Sindicatura investiga robos

El robo a pequeña escala ha tenido consecuencias entre trabajadores de las oficinas del Ayuntamiento de Ensenada, donde cinco cajeras de diferentes dependencias, han sido separadas de sus áreas de laborales por sustraer efectivo de las arcas municipales en los primeros meses del año. Al mismo tiempo, cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fueron inhabilitados por distintas faltas, algunas graves, como activar su arma durante una detención, no aprobar el Examen de Control y Confianza, y otras de menor relevancia como no llevar el uniforme completo. Las malas conductas investigadas por personal de Sindicatura Municipal se detectaron entre cajeras, todas mujeres, contratadas a sueldo Asimilables a Salarios. Una en la delegación de Camalú, a 150 kilómetros al sur de la península, dos más en la Zona Centro y otras dos en Recaudación de Rentas de oficinas centrales. El rango faltante va desde los mil pesos, hasta los 25 mil en el caso de Camalú. El procedimiento que usaron en la mayoría de los casos fue que, al contabilizar los recibos del día, el sobrante no era regresado. En otro hecho, el efectivo era utilizado para compras de las que no era presentado un comprobante. Cabe mencionar que para efectos legales, ningún servidor público puede tomar, manipular y dejar fuera de la caja registradora el dinero que le entrega el contribuyente. Independiente del procedimiento que se puede llevar a cabo en contra  para sancionar la conducta de las ex empleadas, el que no sigan laborando o que hayan devuelto lo sustraído, es motivo para que las autoridades competentes continúen el proceso y se les sancione. “Muy sencillo, en esta cuestión en el corte en apariencia había un sobrante y no hicieron bien  el cómputo de los recibos, entonces ellas pensaban que les sobraba, y no dieron cuenta de este excedente, pero al reportarlo al superior la encargada de cajeras se da cuenta del faltante. Pero la omisión, entre otros, es que el recibo fue traspapelado”, explicó el síndico procurador, Iván Barbosa Ochoa. Pese a que en la mayoría de los casos las trabajadoras regresaron el fondo a las cajas, la situación deja en claro que es necesario iniciar la investigación y que haya un castigo, como puede ser una amonestación, lo que significa que en la carta de no antecedentes penales quedará un registro de la conducta. Policías removidos de sus puestos En lo que va de 2014, cuatro policías, en este caso hombres, pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, han sido removidos de sus cargos por distintos motivos. De entrada unos por no aprobar el Examen de Control y Confianza, requisito de permanencia marcado en la Ley, quedarse con pertenencias del infractor y tener dos sanciones administrativas en menos de un año. El Artículo 117 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, establece entre otros puntos el cumplimiento de los procesos de evaluación de control y confianza, esta última se refiere a que el oficial debe obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro de Control de Confianza. De igual manera, otros agentes se hicieron acreedores a faltas administrativas al violar el Artículo 133, ya que al momento de realizar la boleta de infracción o multa, modificaron el reporte de los hechos de la actuación y conducta del ciudadano. El citado artículo menciona que se debe garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, para ello los agentes se deben apegar a una serie de obligaciones y procedimientos al recabar los datos de testigos, la víctima u ofendido del delito. Hay ocho casos más por resolver, los expedientes se encuentran en distintas etapas. De igual manera, existe otro tipo de proceso o procedimiento llamado de responsabilidad administrativa. Se trata de elementos que están en proceso de sanción, debido a que cometen una falta que pudiera considerarse grave, pero no necesariamente acreedora a la separación definitiva. El titular de Sindicatura aclaró que lograr la destitución definitiva de un agente es un proceso largo y en varias etapas, la primera es cuando se autoriza la investigación, y la segunda, cuando se inicia, se cita al agente para que se defienda, con la posibilidad de recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para ampararse de los señalamientos. La decisión final es tomada por la Comisión Interdisciplinaria, integrada, entre otros, por el secretario de Seguridad Pública. Por último, Barbosa Ochoa dijo que de la administración pasada no quedaron casos sin resolver. Regular caja chica para evitar más desfalcos A raíz de los casos de robo que se presentaron en el Ayuntamiento, Sindicatura propuso una reforma a la Norma Técnica 6 para mejorar el control de Fondo Fijo de Caja Chica que utilizan las dependencias para adecuarla a la nueva normatividad hacendaria. Esto se refiere al importe de dinero en efectivo que una dependencia dispone para un uso específico, como es el pago de gastos menores, y establece los procedimientos operativos de control de los gastos. Cuando el encargado del fondo no se encuentre, se designará a otra persona, denominándose “suplente”, a efecto de que la operatividad de la dependencia de que se trate, no se vea afectada. En la sección IV -excepciones a la norma-, respecto a los números de las partidas y sus conceptos, es acorde con la estructura presupuestal establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. También se especifican requisitos fiscales que deben reunir los comprobantes de compra con caja chica, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, por mencionar algunos, la Facturación Electrónica, así como modificaciones al marco legal para adecuarse al vigente.