Una pareja reclama la reparación de su vehículo Oldsmobile Alero, el cual se impactó contra una camioneta tipo pick-up Toyota 4Runner cuando ésta frenó de manera imprevista. El conductor afectado, trasladaba a una familiar a su cita médica para un trasplante de riñón. Ese 14 de noviembre de 2014, día en que ocurrió el accidente, la paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien padece de un problema renal desde hace cinco años, recibiría los resultados de sus exámenes de sangre y ultrasonido para saber si era compatible con un donante de riñón. Al no llegar a la Clínica 1 del IMSS, como consecuencia del choque automovilístico, la mujer perdió su lugar en la lista de espera y, un mes después, sigue sin obtener el trasplante, comentaron sus familiares Marco Antonio Meza y Lilia del Carmen López. Si bien el conductor del vehículo responsable del percance, Salvador Gutiérrez, firmó un convenio de reparación de daños, en el cual se comprometió a “la reparación total de los daños ocasionados en el accidente”, Lilia del Carmen asegura que solo se hizo cargo de la carrocería. El hombre se presentó como operador del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), y así aparece en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. “No hemos podido utilizar el carro desde entonces, no enciende, la manguera del smog device está hecha pedazos y presenta una fuga de agua del radiador”, relata la mujer. En el contrato -–del que ZETA tiene copia- se estableció que “el vehículo del responsable quedará como garantía en el domicilio del afectado hasta que se entregue el Oldsmobile Alero reparado”. Sin embargo, Salvador Gutiérrez acusa: “La señora me está acosando, tengo llamadas y mensajes (de ella)”. De acuerdo a su versión, él firmó el contrato frente a un abogado, aunque éste no aparece mencionado en el contrato. “Yo nada más me comuniqué con el abogado, él revisó el carro personalmente y se le entregó en perfectas condiciones. Si no hubieran estado de acuerdo, no me hubieran devuelto el carro”, añadió. Aunque la pareja confirmó la presencia de un tercero durante los hechos, dijeron que no se trataba de un abogado ni tenía poder de intervenir en las decisiones respecto a un carro que, refieren, es propiedad de ellos. De acuerdo al conductor responsable del accidente, las reparaciones le costaron más de 500 dólares, y se arregló desde la defensa del vehículo hasta el aire acondicionado. La pareja reporta una anomalía más en el caso. El accidente se registró sobre la Vía Rápida Poniente, en el carril de baja velocidad, de la colonia Los Venados, pero aseguran que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no levantó reporte del accidente, puesto que acordaron ambas partes llegar a un convenio. Por esta razón, Lilia del Carmen expone que su hija no recibió certificado médico para constancia de los hematomas que al momento del impacto, le produjo el cinto de seguridad sobre su cuerpo. El vehículo les fue devuelto el 5 de diciembre de 2014 y, una semana después de la entrega, la propietaria del vehículo se comunicó con Salvador Gutiérrez para pedirle la trasladara junto a su familiar, quien requería asistencia en su tratamiento de diálisis. La urgencia de la pareja por ver su automóvil reparado, se debe a que ellos son los responsables de llevar y acompañar a la joven paciente hasta el hospital. Aunque hasta el 22 de diciembre de 2014, Salvador Gutiérrez aparecía en la nómina del gobierno estatal como “operador telefónico” asignado al C4 de Tijuana, ZETA fue informado que dejó de laborar en el sitio desde el 20 de diciembre.
Reclaman reparación de automóvil chocado por operador de C4

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