerce la fuerza pública cuando su pueblo está en peligro. Sea a partir de la masacre de 12 (al final fueron 10 periodistas, tres policías y cuatro miembros de la comunidad judía), o la desaparición de 43 estudiantes, o la decapitación de once personas, o el enterramiento clandestino de 10 cuerpos y 11 cabezas humanas. El Estado de Derecho se ejerce o no. En México padecemos la ausencia de un Estado de Derecho. Los asesinos no están en prisión y los muertos no tienen justicia. Los narcotraficantes gozan de impunidad y las víctimas huyen de su tierra para salvaguardar la integridad física y la dignidad. Un caso en investigación, reza la conseja nacional e internacional, debe resolverse en las primeras 72 horas, no es gratuito que ese sea el término para que el Ministerio Pública, el único con la facultad del ejercicio de la acción penal, presente cargos y solicite el auto de formal prisión. En Francia y luego de la masacre de 12 ciudadanos, tardaron 48 horas en ejercer la fuerza pública para detener el contexto de terror. Hacer lo contrario, tardar más de tres meses en resolver un caso como el de los 43 normalistas desaparecidos, o no resolver el caso de la fosa clandestina encontrada el 5 de enero, o no aprehender a los asesinos de los ejecutados en Apatzingan el 7 de enero, a eso se llama impunidad. El mensaje que envía México al no encarcelar a quienes están matando, desmembrando, desapareciendo y enterrando a ciudadanos mexicanos, sean estudiantes, profesionales, comerciantes o incluso narcomenudistas, es que en México puedes cometer un delito y no ser perseguido por ello. En términos de la seguridad social, de la tranquilidad de los ciudadanos, son actos de terror todos los que tienen por objeto amedrentar a la sociedad a partir del temor para tomar una posición. En aquel caso es por cuestiones religiosas. Acá, es por el narcotráfico. Mientras el Presidente Enrique Peña, y su Secretario de Gobernación, no enfrenten a los cárteles de las drogas, no los persigna con toda la fuerza del estado, y no los sometan a juicios con todo el rigor de la Ley, la impunidad imperará y seguirán apareciendo ejecutados, y seguirán desapareciendo personas, extorsionándolas, vejándolas. Esa es la diferencia entre el ejercicio de un Estado de Derecho, y el no hacerlo. La impunidad.
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