Elecciones inciertas en Guerrero

Pese al clima político y social adverso, con acciones de protesta y vandalismo que mantienen cerradas la mitad de las oficinas operativas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, habrá elecciones en esa entidad el 7 de junio, aseguran las autoridades en la materia, el gobernador del Estado y los dirigentes de los partidos políticos. El optimismo oficial dista de la actitud emprendida por los familiares y amigos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y también de las acciones emprendidas por un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que han boicoteado la capacitación que el INE diseñó a personal de apoyo para las votaciones. Tampoco es buena señal que algunos de los políticos más conocidos de la entidad meridional rehúyan a ser candidatos a la gubernatura, sitio que en otras circunstancias habrían considerado de privilegio y la oportunidad soñada para hacer historia en su tierra. Obvio, ya existen otros personajes que saborean la posibilidad de ser los abanderados de sus respectivos partidos. La Iglesia Católica y representantes del empresariado guerrerense han expresado su preocupación ante la posibilidad de que no haya sufragios como está programado en diversos estados del país para elegir gobernantes y legisladores a mediados del nuevo año. La jerarquía ha expresado que la democracia está en peligro, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) destaca que están en juego la gobernabilidad, estabilidad y la paz social de todo un pueblo. Las vicisitudes que vive Guerrero no han impedido que funcionarios y políticos se desacrediten los unos a los otros. El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Ríos Piter, ha asegurado que el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, no se ha ido y está detrás de las acciones del gobernador interino Rogelio Ortega, quien por su parte, asegura que su antecesor no tiene ninguna injerencia en su mandato. Entretanto, se analizan las formas, el fondo, se realizan discretamente precampañas y se afinan las listas de candidatos, familiares de los desaparecidos reanudan la búsqueda de sus seres queridos en fosas y cuarteles militares, tras las negociaciones restablecidas con la Secretaría de Gobernación. La delincuencia también hace de las suyas y los homicidios, robos y extorsiones, mantienen paralizadas a más de 100 escuelas de educación básica por el paro de los maestros en el puerto de Acapulco. Comicios “pase lo que pase” La sentencia de los dolientes de los 43 desaparecidos en las últimas horas de 2014, en el sentido de que impedirán las elecciones en Guerrero, no fueron simples palabras. Les han secundado los maestros sindicalizados de la CETEG, quienes el sábado 10 de enero impidieron que cerca de 200 candidatos a apoyar al INE en el próximo proceso electoral, realizaran sus exámenes en Chilpancingo. Unos 30 maestros se apoderaron de los cuadernos de las pruebas y material de capacitación, y amenazaron con prenderles fuego. Antes, el 20 de diciembre de 2014, interrumpieron el mismo proceso de selección que realizaba el órgano electoral para la contratación de personal para los comicios, en Tlapa de Comonfort y la capital del Estado. Por si fuera poco, acciones vandálicas realizadas por personas encapuchadas durante la última semana en instalaciones del INE, donde destruyeron y hurtaron equipo para la credencialización y documentos elaborados para su entrega, motivaron el cierre de cinco de las diez oficinas operativas de esa institución, dejando a cientos o miles de personas sin tramitar o recibir su credencial de elector con fotografía, al vencer el plazo para hacerlo el jueves 15 de enero. Dos de las oficinas distritales están en Acapulco, y las demás en Tlapa, Chilpancingo y Ayutla. Este panorama no desalienta al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien junto con sus consejeros, se reunió -en Acapulco- con la representación del organismo de Guerrero para conocer el diagnóstico, además de estudiar y diseñar la posible estrategia que garantice la realización de elecciones el 7 de junio. Córdova reconoció que las condiciones de excepcionalidad que se viven en esa entidad dificultan el proceso electoral, pero existe optimismo en que se zanjarán las complicaciones y se tomarán decisiones adecuadas que garanticen la organización de una jornada de votación “con la mayor certeza posible y apego a la legalidad”. El de Guerrero es uno de nueve gobiernos de entidades federativas que habrán de renovarse en las próximas elecciones. También tendría representantes entre los 500 diputados federales, y mil 532 cargos locales que se elegirán en todo el país. Al respecto y tras la reunión, el vocal ejecutivo de la junta local del INE en esa entidad, David Alejandro Delgado Arroyo, fue más contundente y hasta retador: “Pase lo que pase habrá elecciones en Guerrero”. El funcionario calificó de “minoritario” al grupo que desea obstruir el avance de los comicios y fue enfático al decir que “no puede haber modificaciones en las fechas porque tienen carácter constitucional y consecuencias en la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel federal como estatal”. Candidatos le sacan al parche Consultados sobre sus aspiraciones políticas y posibilidades de abanderar a sus partidos en la lucha por la gubernatura de Guerrero, diversos actores han expresado públicamente su declinación a contender en las próximas campañas y no se registrarán, argumentando que son felices en sus actuales actividades partidistas, o dentro de alguna dependencia pública. Una de ellas, es Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria de Turismo en el gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto e hija del extinto José Francisco Ruiz Massieu, que fuera gobernador guerrerense antes de ser secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, cuando fue asesinado en la Ciudad de México. La señora Ruiz Massieu aseguró -al ser consultada por la prensa capitalina- que no es su interés aspirar a la máxima magistratura de su entidad natal. “Soy orgullosamente guerrerense, pero hoy estoy dedicada a ser secretaria de Turismo y a acompañar al Presidente de la República en su visión de gobierno y en la construcción del México que queremos, que soñamos y que estamos todos los días edificando en este espacio de la Secretaría de Turismo, y no está en mi… digamos… en mi interés inmediato estar en Guerrero como candidata al gobierno”, dijo. Otro que se auto descartó para contender internamente en su partido, el PRD, es el senador Armando Ríos Piter, quien externó como premisa: “Si llegar a la candidatura significa hacerlo a través de una serie de pactos en los que no creo, una serie de pactos que me parecen indignos, una serie de pactos que me parece que son complicidades, pues entonces es acceder a la candidatura por acceder, y luego llegar a la gubernatura por acceder. El poder por el poder…”. Ríos Piter manifestó que prefiere continuar la lucha política desde su trinchera y que sus piensos son más trascendentes, entre ellos, el de transformar a su Estado, la unidad de las izquierdas y un proyecto colectivo contra las formas de corrupción e impunidad. Sin oscuridades ni pactos. La decisión del senador fue lamentada principalmente por el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, que de esa manera pierde a su candidato más sólido para la gubernatura de Guerrero, donde el desgaste del partido es tal, que probablemente pierda el poder que ahora ostenta desde el gobierno. Navarrete reconoció que Ríos Piter era su “gallo” más fuerte en esa entidad, por lo que se está trabajando en otros cinco precandidatos y el 31 de enero podría conocerse al candidato definitivo a gobernador. Lo único que tiene cierto el líder del partido del Sol Azteca, es que irán en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y que se cuidará meticulosamente la selección y el perfil de los candidatos a elección popular -con un control ciudadano- para que no les suceda lo que con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, presuntamente vinculado con grupos del crimen organizado y señalado como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Y los desaparecidos de Iguala? Los padres de los normalistas ausentes no desisten en su búsqueda y, luego de enfrentarse a soldados al incursionar por la fuerza en las instalaciones del 27° Batallón de Infantería en Iguala, y del 50° Batallón de Infantería en Chilpancingo, ambas de la XXXV Zona Militar -el lunes 12 de enero-, consiguieron, además de resultar cuatro de ellos lesionados, que se les escuchara por parte del Gobierno Federal y se les autorice entrar a los cuarteles militares a buscar a sus hijos. Igualmente se autorizará el ingreso a visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La fuerza de los familiares y sus acciones desde luego que tuvieron impacto y difusión internacional. Horas antes les habían avisado que se canceló la reunión que esa tarde tendrían con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Los inconformes padres de familia y acompañantes proyectaron dos tráileres contra los portones del cuartel militar de Iguala, arrojaron botellas, piedras y petardos y vencieron la resistencia castrense. En Chilpancingo incendiaron una camioneta y la puerta de la instalación militar. La presunción de que los jóvenes desaparecidos pudiesen estar en los cuarteles proviene de la versión de uno de los padres que, asegura, el chip del celular de su hijo -uno de los estudiantes no localizados- posee información geo referenciada de que estuvo en ese lugar la última ocasión. Melitón Ortega, uno de los papás manifestantes, acusó a policías militares de estar vinculados con la delincuencia y por esa razón se habían realizado esas protestas. Luego de reunirse el martes 13 de enero con autoridades federales, familiares de los normalistas aseguraron representados por su portavoz, Vidulfo Rosales, que “el balance que nosotros hacemos es de avances limitados, de avances iniciales, pese al número de detenidos que hay, pese a lo grueso del expediente… son limitados, son pobres los resultados todavía”. Durante la reunión de más de cuatro horas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, los padres de familia solicitaron que el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fuesen consignados penalmente por la desaparición de los muchachos, y exigieron se siga la línea de investigación sobre la implicación de militares en los hechos. Un día después, el jefe de la Oficina de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, hizo público que se cumplimentaron nuevas órdenes de aprehensión en contra de 45 personas, incluido el ex alcalde de Iguala, por la referida desaparición. También anunció que se acreditó la relación de Pineda Villa, con el cártel de los Guerreros Unidos. El funcionario explicó que se han realizado 16 cateos, más de 300 personas han rendido declaración y en total, 97 han sido detenidas por los hechos de Iguala ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014. A los familiares de los normalistas les acompañan en sus exploraciones por territorio de Iguala y Cocula, policías comunitarios de Temalacatzingo y Olinalá, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Colectivo Marabunta y una ambulancia de la CNDH.