Sindicatura de Tijuana, lenta e ineficaz

Con cientos de denuncias ciudadanas y observaciones administrativas en procedimiento, a la Sindicatura Procuradora se le ve lenta en su actuar, con resultados poco contundentes que la ubican aún lejos de cumplir con su principal objetivo: prevenir, corregir y sancionar el mal desempeño de servidores públicos. No obstante, ha aumentado en un 40 por ciento, en relación a años anteriores, el número de quejas ciudadanas contra servidores públicos. Tan solo durante el primer año, la fiscalía a cargo de Arturo Ledesma Romo ha recibido mil 371 quejas de ciudadanos contra funcionarios, de las que solo ha concluido la resolución de ocho. Además, estos resultados se topan con el muro de los tribunales de justicia, donde terminan desestimando el arbitraje de la Sindicatura Municipal al amparar a los funcionarios señalados y dados de baja, entre ellos elementos policiacos, por lo que terminan siendo reinstalados en sus cargos. Al inicio de la administración de Jorge Astiazarán Orcí, al equipo de Ledesma Romo  se entregaron 657 observaciones de posibles irregularidades encontradas en las distintas dependencias del XX Ayuntamiento durante el proceso de entrega-recepción. El caso de las luminarias inservibles y el desventajoso contrato que el gobierno de Carlos Bustamante signó con Sola Basic, los finiquitos fuera de normatividad que la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lourdes Inzunza, otorgara a su equipo de trabajo y a ella misma, formaron parte de esas observaciones, las cuales siguen sin resolución. Por su parte, Sindicatura Social, por primera vez en el organigrama municipal, sí ha cumplido con su labor de recibir quejas y sugerencias relacionadas con la prestación de bienes y servicios públicos municipales; ha documentado 667 denuncias a la fecha. Pero su labor es meramente gestora y orientadora, por lo que, fuera de observar y turnar los casos que proceden a su homóloga procuradora, poco puede hacer al respecto. Ambas instancias operan con un presupuesto asignado en 2014 que suma 50 millones de pesos, 13 millones de pesos adicionales a los ejercidos por Sindicatura Municipal en 2013. Suspensiones derribadas Ocho son los casos en contra de servidores públicos que la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana ha logrado resolver, procediendo a la baja del funcionario, mientras turna el expediente al tribunal que corresponda para que se ejerza la acción legal a que haya lugar. Pero ya sean los Juzgados, o el mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lejos de absolver o emitir una sanción, han optado por amparar a la mayoría de los acusados ordenando su inmediata reinstalación, o el pago íntegro de su sueldo, aun cuando se encuentren suspendidos de sus labores. Los tribunales justifican su actuar en la forma como Sindicatura realiza la suspensión de los funcionarios, siendo el de Bernardo Padilla Muñoz, actual secretario general de Gobierno de Tijuana, el caso más evidente. A Padilla Muñoz, acusado de desviar 207 mil pesos en finiquitos no autorizados, cuando se desempeñaba como titular de la Dirección de Desarrollo Social Municipal (DESOM) durante el XX Ayuntamiento, le fue entregada la notificación de suspensión en pleno pasillo y sin seguir el protocolo correspondiente. El Tribunal lo consideró incorrecto y amparó al secretario contra la baja provisional. Su caso sigue pendiente de resolución por parte de la propia Sindicatura, la cual sostiene que será en diciembre de 2014 cuando lo concluya. El rechazo de los tribunales no siempre se da en razón al incorrecto actuar de la fiscalía municipal, sino porque “simplemente es pro acusados”, como lo señala Omar Durán, director de Responsabilidades de la dependencia. Para muestra, está la suspensión de la inhabilitación del inspector de la delegación La Mesa, Sergio Medina, quién en junio de 2014 intentó extorsionar a uno de los dos ex escoltas de Reyes Montilla, entonces director operativo de Seguridad Pública Municipal. Al tener conocimiento de la resolución que Sindicatura Municipal estaba a punto de emitir a favor de los agentes suspendidos, acudió a la casa de uno de ellos, Efigenio Cano, a quien propuso interceder a su favor, a cambio de que cada uno de los implicados le entregara 3 mil 500 dólares. La acción fue videograbada y presentada como prueba en la acusación penal, no obstante, el Juzgado de Distrito ordenó la semana pasada la no suspensión; no pidió la reinstalación  de Sergio Medina en el cargo de inspector que desempeñaba, pero sí que se le pagara su sueldo íntegro, aún sin laborar, en tanto se da una resolución final al caso del que se le acusa. Violentando el Artículo 4 del Reglamento Municipal sobre derechos de personas con discapacidad, el joven Luis Moroni González, fue detenido el 28 de enero de 2014 por dos agentes de la Policía Municipal de Tijuana, acción avalada por el juez municipal en turno. De las pertenencias del acusado fue sustraído un moderno teléfono celular, del cual no se le permitió comunicarse con sus familiares, por lo que Sindicatura Social integró el caso y lo remitió a la Procuradora, la cual,  a principios de febrero, remitió a la Comisión de Desarrollo Policial la baja de los agentes, Sergio Sandoval Fuentes y María Isabel Molina Isidoro. Cinco meses después, el 3 de julio de 2014, suspendió por tiempo indefinido al juez municipal Carlos Ponce de León. Pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó la reinstalación de los tres señalados, quienes siguen laborando, mientras el hecho por el que se les acusa, continúa sin resolverse. A finales de febrero de 2014, la Sindicatura Procuradora también procedió a dar de baja en forma provisional a Marcia Eugenia Salcido Moreno, directora de Obras e Infraestructura Urbana (DOIU), y Marco Antonio Vuelvas Díaz, subdirector de Normatividad en la misma dependencia, por irregularidades en dos licitaciones efectuadas por un monto de 60 millones de pesos. En su momento, el caso también sufrió el revés de los tribunales, al ordenarse la reintegración de ambos funcionarios a sus puestos en menos de una semana. Finalmente, en mayo de este año, ambos funcionarios se vieron obligados a dejar sus cargos, pero la batalla legal continúa, sin que a la fecha se dé un dictamen concluyente. El viernes 28 de febrero de 2014, el alcalde Jorge Astiazarán Orcí los señala públicamente de propiciar la extorsión en su gobierno, al serle requerido por parte de los asesores de Sindicatura, “el 50 por ciento de lo ingresado ilícitamente al Ayuntamiento”, cantidad que estimaron, en toda una administración municipal suma 80 millones de dólares. Un año de procedimientos sin resolución De las 657 observaciones presentadas por las diferentes dependencias municipales, ninguna ha tenido una resolución final por parte de la Sindicatura Procuradora. De ellas, sin duda la de mayor trascendencia es el destino final que se dio a las luminarias y el desventajoso contrato que el XX Ayuntamiento signó con Sola Basic, del cual el síndico Arturo Ledesma se comprometió a dar respuesta a más tardar en junio de este año. No cumplió. En lugar de resolver con una denuncia penal, optó por hacer una inspección de cada una de las 25 mil luminarias que debieron ser reemplazadas, al tiempo que realiza una integración jurídica de los expedientes. La justificación para aún no proceder legalmente contra la empresa a la que se le signó un contrato de 144.5 millones de pesos, el cual incumplió, deriva del riesgo que se correría de dejar a la ciudad sin iluminación, argumentó Arturo Ledesma Romo. “Pero mientras la empresa gana tiempo, nosotros recabamos evidencia de incumplimiento de contrato”, subrayó. De las 657 observaciones efectuadas al gobierno de Carlos Bustamante, al menos 30 corresponden a procedimientos administrativos llevados a cabo sin cumplimiento de la normatividad en el Instituto Municipal de la Mujer, entonces a cargo de la pareja sentimental del ex munícipe, Lourdes Inzunza. Finiquitos a colaboradores allegados a la ex directora y hasta un auto finiquito por medio millón de pesos que se adjudicó Inzunza, fueron los puntos observados. A mediados de año inició un procedimiento de responsabilidad en su contra, por el manejo indebido de recursos públicos, el cual no termina de ejecutar. Abundar indagatorias para evitar contrademandas, justifica Sindicatura  Salvador Gómez, director de Normatividad, explicó que la razón por la que no se ha realizado un dictamen final de las denuncias ciudadanas y observaciones, obedece al hecho de que “se busca no dejar cabos sueltos, e ir a la par del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior)”. Esto es, que los expedientes se integren con la mayor cantidad de pruebas que permita una mayor solvencia de cada caso, de tal manera que no sea posible refutar los señalamientos que de ellos emanen. El funcionario pidió paciencia, y sostuvo que a partir del próximo mes se estarán emitiendo resoluciones finales. Los números de Arturo Ledesma La recepción e integración de 704 quejas ciudadanas, casi 300 más que las documentadas en 2013 por parte de la Dirección de Responsabilidades de la dependencia, es para la actual fiscalía uno de sus principales logros; a estas denuncias se suman 667 más, las cuales fueron presentadas por Sindicatura Social. En sus estadísticas, la dependencia añade un total de 639 exámenes antidopaje practicados a servidores públicos, en marzo de 2014, 14 dieron positivo, seis por estar tomando medicamentos y ocho por otras sustancias, siendo confirmados tres casos por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los casos corresponden a agentes municipales y fueron turnados a la Comisión de Desarrollo Policial, instancia que este año ha recibido 13 casos relacionados con quejas de elementos policiacos. Asimismo, la implementación del procedimiento de digitalización de asuntos internos para disminuir al 50% el gasto de papelería. Agentes investigados Por abuso de autoridad y allanamiento de morada, dos agentes municipales se encuentran bajo investigación de la Sindicatura Procuradora. La ilegal acción de los elementos policiacos fue observada por un testigo que grabó el momento en el que tienen sometido al propietario del inmueble que allanaron, mientras intentan abrir el cerco de la propiedad, para poder salir. Se trata de los agentes Yoan Fernando Cuevas Núñez y Antonio Aguirre Cerrillo. De acuerdo a la denuncia ciudadana recibida en la Sindicatura Social y turnada a la Procuradora, Cuevas Núñez ingresó al domicilio del quejoso sin orden de cateo ni la autorización de los propietarios. Lo hizo saltando la barda trasera del inmueble, la cual mide más de tres metros, desde dónde brincó, abalanzándose en contra del denunciante para someterlo y golpearlo. Posteriormente, Aguirre Carrillo ingresó del mismo modo que su compañero para también tupir a golpes al denunciante y esposarlo. Al intentar salir, los policías se percataron que el acceso al domicilio se encontraba con candado, por lo que de las prendas de su víctima, extrajeron un juego de llaves. Con el denunciante esposado y golpeado a sus pies, mientras intentaban abrir desde adentro del domicilio el cerco, los agentes fueron videograbados por el testigo, acción de la que se percataron, por lo que uno de ellos intentó infructuosamente asegurarlo. El detenido fue trasladado a la Comandancia Regional Sur, y el testigo compartió el video que grabó, el cual está en poder de ZETA.