Ordena juez a PGJE retomar denuncia de ex empleado contra empresa

El pleito laboral entablado por Mario Alberto Iñiguez contra la empresa “Estructuras y Perfiles”, de Mexicali, ha subido de tono. Despedido en 2012, el ex empleado no solo interpuso una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, también ha denunciado una serie de irregularidades permitidas por IMSS e Infonavit, en abierto apoyo a la empresa perteneciente a Rafael Godínez Pineda. El conflicto inició cuando Iñiguez se negó a firmar contrato con una empresa de outsourcing –intermediaria– y fue la razón de su despido. En una nota periodística publicada en la edición del 18 de abril de 2014 de ZETA, el ex empleado denunció que ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), todos los trabajadores de la compañía estaban registrados con un sueldo menor. También señaló una evidente evasión fiscal ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). A raíz de la acusación, a la empresa se le permitió regularizar sus cuotas –tanto en el SAT como en el IMSS–, lo cual, Iñiguez considera una irregularidad. Entonces él fue demandado. Primero ante un Juzgado Civil por la existencia de un pagaré por 70 mil dólares, con su firma, la cual, dice es falsa. Además, enfrenta una demanda penal por difamación. Por su parte, el demandado interpuso un recurso ante el Poder Judicial debido a que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), optaron por archivar su demanda por falsedad en declaraciones. La denuncia fue interpuesta por Iñiguez contra el dueño de Estructuras y Perfiles, Rafael Godínez Pineda y su abogada, Maribel Avilés Osuna, quien ahora funge como Oficial Mayor del XXI Ayuntamiento de Mexicali. Apenas el 19 de diciembre de 2014 y después de una audiencia para resolver el recurso de impugnación que duró cerca de tres horas, el Juez de Garantías resolvió a favor de Iñiguez, en el sentido de que el Ministerio Público debía de retomar una serie de elementos que no tuvo en cuenta para archivar el caso. “El Ministerio Público miente”, encaró Iñiguez ante el fiscal estatal en referencia al señalamiento de que en el expediente no había pruebas que sustentaran la denuncia del empleado despedido. La audiencia A la Sala Cinco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en Mexicali acudieron Mario Alberto Iñiguez y su abogada, Ilse Victoria Peña. Del lado contrario, tres abogados contratados por la empresa –Rosendo Cervantes, Carlos Ramírez y Juan Luis Nájera– sentados a un lado del agente del Ministerio Público, Rogelio Robledo. Todos, frente el Juez de Garantías, Fernando Serrano. El punto central de esta audiencia, fue resolver el Recurso de Impugnación 02/02-201/04830 interpuesto por Iñiguez en contra de la decisión del Ministerio Público de archivar en definitiva la denuncia que interpuso contra su ex patrón y la abogada de éste por falsedad de declaraciones ante las instancias como el IMSS y el SAT. Lo declarado tenía que ver con la posición de la empresa ante los tribunales laborales de que no había un contrato entre la empresa Estructuras y Perfiles y la empresa de outsourcing Servicios Técnicos Especializados. De acuerdo a lo explicado por la abogada del ex empleado, los elementos constitutivos del delito de falsedad de declaraciones se constituyen cuando una persona es interrogada por una autoridad en ejercicio de sus funciones y se puede demostrar que faltó a la verdad. “Pese a que los imputados fueron apercibidos por la autoridad laboral, declararon en un sentido dentro del juicio laboral y se presentan ante la autoridad penal a manifestar en otro sentido”, sostuvo Ilse Victoria, que en ese momento se constituyó el dolo. Su versión fue apoyada por Iñiguez, quien habló sobre la lucha que ha sostenido a raíz de su despido. “Ellos están mintiendo, dolo sí lo hay porque están tratando de evadir una responsabilidad laboral que tienen conmigo. Mienten al decir que no tuvieron contrato alguno con una empresa de outsourcing con la que se unieron para registrar con menos sueldos a los empleados”, sostuvo Iñiguez ante el Juez Serrano. Por su parte, el Ministerio Público –auxiliado por los abogados de los dos imputados– sostuvo que no estaba acreditado ningún dolo. Además, negó la comisión del posible delito de falsedad en declaraciones, pues sostuvo que no había contrato alguno entre “Estructuras y Perfiles” con “Servicios Técnicos Especializados”. Mientras que el Juez de Garantías, centró su participación a la existencia de un contrato. De manera específica, preguntó al agente del Ministerio Público, si se había pronunciado por ese tema, a lo que el fiscal aceptó que no. Después de otras intervenciones de los abogados, el Juez concedió un receso para que el Ministerio Público aportara una parte adicional del expediente –se encontraba dentro de su vehículo– y finalmente, el Juez de Garantías, decidió que el Ministerio Público debía revisar todos los elementos. Por lo que en la práctica significó que decidió a favor de la impugnación interpuesta por Mario Alberto Iñiguez.