Una Navidad sin paz


 
Reportajez BCS lunes, 29 diciembre, 2014 08:00 PM

Mientras que en Tecpan de Galeana y en Acapulco continúan los asesinatos, y a los representantes de los partidos políticos solo les preocupa si durante las próximas elecciones retienen o recuperan el poder en Guerrero, en más de 40 hogares, las fiestas de Navidad no serán lo mismo, al cumplirse casi tres meses de la desaparición de sus hijos. Padres y hermanos de los 42 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que aún no aparecen, tendrán un fin de año triste sin sus seres queridos, tal y como lo expresan a través de un video que difunden en YouTube, en el que desean una feliz Navidad a la sociedad mexicana y a la que piden “no se olviden de nosotros”, y solicitan apoyo para encontrar a los suyos. Hasta el momento no hay día que pase sin que estas familias se manifiesten en algún espacio para exigir a las autoridades nacionales e internacionales que les ayuden a encontrar con vida a sus hijos y se haga justicia. El último grito desesperado lo dirigen al Papa Francisco, a quien escribieron varias cartas para solicitar su intervención en el caso. Las misivas fueron entregadas en mano al Nuncio Apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, quien el lunes 22 de diciembre ofició una misa especial por los estudiantes desaparecidos, en las mismísimas instalaciones de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, a la que pertenecían los infortunados jóvenes. El representante del Vaticano en el país se reunió con los atribulados padres de familia para dar acompañamiento a las víctimas de la violencia. Previamente, el domingo 21, el Cardenal Norberto Rivera Carrera recordó a los desaparecidos durante su homilía en la misa desde la Catedral Metropolitana del Distrito Federal. Dijo que México pasa por una situación difícil, con una verdadera crisis no solo de seguridad con los crímenes, también de valores, por lo que se requiere un cambio de estrategia o de proyectos, aunque no considera que sea necesario un cambio en el gabinete del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Asimismo, Rivera Carrera hizo un llamado a los católicos a mantener la esperanza, a no caer en la tentación de perder la fe y a ponerse en manos de Dios. “Así muchos hermanos nuestros se sentirán en estos días, al sufrir la violencia, al sufrir la pobreza, se sienten desesperados. Viene Jesús a nuestro encuentro, y la tentación se vence como la venció Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu”, puntualizó el clérigo, quien llamó a la reconciliación entre los mexicanos. El martes 22 de diciembre, los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, encabezaron una marcha con los familiares de los 45 indígenas asesinados hace 17 años en Acteal, Chiapas. Los participantes de la movilización protestaron y leyeron dos escritos a las afueras del 13 Batallón de Infantería, mientras un grupo de jóvenes simuló caer por disparos de arma de fuego. “En México es delito ser pobre y estudiante, pero sobre todo, miembro de una escuela normal, como la de Ayotzinapa”, expresó uno de los manifestantes. Alcalde de Cocula declara en PGR Por demás extraña resultó la forma en la que el alcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza, rindió declaración ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre los hechos en los que desaparecieron los normalistas hace tres meses, y en los que estuvieron involucrados policías de su municipio. Lo raro no fue que declarara por segunda ocasión desde que iniciaron las investigaciones, sino que su familia denunciara su desaparición porque supuestamente salió de su casa el viernes 19 de diciembre para dirigirse a la Procuraduría General de la República a la Ciudad de México. Raro que nadie de su confianza le acompañara y, si alguien lo hizo, que se anunciara una falsa desaparición. Ante la costumbre de un vacío de información de las dependencias del Gobierno Federal en temas de seguridad, el ambiente se enrareció aún más. Al grito de la familia del edil, se sumaron las demandas de que se aclarara su paradero por parte de políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Luego, el presidente del Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Salgado, aseguró que Peñaloza estaba detenido, pues agentes de la PGR se lo habían llevado de la cabecera municipal de Cocula. Remató la desinformación el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, quien dijo: “Está arraigado en la SEIDO”. Finalmente, y sin que se haya hecho oficial, fuentes de la dependencia federal señalaron que el alcalde coculense no está ni detenido, ni arraigado, solo fue llamado a comparecer para dar su versión sobre los hechos de todos conocidos. Lo increíble es que la declaración se haya prolongado desde el viernes 19 hasta esta fecha, sin que al cierre de esta edición, se conozcan más detalles de la ampliación del testimonio de César Miguel Peñaloza. Durante el fin de semana último se generó polémica cuando el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, reveló que en las investigaciones del caso Iguala intervinieron autoridades estadounidenses, además de los ya conocidos apoyos de los peritos argentinos. Al respecto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam reconoció el envío a Guerrero de algunos agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que ayudaron en el caso Iguala, sobre todo a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron. El asunto de los desaparecidos sigue despertando interés a nivel internacional. La agencia EFE destacó que en la oposición, el partido alemán de Los Verdes presentó una iniciativa en el Parlamento germano para instar al gobierno de Berlín a apoyar con medios y expertos a las organizaciones que investigan los hechos de Guerrero. Además, el órgano político pide al Ejecutivo que lidera Angela Merkel, señalar ante la Unión Europea y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la responsabilidad del gobierno mexicano en las violaciones de derechos humanos”, y que prohíba la venta de armas a México. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno Federal y a las autoridades del Estado de Guerrero, otorgar medidas cautelares para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, así como para defensores de los derechos humanos, para que les garanticen un trato digno y respetuoso. El ombudsman también hizo un llamado a las autoridades para abstenerse de emitir opiniones y expresiones que pudieran revictimizar y poner en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados. Tierra Caliente sin sosiego En Michoacán, las cosas siguen candentes, sobre todo en la región de Tierra Caliente, donde el comisionado federal para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, no ha encontrado solución a la violencia. A una semana del enfrentamiento en La Ruana, entre dos grupos antagónicos de autodefensas  -con saldo de once muertos-, no hay personas detenidas, solo presentadas. Lo único que Castillo ha aclarado sobre las investigaciones realizadas hasta el momento, es que no existen indicios de participación o responsabilidad alguna de la Gendarmería en los sucesos, y que con base en 113 declaraciones rendidas y 201 pruebas periciales practicadas, se confirma que los únicos implicados en la balacera son los dos grupos señalados. Aunque en opinión del comisionado “regresó la tranquilidad” a tierras michoacanas, el Gobierno del Estado solicitó formalmente al Presidente Enrique Peña Nieto la intervención de tropas del Ejército y de la Policía Federal para que apoyen a la entidad en la pacificación en las regiones de Tierra Caliente y Costa, así como “en la instauración del pleno Estado de Derecho”. El gobernador interino de Michoacán, Salvador Jara, afirmó que la medida tiene como objetivo salvaguardar a las familias de los municipios de Apatzingán, Buenavista y La Mira, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y es que más allá del discurso de funcionarios, en La Ruana está latente la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre el bando de Luis Antonio Torres “El Americano” e Hipólito Mora Chávez, quien está de luto por la muerte de su hijo Manuel durante la refriega ocurrida el martes 16 de diciembre. Incluso ha sido necesario resguardar los alrededores del domicilio de Mora con más de 20 elementos de la Fuerza Ciudadana. La prueba de que la situación no mejora es la toma que integrantes de ex autodefensas realizaron de la presidencia municipal de Apatzingán. Los inconformes aseveraron que no liberarán la alcaldía hasta que los responsables del homicidio de Hipólito Mora y el presunto narcotraficante Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, líder del Cártel de los Caballeros Templarios, sean detenidos. Policías infiltrados, la eterna historia En plena consternación social por la participación de policías municipales de Iguala y Cocula en la desaparición forzada de los estudiantes de Guerrero, trascendió que en el secuestro y homicidio de decenas de migrantes en Tamaulipas, perpetrado en marzo de 2011, también participaron gendarmes municipales, en este caso de San Fernando. La noticia, conocida a más de tres años de distancia, acrecentó la indignación que se vive en México por la constante intervención de cuerpos policiales a favor de grupos criminales, como también ocurrió con 23 policías municipales de Vista Hermosa, Michoacán, consignados a finales de enero de 2014 por participar en la desaparición de tres agentes federales y su relación con el hallazgo de 74 cuerpos en fosas clandestinas en La Barca, Jalisco. Los datos sobre la participación directa de policías de San Fernando, Tamaulipas, fueron obtenidos por National Security Archive, institución norteamericana especializada en acceso a la información pública, al ganar un recurso de impugnación a la PGR, que inicialmente negó la información. De acuerdo con una tarjeta informativa, al menos 17 policías sanfernandinos interceptaban y privaban de la libertad a personas para entregarlas a Los Zetas a cambio de un pago. Por lo menos 194 víctimas fueron halladas en fosas clandestinas descubiertas en el Valle de San Fernando en esa época. Álvaro Alba Terrazas alias “El Junior”, uno de los “halcones” detenidos por intervenir en dichos crímenes, declaró en su momento que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito del municipio en mención, estaban puestos con el grupo delictivo. Al ser interrogado en la SEIDO, “El Junior” dijo: “Sé que los policías de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente, se la lleven al Pentágono, es decir, a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas; el mero bueno es un policía viejito que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de esa organización para colaborar”. Investigaciones de ZETA ubican a Alba Terrazas en julio de 2011 en el interior del Centro de Reinserción Social “El Hongo”, junto con otros sicarios tamaulipecos involucrados en estos hechos. En auxilio de la justicia federal, el Juez de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada con fines de la comisión de delitos contra la salud. En el expediente judicial obra la declaración de “El Junior”, quien aceptó la pertenencia imputada, ya que en febrero de 2011 aceptó el trabajo como “halcón” y se trasladó a San Fernando, donde le pagaban un sueldo de 8 mil pesos mensuales por vigilar e informar de lo acontecido en un lugar que Los Zetas denominaban “Punto 21”. “El Junior”, tres años y medio en “El Hongo” Desde el 20 de junio de 2011, Álvaro Alba Terrazas, uno de los participantes en el secuestro y asesinato de decenas de migrantes centroamericanos en el Valle de San Fernando, Tamaulipas, se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social “El Hongo” en Tecate. Muy silencioso por así convenir a su seguridad, el preso se halla rodeado de otros de los implicados en los mismos hechos. Trabajaba como “halcón” para Los Zetas y, aunque apenas tenía algunos meses en la organización criminal, no era nuevo en el mundo del hampa. Sus tatuajes lo delatan y arrojan mucha información. Unos, son grabados carcelarios. El detalle de las marcas de tinta sobre su piel está plasmado en el expediente administrativo 550/2011 del penal bajacaliforniano. El tatuaje más simple del hombre originario de Monclova, Coahuila, de ocupación panadero, refiere su fecha de nacimiento: 06, 12, 83. Está en su brazo derecho, donde tiene la figura de una virgen y el nombre de “Yolanda” (su madre). Alrededor de ese brazo se enreda un tribal de un alambre de púas. La figura de la Santa Muerte se encuentra presente en la cara externa del antebrazo derecho. Otro tatuaje de la misma señora blanca está en su antebrazo izquierdo, a la vuelta de donde tiene escrito su alias, “Junior”. Una imagen de un demonio y una hoja de marihuana decoran la extremidad, en la que también se aprecia la clásica torre de prisión, la figura de un cholo con la leyenda “Tazo” en su frente, una mujer y la frase “Nací para sufrir nací para morir”. Tatuajes a llenar en y entre los dedos, en los puños y en las muñecas de ambas manos. Letras en los nudillos que forman la palabra “Babi” en la mano derecha, y en el dedo medio, un águila de la marca Hecho en México. En el puño izquierdo las leyendas “Elija” y “Barin”. Alrededor de toda la muñeca imágenes de flamas. Los tatuajes a los costados de los ojos también hablan de pérdidas de familiares amados. Una lágrima a un lado del ojo izquierdo. Otra al lado de su ojo derecho. En la parte central del abdomen le calaron la piel con la leyenda “Junior”. También en la panza ostenta un tatuaje que dice “Álvaro” (su padre). Del lado derecho de la misma, la figura de una niña y la leyenda “Charely 02/03/02” (su hija).

Comentarios

comentarios

Notas relacionadas

Tipo de Cambio