La incertidumbre de la “Reforma” Migratoria

El anuncio de la Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama, suspende temporalmente la deportación de 4 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, pero deja un sabor “agridulce” entre la comunidad migrante. Así lo resume la investigadora Alejandra Castañeda, “es positiva porque va a dar cobertura a un grupo de personas en riesgo de deportación, pero el argumento de Obama acerca de evitar la separación familiar, se queda corto”. Para Teodoro Gálvez, presidente de Casa Michoacán en California, la Orden Ejecutiva “es meramente política, lo que prometió el presidente Obama con la Reforma Migratoria, pero nunca cumplió, ahora menos (lo va  a cumplir) porque perdió al Congreso”. El activista mexicano llegó desde los nueve años a California, estado en el que viven 2 millones 350 mil personas nacidas en Michoacán, de acuerdo a registros de la organización que encabeza. La población michoacana es una de las más numerosas entre los mexicanos en la Unión Americana. Apenas en siete días, 250 personas han acudido a Casa Michoacán, ubicada en la ciudad de Lynwood dentro del condado de Los Ángeles, California, para solicitar información y saber si califican para solicitar los beneficios. En entrevista con ZETA, Gálvez se dice escéptico, “los migrantes hemos sido muy engañados, me parece un plan (la Orden Ejecutiva) muy fantasioso”. Elegibles, pero sin dinero y con miedo Información dada a conocer por la Casa Blanca, indica que los migrantes elegibles para pedir la suspensión provisional (por tres años) de la deportación y pedir una autorización para trabajar, si se registran y pasan verificaciones de antecedentes criminales, pagan una cuota o multa, pagan impuestos en el futuro, pero además deben demostrar: Ser padre o madre de un ciudadano de Estados Unidos o un residente legal permanente a la fecha del anuncio. Haber llegado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2010 (y han permanecido ininterrumpidamente desde ese entonces) o han llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y antes del 1 de enero de 2010, sin importar la edad que tenga en este momento (ampliación de la Acción Diferida). Lo anterior deja fuera a quienes hayan entrado a la Unión Americana después del 1 de enero de 2014 y a aquellos con antecedentes criminales. Es precisamente mediante la experiencia con la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) cómo investigadores especializados calculan que de los 4 millones de posibles beneficiados con la Orden Ejecutiva, solo algunos presentarán sus aplicaciones. “Nunca es eso (la cifra global), con los DREAMERS hicieron el cálculo en 1.1 millones de personas, pero aplicaron menos (712 mil personas hasta el 30 de junio de 2014)”, refiere la doctora Alejandra Castañeda, investigadora del Observatorio de Legislación Migratoria Norteamericana del Colegio de la Frontera Norte (El Colef). Entre las condicionantes que la investigadora menciona, está el miedo de hacer el trámite, la falta de recursos y las tarifas altas. “Hay que pagar impuestos atrasados y es mucho dinero, dependerá del caso individual, algunos podrán solicitar un préstamo, pero si son varios en la familia, podría haber quienes no alcance a pagar. Estamos hablando de comunidades sin fondos de ahorro ni ingresos muy altos”, continúa. Siguen deportaciones y separación familiar “Se va a vigilar la frontera y se van a seguir realizando deportaciones. Eso ya está en Ley”, comparte la doctora Castañeda. Uno de los cambios elementales con esta Orden Ejecutiva, de acuerdo a la investigadora de El Colef, es que concluye el programa de Comunidades Seguras, el cual ha prevalecido desde la primera administración de Obama, en 2008, el cual se extendió en todo el país y que permite la colaboración entre policías locales y los Servicios de Inmigración para la deportación de quienes son detenidos por faltas menores. “Ese programa es el que produjo los números de deportaciones que conocemos, son más de 2 millones. Se cambia por otro programa denominado Priority Deportation Program y que no vincula la comisión de una falta no grave –como una sanción de tránsito– con el registro del ofensor y su consignación a los Servicios Migratorios para su deportación”, detalla.   De igual forma, el nuevo programa plantea la aceleración del arresto y deportación de quienes intenten ingresar indocumentados al país, también da prioridad de deportación a indocumentados que han cometido delitos criminales. Niega la protección de la deportación a personas indocumentadas que hayan ayudado a traer a otros sin papeles al país, incluso a sus propios hijos, así como a quienes cometan fraude en el proceso de pedir el amparo. Por último la académica agrega “sorprende que no fue tan amplio como hubiéramos querido”. La investigadora se refiere a las familias que podrían ser separadas cuando los padres de algunos DREAMERS no cumplan con los requisitos y corran el riesgo de ser deportados. David Herrera, representante de los mexicanos originarios del Distrito Federal en California, comparte esta opinión, “recibimos el anuncio con un sabor agridulce porque en esta Orden no aparecen los padres beneficiados con la Acción Diferida para los DREAMERS. Eso nos dolió mucho”. “Podré salir sin miedo” Marysol Rojas salió el viernes 21 de noviembre, al día siguiente del anuncio del presidente Obama, a una parroquia en el Centro de San Diego, California para pronunciarse a favor de la medida que le permitirá continuar viviendo al lado de su hija de apenas cinco años. A los 18 años, la joven de piel morena y cabello negro, llegó desde Puebla acompañada de su esposo. Desde entonces, en 2006, San Diego se convirtió su hogar. Sin familiares ni conocidos, dio a luz a su hija, tres años después de llegar a la Unión Americana. Y desde entonces, vivió en miedo de ser separada de su hija. Aunque tímida, su rímel color azul eléctrico concentra la atención en sus ojos, los cuales mueve de un lado a otro conforme responde a las preguntas, después de participar en una rueda de prensa convocada por la Coalición de Comunidades Fronterizas. Confiesa a la reportera que desde pequeña, su hija también sabe que si la policía arresta a sus padres, eso significaría no volverlos a ver. “Podré salir a la calle sin miedo. Solo tengo a mi esposo y a mi hija. El temor que yo tengo es que mi hija se quedaría sola, desamparada o con otra familia”, comparte la joven de 26 años. Cuando se le preguntan los beneficios de esta Orden Ejecutiva, a la cual puede tener acceso por ser madre de una ciudadana norteamericana y porque llegó a Estados Unidos antes de 2010, contesta en instantes “Me beneficia porque estaría bien con mi hija, obtendría un trabajo, manejaría sin miedo de que me detenga la policía y llame a Migración para que me deporten”. Explica que desde hace ocho años, vive con miedo de que incluso por su color de piel y su aspecto hispano, sea reportada por personas racistas para verla deportada. “Es el miedo de salir a la calle o que alguien me mire, pero a partir de hoy estaré  junto a mi familia sin que me separen de mi hija y de mi esposo. Estaré en Estados Unidos sin miedo a nada”. Mexicanos, los más beneficiados Aunque apenas la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos, dos tercios de la comunidad que son elegibles para la Acción Ejecutiva del presidente Obama, son nacidos en México. La información se desprende de un análisis realizado por el Centro de Investigación Pew de Estados Unidos, indica también que California es uno de los seis estados que concentran el 60 por ciento de los migrantes indocumentados. De hecho, de las 4 millones de personas elegibles, para ser protegidos de ser deportados, alrededor de 3.5 millones son padres con hijos nacidos en Estados Unidos. De éstos 700 mil son hijos adultos y el resto, menores de edad. Además, la extensión del programa DACA beneficiaría a 330 mil personas adicionales a las que recibieron esta protección, en junio de 2012, cuando el presidente Obama emitió una Orden Ejecutiva similar. Sin embargo, la protección no brindará acceso a programas de beneficio gubernamental, como seguro de salud, ni permite la oportunidad de obtener la residencia o la ciudadanía. Y para los activistas, ahí reside el problema. “Es un triunfo de la comunidad hispana, no un regalo ni compasión” David Herrera es representante de migrantes del Distrito Federal y pertenece a la Unión de Líderes Migrantes. Desde Los Ángeles, California, habló con ZETA sobre el impacto de la Acción Ejecutiva en la vida de los hispanos. “El presidente tuvo en su poder e hizo lo que pudo con sus limitaciones. No es como se debería haber hecho correctamente, a través de una legislatura. Ahora debemos redoblar esfuerzos para presionar al Congreso a que se ponga a trabajar en la propuesta que tiene en la Cámara o que hagan las modificaciones pertinentes si así lo desean los republicanos”, señala. Luego comparte “nos da alegría porque fue un triunfo de las presiones de la comunidad hispana. Que no se entienda como un regalo o compasión para los hispanos, esto ha sido una lucha desde la Amnistía de Ronald Reagan hace 26 años. Esta gente ha arriesgado casi lo que tienen”. Para Herrera, la medida debe ser el primer escalón para que la gente salga de las sombras y pueda llevar una vida normal. Comparte una cifra estremecedora: “Se estaban deportando un promedio de mil personas, es decir mil familias separadas. Hay que celebrar, pero seguir luchando”. Christian Ramírez, el coordinador de la Alianza San Diego, comparte este sentir. “A través de marchas, congregaciones, mítines y al contar nuestras historias, conseguimos que el gobierno respondiera a movimientos sociales”. En la ciudad vecina de Tijuana, la Coalición de Comunidades Fronterizas calcula que 150 mil sandieguinos “no tendrán que preocuparse si podrán ver a sus seres amados al día siguiente” al verse beneficiados con esta medida. Por su parte, Matt Holt, de la Asociación Americana de Abogados Migratorios, retomó las palabras del discurso del presidente Obama para recordar “las familias no deben ser deportadas. Los criminales, no los niños, deberían sufrir las duras consecuencias de las leyes migratorias”. Como representante legal, advirtió que será hasta los primeros meses de 2015 cuando se expidan los lineamientos de la Orden Ejecutiva, por lo que todavía no hay información completa. “Nuestra principal preocupación es que gente sin escrúpulos, predadores se aprovechen de las personas y cometan fraude notarial”, advirtió. Por lo que recomendó a los interesados comenzar a reunir documentos de identificación de sus países de origen como pasaportes y consulares, así como sus antecedentes criminales. En cuanto a documentos para comprobar su residencia continua durante los últimos cinco años, puede ser útil documentación como boletas de vacunación, expedientes médicos, expedientes escolares, contratos de renta y estados de cuentas bancarias. Pese a las celebraciones y la esperanza que representó el anuncio del presidente Obama, esta Orden Ejecutiva, coinciden investigadores, activistas, abogados y los propios migrantes, no ofrece la solución definitiva, comprensiva y amplia que la comunidad migrante requiere.