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jueves, septiembre 19, 2024
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Sin final feliz para pareja gay

El reloj marcaba las 8:15 de la mañana, hora que el Juez Cuarto de Distrito dio como plazo definitivo al Ayuntamiento de Mexicali, para celebrar la boda entre Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo, dos jóvenes que desde el 17 de junio de 2013 interpusieron un amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se permitiera su unión matrimonial en Baja California.  Luego de dos administraciones estatales, recursos de revisión e inconsistencias de la autoridad, la SCJN resolvió a favor de la pareja dejar sin efecto los artículos 143 y 144 del Código Civil de Baja California, el cual señala: “El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer”, y “… cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta”. Que esos preceptos, pues, no eran aplicables a la pareja Aguirre-Urías, y por lo tanto, podían casarse, y el Juez del Registro Civil debía cumplir con ello.  Durante días, un pequeño grupo de católicos rezaban afuera del Ayuntamiento de Mexicali buscando que la gracia divina impidiera el cumplimiento de la orden del juez federal. Ese viernes 21 de noviembre no fue la excepción. Los católicos llegaron primero y, con rosario en mano, oraron para impedir la boda de Víctor Manuel y Víctor Fernando. De traje blanco y acompañados de amigos y familiares, los Víctors llegaron felices y radiantes, con  documentos en mano y el aval de la oficial del Registro Civil, Guadalupe Adriana Nevárez Ramírez, quien un día antes les informó que acataría la resolución del amparo indirecto. Así  llegaron al Ayuntamiento de Mexicali. Pasaron de lado de los católicos, quienes por un momento alzaron la voz para que se escucharan sus rezos ante la algarabía de los jóvenes y sus acompañantes. Una mujer apretó fuertemente su rosario y los dejó pasar, no interactuaron, no hubo ofensas ni gritos. Al ingresar al edificio, los jóvenes fueron recibidos entre aplausos de las personas que se encontraban realizando algún trámite -“son la pareja que se quieren casar”-, soltó uno sin dudar mientras aplaudía. Varios chistes fueron pronunciados de manera jocosa: “¿Tú también estás haciendo fila?”, preguntó un reportero a un fotógrafo en son de broma. Al llegar a la sala del Registro Civil todo era fiesta. Continuaban los chistes casi en tono homofóbicos pero “en buen plan”. La sala se atiborró de familiares, amigos y periodistas locales y extranjeros, para presenciar el acontecimiento: la primera boda gay en Baja California, un estado gobernado por la derecha panista desde 1989. Después de 10 minutos, el desazón. Llega una mujer funcionaria del Registro Civil, ve el orden del día y observa que la boda es entre dos personas del mismo sexo, señala ante los asistentes desconocer lo que ocurre y se retira. De inmediato mandan llamar a José Luis Márquez Saavedra, abogado de la pareja, para charlar en privado. Se niega. Regresa la funcionaria, recoge sus documentos y se retira. Antes de irse, señala que tiene que ser la titular del Registro Civil quien los atienda, pero que no se encuentra -estaba en San Felipe, el Kilómetro 43 o fuera de la ciudad, pero lejos-. Para estas alturas mandan llamar a personal de Sindicatura y hasta la sala llega el jefe del Departamento de Supervisión de la Sindicatura Municipal, Ezequiel Robinson Ramírez, quien al ver que el personal del Registro Civil se retiró, levanta un acta administrativa. De inmediato se acerca otro funcionario de bajo nivel, pide la comprensión de la pareja para que se retiren del lugar y permitan a otras parejas -heterosexuales- poder casarse. Ante la negativa de los Víctors, el empleado se retira. Inmediatamente después llegan policías municipales y, a los minutos, personal de Bomberos informan que existe una alerta de bomba, por lo que tienen que desalojar el inmueble. También arriba el director de Protección Civil de Mexicali, César Augusto Flores Valdez, quien informa a la prensa que la llamada se recibió en el Centro de Control, Comando, Comunicación, y Cómputo (C4). Sin embargo, el capitán de Bomberos de Mexicali, Fernando Rivera Valdez, indica a ZETA que la llamada se realizó en el conmutador del Ayuntamiento de Mexicali, y que no puede ser comprobada a diferencia de las recibidas a C4. La pareja gay no se retira del lugar, hasta que dos bomberos llegan a la sala del Registro Civil y la comitiva decide evacuar el edificio. “Yo a ti te conozco, fui testigo en tu boda”, espeta de buen humor Víctor Urías al bombero que fue a desalojarlo, de inmediato el tragahumo confirma el hecho, ambos posan para unas fotos y posteriormente se retiran del lugar. Personal del jurídico les notifica que vuelvan a las 2:30 pm para esperar respuesta, todavía no llegaban a la puerta de salida del Ayuntamiento cuando personal de Protección Civil les informa que ya no podrán volver al edificio, que no se ha encontrado artefacto alguno. El descontento es generalizado, nadie cree la farsa de la amenaza de bomba y más de uno la califica de burda, sin embargo, hay que esperar hasta la nueva fecha. De vuelta en la oficina del Registro Civil, la titular, Guadalupe Adriana Nevárez Ramírez, acompañada del responsable del jurídico y el secretario del Ayuntamiento, José Félix Arango, indica que debido a que las firmas no coinciden con los documentos entregados, tal situación le impide casarlos,. Luego, afirma que los documentos de Claudia Lizet, una de los testigos, no coincide en su Clave Única de Registro de Población (CURP); todo ante la protesta de los asistentes y la frustración de los funcionarios. “No tienen vergüenza”, espeta uno de los testigos. “Cumplan con los requisitos y con mucho gusto  vamos a generar una fecha para que contraigan matrimonio”, expresa el representante del jurídico, “cumplan con la Ley”, vuelve a decir ya en tono molesto. Al final, no hubo boda, pero ya en la noche, Víctor Manuel y Víctor Fernando realizaron su festejo. Pese a la tristeza de no poder contraer nupcias después de 10 años de relación como pareja, decidieron realizar la fiesta que ya habían pagado, entre desazón y melancolía, los jóvenes afirmaron que repetirían la boda, ya que tarde o temprano la autoridad tendrá que atender el amparo federal. Por su parte, el abogado, quien fue el encargado del brindis, afirmó que las autoridades se encuentran en desacato y procederán por la vía penal. La convivencia terminó aun sin el “felices para siempre”.

Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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