La investigación que inició la Sindicatura de Tijuana sobre conductas ilícitas de Carlos Bustamante en el ejercicio de su función como alcalde ha concluido. Tanto él como su Síndico deberán declarar el 26 de enero. La autoridad busca fincarle responsabilidad administrativa e inhabilitarlo, además presentar denuncia de hechos por peculado y ejercicio indebido de funciones, entre otros El 12 de enero de 2015 la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana concluyó la investigación en el expediente 004/2015 de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones y responsabilidad administrativa por parte de Carlos Walterio Bustamante Anchondo, quien fue alcalde de Tijuana de 2010 a 2013. La razón es porque en la sesión de Cabildo del 22 de noviembre de 2013 y en la que Bustamante actuó en su calidad de Presidente Municipal, se benefició a la empresa PUBLICYR S. A. de C.V. con concesiones para la instalación de espectaculares, y al analizar la Sindicatura la constitución de la empresa, resulta que “el ciudadano Carlos Walterio Bustamante Anchondo figura como accionista de la moral PLUBICYR S.A. de C.V., constituida en fecha treinta y uno de diciembre de 1980 según se advierte del folio mercantil electrónico 27488 2”. Bustamante, concluyeron los investigadores, otorgó poder general para pleitos y cobranzas a su hijo Carlos Alfonso Bustamante Aubanel –el nuevo casinero de la ciudad también gracias a las maniobras de su padre–. En estas condiciones, Bustamante siendo alcalde debió abstenerse de votar y de beneficiar a la empresa de su familia, como lo establece la Ley de Responsabilidad para Servidores Públicos, que decreta que la administración no podrá establecer convenios, contratos, compras, relaciones comerciales y demás, con miembros de la familia de los funcionarios encargados de la administración pública, hasta en cuarto grado: “Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por Ley le corresponda por el desempeño de su función, sean para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”. Por lo tanto, en los próximos días se citará al ex alcalde a declarar, lo mismo que a quien fuera una de sus principales comparsas en la administración, la ex Síndico, Yolanda Enríquez de la Fuente. Bustamante deberá comparecer el 26 de enero de 2015 a las 12 del día y su ex colaboradora a las 2 de la tarde. Una vez desahogada esa parte, la Sindicatura por iniciativa o la Consejería Jurídica del Ayuntamiento a cargo de Jorge Astiazarán, la lógica indica que presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado para que se investigue y se proceda contra Carlos Bustamante por peculado y los delitos que resulten. Asientan en el expediente de investigación sobre Bustamante en su calidad de alcalde: “…Se desprende que pudo haber inobservancia de los principios de honradez, imparcialidad y lealtad, pues atendiendo el principio de honradez implica el obrar con respeto a las normas que se consideran adecuadas, lo que en el caso evidentemente no ocurrió, pues el presunto responsable no se abstuvo de votar ese punto de acuerdo en razón de tener interés personal y directo en la concesión otorgada a la empresa PUBLICYR S.A. de C.V. tanto por ser accionista y garante hipotecario de la moral en mención, como por tener parentesco consanguíneo directo con el ciudadano Carlos Alfonso Bustamante Aubanel, obligación que le impone el reglamento interno de Cabildo…y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, concluyen que Bustamante no actuó ni con honradez, ni con lealtad mucho menos con imparcialidad como está obligado en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades. Además que infringió también el inciso II que señala, “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicios o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”, pues el ex alcalde pretendió beneficiar a la empresa de la que es accionista mediante la concesión de espacios para la instalación de carteleras publicitarias. Por lo tanto investigan además el ejercicio indebido del cargo ya que al conceder la concesión a su empresa –o de su hijo– “…Bustamante Anchondo contaba con un interés personal y directo de favorecer a la moral PUBLICYR S.A. de C.V.”. Otra transgresión de Bustamante al Reglamento Interno de Cabildo para el Ayuntamiento de Tijuana, se hace constar en el expediente al transcribir lo establecido en el artículo 44 de dicha ordenanza: “Los miembros del Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los asuntos que tengan interés personal, o en aquellos en que tenga interés personal su cónyuge, cualquier pariente consanguíneo sin limitación de grado o por afinidad hasta el segundo grado, o personas morales y entidades económicas en que tengan participación directa o indirecta”. También contravino al artículo 47 del mismo reglamento, que prohíbe adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones, y celebración de contratos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, o que resulten en beneficio de parientes consanguíneos… Documentada la investigación por abogados, a Yolanda Enríquez la investigan porque en su calidad de titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana cuando se celebró la sesión donde se benefició a la empresa de los Bustamante, era su responsabilidad “vigilar que la administración de los bienes del municipio, la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos, la ejecución de obras y el ejercicio de los recursos, se realizaran conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, lo que en el caso concreto no sucedió”. Así el ex alcalde ha sido citado a declarar, y luego del desahogo de pruebas –o sea deberá probar que no se quiso beneficiar ni quiso beneficiar a su hijo cuando siendo presidente municipal se auto otorgó una concesión para la instalación de espectaculares en la ciudad– lo más probable es que se presentará una denuncia de hechos, sea por la Consejería Jurídica, sea por la Sindicatura. En el ámbito de la sanción administrativa que puede dictaminar la Sindicatura, Carlos Bustamante sería inhabilitado para desempeñar cargo público, lo mismo quien debió observar la irregular conducta y no lo hizo, Yolanda Enríquez. Y en el plano judicial, van tras él por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y los que resulten.
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